La Guardia Civil detuvo el 14 de mayo de 2025 al conductor de un camión articulado en la autovía A-4, a la altura de Guarromán (Jaén), tras descubrir 96.000 cajetillas de tabaco de contrabando valoradas en más de 500.000 euros.
Según informa Europa Press, el arresto ocurrió durante una inspección rutinaria de transporte, donde los agentes del Destacamento de Tráfico de Bailén detectaron incongruencias entre la documentación declarada y la carga real. Al inspeccionar el vehículo, hallaron las cajetillas sin precintos fiscales ni certificados de origen legal, lo que motivó la detención del conductor —un varón de 42 años vecino de Puente Genil (Córdoba)— por un presunto delito de contrabando.
Este caso ilustra el marco legal español contra el contrabando de tabaco, regulado por la Ley Orgánica 12/1995, que tipifica como delito el transporte de mercancías cuyo valor supere los 15.000 euros. Según esta norma, el acusado enfrenta una pena de 1 a 5 años de prisión y una multa de hasta seis veces el valor de la mercancía. La intervención refleja la estrategia de vigilancia activa en vías clave, como la A-4, que conecta Madrid con Andalucía, región que concentra el 15,4% del consumo ilícito de tabaco en España.
El contrabando de tabaco no solo evade impuestos —calculados en 212 millones de euros anuales—, sino que financia redes criminales. En 2024, España destruyó 14,68 millones de cajetillas incautadas, un aumento del 470% respecto a 2023. Aunque las falsificaciones han disminuido ligeramente, métodos como el uso de camiones con dobles fondos o embarcaciones nocturnas persisten.
La detención en Guarromán subraya la eficacia de los controles aleatorios, aunque expertos advierten que Andalucía sigue siendo un epicentro del comercio ilícito, con ciudades como Sevilla y Málaga liderando las estadísticas.
El detenido y la mercancía fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de La Carolina, mientras continúan las pesquisas para desarticular posibles ramificaciones.
Este operativo se enmarca en un esfuerzo broader por combatir un delito que, según el Comisionado del Mercado de Tabacos, genera pérdidas tributarias equivalentes al 1,6% del PIB agroindustrial español.
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