En un comunicado conjunto, tres de las cuatro asociaciones de jueces —la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI)— junto a la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) han exigido la retirada del proyecto de Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal, y han convocado un paro el próximo 11 de junio como paso previo a una huelga.

El proyecto fue aprobado el pasado día 13 por el Gobierno a propuesta del ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños. Las asociaciones denuncian que la reforma incluye "medidas altamente perjudiciales" que, a su juicio, "afectan gravemente a la independencia judicial", no responden a una demanda social real, no abordan los problemas estructurales de la Justicia e "incrementan el riesgo de politización".

Asimismo, han anunciado que, si el Ejecutivo sigue adelante con el actual proceso de estabilización de jueces y fiscales sustitutos previsto en el proyecto, lo impugnarán de forma conjunta. Critican el anteproyecto de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, orientado a preparar la futura instrucción penal por parte de los fiscales, y también piden su retirada. Consideran que supone "una oportunidad perdida" para dotar a la Fiscalía de una verdadera autonomía funcional, ya que refuerza el poder del fiscal general sin introducir contrapesos internos ni garantías suficientes para el ejercicio independiente de la función investigadora.

Como forma de protesta, han convocado un paro de diez minutos para el próximo 11 de junio, a las 12:00 horas, frente a las sedes judiciales de todo el país. No descartan adoptar nuevas medidas si el Gobierno no atiende sus reivindicaciones. También remitirán sus informes sobre ambas reformas al Parlamento Europeo y al Consejo de Europa para alertar sobre el posible impacto en la independencia judicial y la separación de poderes en España, y han anunciado que pedirán reuniones con los grupos parlamentarios y otras instituciones del ámbito jurídico para exponer los riesgos que, a su juicio, implican los dos textos legislativos.

Bolaños defiende la ley

Antes de que se hiciera publico el comunicado, Bolaños ha comparecido este viernes a petición propia en la Comisión de Justicia del Senado, donde ha defendido que la ley que pretende aprobar es "ambiciosa, pero factible y necesaria" para quienes quieren que la Justicia deje de ser una queja recurrente de la ciudadanía. "El reformismo es la única opción sensata y el inmovilismo es la vía segura al fracaso y a la cronificación de la insatisfacción ciudadana respecto a la Justicia".

Ha asegurado que el Gobierno ha multiplicado por doce el gasto en Justicia hasta los 420 millones de euros de inversión, y también se han mejorado los medios humanos, de manera que entre 2019 y 2024 se han convocado 1.440 plazas de jueces y fiscales, el doble que en el periodo anterior. Además, ha afirmado que el principal problema de la Justicia es que cuenta con estructuras del siglo XIX, por eso ha defendido la aprobación de la ley de eficiencia judicial, que transforma la planta judicial y que se implementará en tres fases, entre el 1 de julio de 2025 y el 1 de enero de 2026.