El juez de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, ha citado a declarar a dos abogadas en la causa que dirige contra el inspector jefe de la Policía, Óscar Sánchez. El mando policial, que estaba destinado en la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), tenía guardados casi 20 millones de euros que, presuntamente, vendrían del narcotráfico.

PUBLICIDAD

En un escrito del pasado 11 de junio, el juez considera que hay indicios para considerar que estas dos mujeres tuvieron algún papel en la confección del entramado societario que la organización habría empleado para blanquear gran parte de los beneficios.

El supuesto cerebro de ese blanqueo sería el abogado Mario Pestaña. Estas dos mujeres habrían trabajado para él o, al menos, colaborado en la creación de la maraña de empresas que sirvieron para camuflar los ingresos durante años. El juez investiga a ambas tras el informe aportado por el bufete donde Pestaña tenía un espacio alquilado. La firma no está investigada, y está colaborando en la causa desde el primer momento.

Una de las abogadas ahora investigadas, según el auto del juez, intervino en dos de las operaciones para crear empresas. En concreto, en la reducción de capital de Top Life Real State y en la creación de Pumba Gestión, el holding que aglutinaba todo. El juez la imputa porque, al ser abogada, estaba obligada a aplicar la normativa del blanqueo de capitales "y de la financiación del terrorismo".

La segunda de las abogadas tuvo una participación en la creación del citado conglomerado, además de la compra de un inmueble en la Avenida de los Madroños y participaciones de la sociedad Marbella Land, ambos movimientos en favor de la empresa Top Life. El juez las ha citado para el próximo 29 de septiembre.

El papel de Pestaña

El juez investiga si el abogado Mario Pestaña era el cerebro del lavado de dinero. La relación entre él y el policía Óscar Sánchez era muy estrecha. Era, al fin y al cabo, el protector de su fortuna, sobre todo la que guardaba en el extranjero, aunque también las que convirtió en criptomonedas.

El plan contaba con sociedades interpuestas en España, pero también con cuentas y testaferros en el extranjero, como Panamá. Pestaña formó parte del consejo de administración de varias entidades y había sido jefe legal de Abengoa, multinacional española especializada en los sectores de infraestructuras, energía y agua. Su nombre ya había aparecido vinculado a una sociedad ubicada en un paraíso fiscal cuando una investigación periodística internacional (el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación) destapó los denominados Papeles de Panamá y publicó un listado de personas con tentáculos en empresas offshore.

El inspector jefe hizo carrera en la UDYCO, la unidad que lucha contra el narcotráfico. Ahí habría conocido a sus nuevos socios. Después se pasó a la UDEF, como jefe de antiblanqueo en la Comunidad de Madrid. Desde su nuevo puesto registraba en las bases policiales a sus colaboradores y los contenedores con los que metían cantidades "ingentes" de cocaína en España. Así podía saber si sus compañeros de uniforme les investigaban, reduciendo los riesgos.

200 millones en 'criptos'

Sánchez cobraba por cada envío de cocaína que conseguía meter en nuestro país. Las conversaciones intervenidas apuntan que intentó aprovechar la pandemia para meter muchos más contenedores. Entre su casa y su despacho oficial, guardaba casi 20 millones de euros. Los investigadores de Asuntos Internos de la Policía encontraron varios monederos virtuales, por lo que las ganancias pudieron ser incalculables.

En una segunda parte de la operación, a principios de diciembre, la Policía registró la sede de Kunga Inversiones, una empresa que se dedica a las inversiones en criptomonedas, así como la conversión de moneda tradicional en virtuales y viceversa. Los agentes interrogaron a su CEO, quien les reveló que un policía "llamado Óscar en Madrid quería comprar unos 200 millones en moneda virtual". Las entregas de dinero se iban a hacer de 10 en 10 millones de euros.

La Policía cree que Sánchez tendría otra vivienda donde guardaría "mucho más dinero". Los agentes intentaron negociar con él, prometiéndole que su mujer, también detenida en la operación, saldría de prisión si les decía dónde estaba el inmueble. El inspector jefe, al que conocían como el anodino aunque ahora es más el narcopoli, se negó.

PUBLICIDAD