Es una de las denuncias que más quebraderos de cabeza da a Hacienda y al sector de los carburantes. El fraude millonario de los hidrocarburos es una vieja práctica que ahora ha irrumpido con fuerza y al que no se logra poner freno en los últimos años. Periódicamente afloran operaciones en las que se logran identificar y desmantelar complejas tramas que implican a operadores mayoristas de hidrocarburos que no declaran el IVA que ellos sí han repercutido, cobrado, y del que se apropian. Desde hace seis meses, el Gobierno intenta poner remedio legal a estas prácticas fraudulentas que se aprovechan, fundamentalmente, de la situación de suspensión de IVA que existe en el primer eslabón de la cadena: la extracción del hidrocarburo de los depósitos estratégicos de almacenaje, de los depósitos fiscales, que sí están exentos del pago de IVA.
Una suspensión que se concibió como un intento de no provocar un quebranto innecesario a la tesorería de las operadoras pero que ahora se ha visto como una puerta de entrada a operadores maliciosos. Por ello, el Ejecutivo trabaja ya en el desarrollo de la modificación legal aprobada el 20 de diciembre de 2024 –por el que se modificaba la ley 37/1992 del IVA- y que estableció un impuesto complementario a los grupos multinacionales y nacionales de gran magnitud. El cambio fundamental es que, a partir de ahora, y una vez se complete el proceso de desarrollo legal, antes de extraer el hidrocarburo del depósito fiscal, se exigirá presentar una garantía de IVA. De esta forma, queda anulada la exención que existía en ese primer eslabón de la larga cadena de comercialización.
El importe mínimo de la garantía que se exigirá será equivalente al 110% de la cuota de IVA. La garantía de pago de IVA que se reclamará deberá estar respaldada por aval, seguro o pago a cuenta. De esta forma, desde el primer momento que se activa la cadena de comercialización de los hidrocarburos, desde su salida del depósito de almacenamiento, el cobro de IVA estaría asegurado para la Agencia Tributaria. Así, según el borrador que se ultima, la Administración competente podrá ejecutar esa garantía si una vez transcurridos tres meses desde la extracción de los bienes del depósito fiscal “no se ha justificado bien el pago del IVA”.
Tramas fraudulentas
Desde la extracción en depósito hasta su comercialización final, el combustible pasa por muchas manos. En los casos de fraude son frecuentes los intermediarios, testaferros, sociedades interpuestas. En muchos casos se trata de compañías que hacen frente a sus obligaciones tributarias simulando reconocimientos de deuda –compromisos de pago posteriores- y que se disuelven sin dejar rastro. Un informe de KPMG concluyó que, entre 2013 y 2022 este tipo de tramas habrían gestionado en España un volumen de ventas por valor de 26.000 millones de euros. La Unión de Operadores Independientes del Sector Energético (UPI) ha llegado a estimar en cerca de 2.000 millones el volumen anual del fraude del IVA en España.
Ahora el Ministerio de Hacienda trabaja para establecer las condiciones que serán necesario reunir para ser reconocido como un “operador confiable” y por tanto quedar exento de tener que presentar esa garantía del 110% de IVA. La propuesta en la que se trabaja apunta a requerimientos como tener un volumen de extracción durante un año natural de al menos 1.000 millones de litros de gasolina, gasóleos y biocarburantes o haber realizado operaciones como operador al por mayor durante los últimos tres años. Por el momento la orden del ministerio en la que se detallen los requerimientos definitivos no está publicada. Será en base a la misma como se creará y regulará el registro de operadores confiables. Fuentes del sector aseguran que el compromiso que les han trasladado es que estará aprobado antes del verano.
El objetivo que se busca es combatir el fraude de IVA a través de mayores controles y garantías entre las compañías que operan en este mercado que logra eludir millones de euros en pago del IVA a la Agencia Tributaria cada año. El reflejo de todo ello son la disparidad de precios en el mercado de los combustibles que se visibiliza en el último eslabón de todo el proceso: las estaciones de servicio. Las diferencias de entre 30 y 40 céntimos por litro en muchos casos se deben a este tipo de fraudes. Algunos de los agentes que intervienen en la cadena no repercute el IVA ante la Agencia Tributaria, lo que les permite ofrecer precios mucho más competitivos a las estaciones de servicio. Impuesto que estas sí abonan. Según la Asociación de la Industria del Combustible de España (AICE) en España este tipo de fraudes pueden estar presentes, de una u otra manera, en cerca del 25% de las ventas de combustible.
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