Cuando parecía que el Gobierno y el principal partido de la oposición podrían tejer un nuevo pacto de Estado en la legislatura, en torno a la receta anti aranceles que quiere desplegarse desde Moncloa frente a las tasas del 20% anunciadas por EEUU —ahora suspendidas hasta julio—, PSOE y PP visibilizaron esta semana nuevamente sus grietas políticas. Tras un acercamiento a principios de mes entre el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y el vicesecretario popular responsable de esta materia en el partido, Juan Bravo, las tensiones y diferencias programáticas han volado un posible acuerdo amplio. Primero, para convalidar el decreto contra esas tasas del Gobierno que esta semana debe llevarse al Congreso. Segundo, para abrirlo con "propuestas de país" al criterio del PP.

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Si bien los populares ya venían acusando de inmovilismo a Moncloa desde finales de la semana pasada, este lunes el apagón generalizado en la Península dio un remate casi definitivo a las posiciones. El PP amagaba con no acudir a la reunión fijada para el lunes por la tarde. Instaban y recordaban a primera hora que era crucial incluir la extensión de la vida útil de las centrales nucleares en el acuerdo, así como la supresión o dejar a cero el impuesto sobre la producción energética, o la creación de un fondo nacional de ayuda a las empresas con lo recaudado con los aranceles, entre otras reclamaciones. El apagón afianzó más el relato popular: "Refuerza más nuestro argumento", se recalcó la jornada posterior a El Independiente, en la que se celebró ese encuentro aplazado y se acreditó la ruptura definitiva.

Los populares ahora se sienten con la potestad de justificar su negativa a un decreto que puede salir con la alternativa de izquierdas, nacionalista e independentista que sostiene a Sánchez. Señalando que, ante la supresión de energías como la nuclear, será más difícil afrontar situaciones críticas como la vivida la semana pasada. Se hace hincapié en que la nuclear, junto al agua y los ciclos combinados de gas, fueron esenciales para acelerar la estabilización del sistema. Y se propone un plan alternativo, el suyo, frente al del Ejecutivo.

Antes del apagón, al cierre de abril, las encuestas publicadas en la última semana el PP de Alberto Núñez Feijóo quedaba consolidado con 146 escaños de media frente a los 119 del PSOE de Sánchez. Seguía sumando mayoría con los 40 que sostienen aún a Vox como tercera fuerza nacional. Con los 7 de Junts y los 6 del PNV, sumado al escaño que obtienen individualmente Coalición Canaria y UPN, los populares podrían intentar dar lugar a una mayoría simple alternativa en el Congreso que no pasase por Vox, que, pese a todo, sería fundamental en votaciones de fallar alguno de los socios mencionados.

A Sánchez, pese a conseguir casi la misma representación que en las últimas generales de julio de 2023, la implosión del espacio de Sumar le dejaría con 133 escaños junto a los magentas y Podemos. Con los 7 atribuidos a ERC y a EH Bildu, más los 2 de BNG, como mínimo, 149 diputados, tres más que el propio PP.

En concreto, hay siete sondeos privados que se han publicado hasta la fecha desde el lunes pasado sin contarse el CIS de Tezanos de este viernes. Son Target Point para El Debate sitúa al PP con 144-146 escaños (33,5%) y a PSOE con 118-120 (28,1%). SocioMétrica para El Español atribuye 150 (34,8%) y 117 (29,5%); dos ElectoPanel de Electomanía dan al PP entre 143-144 (33,6%) y al PSOE entre 122-123 (29,6%). NC Report para La Razón asigna a los populares 146-148 diputados (34,3%) y a los socialistas 118-120 (28,6%). Hamalgama Métrica es la segunda que apunta más alto para el PP con 149 (34,2%). Es la que menos al PSOE, con 116 (27,8%). Por último, para SigmaDos para El Mundo el PP tiene 149 (33,9%) y el PSOE 118 (27,9%).

