La asociación de la Guardia Civil Jucil ha decidido llevar al Ministerio del Interior ante los tribunales por una reciente orden en la que se prohíbe multar a quienes consuman drogas dentro de vehículos estacionados. Los servicios jurídicos presentaron el pasado 14 de mayo un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, según ha podido saber El Independiente en primicia.

Jucil ha pedido la suspensión cautelar de la orden de la Secretaría de Estado de Seguridad porque considera que "vulnera derechos fundamentales". Los guardias civiles consideran que no multar estos comportamientos "atenta contra el derecho a la seguridad". Critican que también se genera desigualdad entre comunidades autónomas, ya que la orden no está dirigida a policías autonómicas.

Según fuentes de la organización, la medida de Interior "podría facilitar" que los coches se convirtiesen en "espacios seguros" para el consumo de drogas. Pero también para los traficantes, que podrían expandir su actividad sin que los agentes puedan actuar.

Este no será el único paso de Jucil para evitar que la orden del secretario de Estado, Rafael Pérez, entre en funcionamiento. Según ha podido saber este periódico, interpondrá otro recurso, este por la vía administrativa, ante el Ministerio del Interior. Si se lo desestiman, llevarán "un segundo recurso contencioso-administrativo por vulneración de la legalidad ordinaria".

La orden

La instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad advierte a los agentes de Policía Nacional y de Guardia Civil que los vehículos particulares gozan de "protección reforzada" al ser parte de la privacidad de los ciudadanos. Interior entiende que el consumo de drogas en un coche que está aparcado "no se considera subsumible en ninguna de las infracciones administrativas descritas por la ley". Otro caso sería si "estuviera destinado al tráfico" de estupefacientes.

En el fondo de la cuestión, aseguran fuentes policiales, está la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza. El PSOE y Sumar pactaron el año pasado con EH Bildu rebajar las multas por la tenencia de sustancias ilegales. Con la nueva ley, la sanción pasaría de 601 a 30.000 euros a la horquilla de entre 100 y 500 euros. O lo que es lo mismo, sería una infracción leve y no grave.

Este asunto se puso sobre la mesa por parte de Sumar. El problema es que los socialistas no están dispuestos a asumir otras líneas rojas, como es la supresión de las pelotas de goma por parte de las unidades antidisturbios. La ley está paralizada en el Congreso, ya que sin ese punto los socios no la aprobarían. El Ejecutivo no quiere arriesgarse a que una de sus propuestas estrella no salga adelante. Menos, por falta de apoyos de los partidos que lo sostienen en el Gobierno.

Es decir, que el cambio de parecer de Interior sobre el consumo de drogas en los vehículos "puede leerse como una concesión" a Sumar, señalan fuentes conocedoras, ya que no está claro que vaya a modificarse la ley mordaza esta legislatura.

Sentencias "tergiversadas"

El sindicato de Policía Jupol, hermano de Jucil, ha criticado que el Ministerio del Interior "hace trampas" y "tergiversa" las sentencias de Tribunal Supremo y del Constitucional en las que se apoya para obligar a los agentes a que miren a otro lado ante el consumo de drogas dentro de los coches.

De una de ellas, la organización dice que el departamento de Fernando Grande-Marlaska ha obviado "intencionadamente" un fundamento de derecho esencial en el que se avala la intervención de los agentes en vehículos particulares. Esa actuación estaría avalada si es "proporcionada, adecuada y justificada" en pro de la seguridad ciudadana.

"El Ministerio extrae lo que le interesa y omite, con premeditación, lo que reafirma la legitimidad de la acción policial", se queja el sindicato. El análisis jurídico de Jupol también analiza la segunda sentencia citada por Interior. Afea al Ministerio que "directamente omite un aspecto clave: que la supuesta intromisión en la intimidad no fue realizada por agentes de la autoridad, sino por un particular".

Esto último, añade el sindicato, "invalida completamente su uso como fundamento jurídico para limitar o condicionar la actuación policial". "Se trata de una manipulación burda e inaceptable", enfatiza.