Durante meses de intensa campaña electoral, el presidente estadounidense, Donald Trump, prometió que llevaría a cabo "el mayor programa de deportación de criminales en la historia de Estados Unidos" para así librar al país de lo que calificaba como la "invasión" de criminales provocada, en su opinión, por la política de fronteras abiertas del expresidente Joe Biden. Pero a lo largo del comienzo de su segunda presidencia esos esfuerzos se han centrado más en expulsar a los 8,5 millones de trabajadores indocumentados que hay en el país y no tanto en los violadores, traficantes de drogas y secuestradores de niños en los que tanto énfasis puso durante su campaña, provocando las quejas de las empresas que ahora se están quedando sin trabajadores.
Trump ha virado en su postura y hasta hace unos días estaba convencido de que debía deportar a todo aquel que no tuviese un estatus legal en Estados Unidos. "Creo que tengo que hacerlo", dijo en una entrevista en NBC News el 9 de diciembre, insistiendo en que debía echarlos independientemente de si trabajan o no y de si pagan impuestos o no. "Es algo muy duro de hacer, porque tienes normas, regulaciones, leyes", aseguró el presidente, a la vez que sugería que podría tener que llevar a cabo un referéndum para cambiar la Constitución y así poder acabar con el derecho a la ciudadanía por nacimiento. "Quizá tengamos que ir a la gente".
Sin embargo, ahora la Administración está haciendo excepciones: no deportará a los que trabajan en hoteles, en la agricultura, en restaurantes y en plantas de envasado de carne, según han podido saber los medios de comunicación Axios y el New York Times, lo que podría abrir la puerta a que millones de indocumentados se queden en EEUU pese a las amenazas constantes del presidente.
Trump habría cedido a la presión de sobre todo los sectores de la agricultura y la hostelería y a pesar de que semanas antes su asesor Stephen Miller y su secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, pidieron a los agentes de Inmigración aumentar de forma drástica las detenciones hasta al menos las 3.000 personas al día... provocando, a su vez, protestas en todo el país que el presidente ha reprimido con fuerza en Los Ángeles.
La decisión de Trump de enviar a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a Los Ángeles para llevar a cabo redadas contra los migrantes provocó importantes protestas en respuesta, y terminó llevando al presidente a enviar a otros 4.000 agentes de la Guardia Nacional y a 700 marines pese a la oposición del gobierno estatal y local. Después, California demandó al presidente para recuperar el control de la Guardia Nacional, mientras alertaba de que Trump ha enviado al Ejército para su propio beneficio político y no porque los policías locales y estatales no pudieran controlar la violencia que se desató en las protestas, y que llevó a la quema de coches autónomos Waymo.
Según Axios, fue el miércoles pasado cuando la secretaria de Agricultura, Brooke Rolling, llamó a Trump para decirle que las patronales del sector agrícola estaban preocupadas por el impacto de las nuevas redadas antiinmigración, tanto porque podrían quedarse sin trabajadores si eran arrestados, como por si estos empezaban a dejar de acudir a trabajar por miedo a las detenciones y a terminar siendo expulsados de Estados Unidos.
Poco después, Trump publicó un mensaje en Truth Social diciendo que los inmigrantes que trabajan en el sector de la agricultura y de la hostelería son "trabajadores muy buenos y desde hace mucho tiempo" e "imposibles de sustituir". "Nuestros grandes agricultores y gente del negocio de los hoteles y el ocio han afirmado que nuestras agresivas políticas de inmigración están ahuyentando a trabajadores muy buenos y antiguos, y que esos trabajos son casi imposibles de sustituir. En muchos casos los criminales a los que el MUY estúpido Biden y su política de fronteras abiertas dejaron entrar en nuestro país están solicitando esos trabajos. Eso no está bien. Debemos proteger a nuestros agricultores, pero ECHAR A LOS CRIMINALES FUERA DE EEUU. ¡Se vienen cambios!", publicó en su red social, en lo que supuso un giro importante en lo proclamado a lo largo de los últimos meses.
Un día después, un jefe del ICE, Tatum King, envió un correo electrónico a los trabajadores de la agencia en todo el país pidiéndoles "suspender todas las operaciones e investigaciones en la agricultura (incluyendo las plantas de acuicultura y envasadoras de carne), restaurantes y hoteles".
"Apreciamos los comentarios del presidente Trump de esta tarde reconociendo las contribuciones de los agricultores, que juegan un papel vital a la hora de hacer crecer la comida en todo Estados Unidos, y comprometiéndose a mantener la capacidad de las granjas de proporcionar un suministro de alimentos seguro y protegido", ha dicho el presidente de la Federación Estadounidense de Empresas Agrícolas, Zippy Duvall, en un comunicado.
"Los empleados de la agricultura trabajan duro todos los días para ayudar a producir comida sana y producida en EEUU. Si estos trabajadores no están presentes en los campos y graneros, existe el riesgo de que se produzcan disrupciones en la cadena de suministro similares a las que se produjeron durante la pandemia. Estamos deseando trabajar con el presidente en soluciones a corto plazo".
Con todo, la Casa Blanca rechaza que Trump haya dado marcha atrás y dice que sigue apoyando mano dura contra inmigración.
Se calcula que alrededor de 7 millones de trabajadores en Estados Unidos, el 4,6% del mercado laboral, se emplean en el país sin permiso de residencia. Según datos del Departamento de Agricultura, el 42% de los trabajadores agrícolas no tienen papeles.
Más redadas en ciudades demócratas
Ahora Trump parece haber cambiado de opinión, tras sugerir el mes pasado un camino para que los inmigrantes sin papeles "buenos" y que contribuyen a la economía puedan conseguir vivir en EEUU legalmente si se autodeportan y consiguen que las empresas que los contrataban apoyen su regreso. Sin embargo, al mismo tiempo ha mandado reforzar las deportaciones en ciudades demócratas.
"Ordeno a los agentes del ICE, mediante este TRUTH, que haga todo lo que está en su poder para conseguir el muy importante objetivo de llevar a cabo el mayor Programa de Deportación Masiva en la Historia", escribió en redes mientras viajaba en el avión Air Force One a Canadá, camino de la cumbre del G7 después de que se conociese que la Casa Blanca se había establecido el objetivo de arrestar al menos a 3.000 personas al día por temas relacionados con el estatus migratorio. En el mismo mensaje, concretó que buscaba centrar esos esfuerzos en ciudades gobernadas por demócratas.
"Debemos expandir nuestros esfuerzos para detener y deportar a inmigrantes ilegales en las ciudades más grandes de Estados Unidos, como Los Ángeles, Chicago y Nueva York, donde residen millones de inmigrantes ilegales. Estas y otras ciudades así son el centro de poder de los demócratas", ha dicho, sugiriendo que cree las teorías de la conspiración que mantienen que los demócratas ganan las elecciones en esas ciudades porque los sinpapeles los votan de forma masiva.
"Quiero que se centren en las ciudades, porque ahí se engloban las llamadas ciudades santuario y ahí es donde reside la gente", ha insistido este lunes en el marco del G7, en Alberta (Canadá) y junto al primer ministro canadiense, Mark Carney.
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