El de este último mes de abril es uno de los mejores datos de los populares al menos en lo que va de año. Se espera que con una oposición férrea en materia energética, ahora de actualidad, esa presión y el descontento por la ausencia de explicaciones más detalladas, hagan mella en el PSOE dentro de una crítica más amplia a la gestión del Gobierno de coalición. El propio CIS preguntó sobre ello en su encuesta flash sobre el apagón, reflejando que casi dos tercios de la población creen escasas las explicaciones de Moncloa hasta ahora.

La nuclear une a PP con Junts y el PNV

Mientras el PP pugna por arrebatar las capas menores de voto que siguen afines al PSOE por el centro, la principal batalla para aumentar esa brecha electoral responde a la rivalidad con Vox. En segundo plano al desgaste de los socios de izquierda del Gobierno y la posibilidad de que la abstención les reste más margen de mayoría. El debate de las nucleares permite al PP competir en condiciones similares con Vox, que también ha sido muy crítico con los de Sánchez y defiende la extensión de la vida útil de las centrales. Con la esperanza de rascar capas de votantes conservadores, pero que buscan una línea dura contra Sánchez.

Pero, especialmente, alinea a los populares con partidos como Junts y el PNV, claves para un futuro gobierno en solitario de Feijóo sin necesidad de incluir a Vox en el Gobierno, solo requerir su apoyo externo al contar con mayoría simple. Según la media de encuestas, las tres formaciones junto a UPN y Coalición Canaria, se moverían en 161 frente al resto de socios con Sánchez, que llegarían a 149 escaños. Esta semana, a raíz de lo sucedido, y ya con el mensaje claro a favor de la nuclear a principios de año en un pleno tras registrar el PP una iniciativa en pro de este tipo de energía, Junts ha registrado una batería de preguntas parlamentarias en Congreso y Senado. De hecho el contacto popular también de la patronal catalana además de la española.

Los de Carles Puigdemont instan a Moncloa a revisar y repensar el cierre programado paulatinamente entre 2027 y 2035 que está fijado. El PNV, que económicamente se alineó a final de año con el PP, con la supresión del impuesto energético, por ejemplo, también sabe que el sector energético es clave en Euskadi.

Desgaste del Gobierno

Ante la falta de respuestas, que volvían a reprochar este sábado dirigentes como Bravo, el PP quiere impulsar una comisión de investigación al respecto en el Congreso, para lo que necesitará a Vox, PNV y Junts como mínimo. También de nuevo esa proposición de ley de extensión de la vida útil de las nucleares, que requiere de las mismas fuerzas para obligar al Gobierno. Puede llegar a pleno a finales de mayo. Los populares saben que, además del plano político, pueden reforzar su relación con las eléctricas, que también presionan al Gobierno en ese sentido continuista. El Gobierno ya ha otorgado presupuesto para iniciar los procesos de desmantelamiento de la central cacereña de Almaraz. El día 20 de mayo, sus empresas propietarias, Iberdrola, Naturgy y Endesa, deben decidir si demandan al Ejecutivo que se extienda hasta 2030 la actividad, algo complicado de que Moncloa lo asuma.

Dentro del espacio socialista, la visión de los populares es compartida indirectamente por figuras como Emiliano García-Page, que ha pedido no dar la espalda a la posición europea que países como Francia y Alemania están teniendo respecto a la nuclear. De hecho los alemanes están replanteándose el desmantelamiento de sus centrales. Tras el congreso valenciano del Partido Popular Europeo, el PP también ha encontrado el respaldo de las principales voces de la Comisión Europea, como su presidenta Ursula von der Leyen, así como el futuro canciller alemán Fredrich Merz, el vicepresidente italiano y del EPP Antonio Tajani, o el comisario de Acción Climática, Wopke Hoekstra.

Entre las resoluciones del congreso popular está la concepción de la energía nuclear como energía verde por un bajo impacto de emisiones, así como una aliada para enfrentar la escalada de precios de la electricidad. Con los sectores de su lado, el PP aspira a un mayor impacto en la estrategia de desgaste que aspira a desplegar las próximas semanas.

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