"Los tribunales federales no están para monitorizar al Poder Ejecutivo, resuelven casos y controversias de acuerdo a la autoridad que el Congreso les ha dado. Cuando un tribunal concluye que el Poder Ejecutivo ha actuado contra le ley, la respuesta no es que el tribunal también se exceda en su poder". Así de claro se ha expresado la jueza Amy Coney Barrett a la hora de explicar el fallo que el Tribunal Supremo estadounidense, del que forma parte, ha emitido este viernes, y que supone la mayor victoria para la Administración de Donald Trump hasta la fecha.

PUBLICIDAD

La consecuencia más inmediata de la decisión es que el presidente estadounidense puede a partir del próximo mes prohibir la ciudadanía por nacimiento en ciertas partes del país. Trump pasó toda la campaña electoral prometiendo que bajo su mandato los hijos de inmigrantes sin papeles que naciesen en Estados Unidos no tendrían la nacionalidad estadounidense, como parte de sus esfuerzos para limitar la inmigración ilegal, y así lo firmó en su primer día en el cargo, el pasado enero. Pero varios jueces bloquearon su orden y extendieron esa prohibición a todo el país.

El Tribunal Supremo no entra a valorar, por el momento, si la Constitución estadounidense protege la ciudadanía por nacimiento, ni tampoco si Trump tiene poderes suficientes para eliminar un derecho así, sino que se limita a opinar sobre si dichos jueces pueden o no limitar la capacidad legislativa del presidente. Y en un fallo que respaldan los seis miembros conservadores de la corte -incluida Coney Barrett, recientemente en el punto de mira de la Administración y los republicanos-, y al que se oponen las tres juezas progresistas, decide que no tienen ese poder.

La Administración Trump lleva meses insistiendo en que los jueces no pueden "entrometerse" en "el proceso de decisión del presidente" bajo el argumento de que Trump ha sido elegido por una mayoría de estadounidenses y los magistrados no. Su portavoz de prensa, Karoline Leavitt, ha llamado "jueces activistas" a los que bloqueaban órdenes del presidente, y ha dicho que "amenazan con socavar la credibilidad de Estados Unidos a nivel mundial".

Las implicaciones de este fallo son aún difíciles de determinar. Por un lado, parece evidente que afectará a la capacidad de otros jueces para bloquear otras órdenes del presidente, al menos a nivel federal, y pese a que a lo largo de la historia de Estados Unidos esta ha sido una forma de parar los pies tanto a gobiernos republicanos como demócratas -causando, así, siempre controversia-. Pero no queda claro qué sucederá con la ciudadanía por nacimiento, ya que el Supremo no se pronuncia sobre su legalidad.

En caso de que los jueces determinen que sí es legal que Trump prohíba a los hijos de inmigrantes obtener la ciudadanía estadounidense, el problema estaría en qué nacionalidad tendrían esos niños. En los países que no ofrecen la ciudadanía por nacimiento, esta suele determinarse según la nacionalidad de los padres, pero supondría un cambio fundamental sobre el que habría que legislar con cuidado para no dejar en el limbo a ningún niño. Estados Unidos ha defendido la ciudadanía por nacimiento desde hace más de 150 años, desde que la 14 Enmienda de la Constitución se ratificó en 1868.

En ese sentido, la jueza progresista Sonia Sotomayor ha expresado su oposición en un largo escrito, donde ha asegurado que la decisión de sus compañeros podría "provocar el caos en las familias de los niños afectados". De la misma manera opinan los 22 estados y organizaciones en defensa de los derechos de los migrantes que demandaron a la Administración Trump cuando el presidente firmó el pasado enero la orden que terminaba con el derecho a la ciudadanía por nacimiento, lo que afectaría tanto a los hijos de los inmigrantes indocumentados como a los de visitantes o personas con permiso de residencia temporal.

Este viernes es el último día del curso del Supremo, con lo que se espera que el Tribunal dé a conocer al menos otras cinco opiniones importantes. En otro fallo controvertido, la misma corte permitió este miércoles a Trump deportar a inmigrantes a terceros países, es decir, a países que no son los suyos, como por ejemplo a Sudán del Sur.

Trump dice que los jueces son "una grave amenaza para la democracia"

"A lo largo de los últimos meses, hemos viso a un puñado de jueces de izquierda radicales intentando dar la vuelta a los poderes legítimos del presidente para impedir que los estadounidenses consigan las políticas por las que votaron en cifras récord, ha sido una grave amenaza a la democracia, sinceramente", ha dicho Trump en una rueda de prensa este viernes, tras conocerse la decisión.

"Estos jueces han intentado dictar la ley para el país entero. En la práctica, eso significaba que si cualquiera de los casi 700 jueces federales no estaban de acuerdo con las políticas del presidente electo de Estados Unidos, él o ella podían bloquear que esa política entrase en vigor, o al menos podían bloquearla durante muchos años. Esto era un abuso de poder colosal que nunca ha ocurrido en la historia de Estados Unidos hasta las últimas décadas".

"Estoy agradecido al Supremo por dar un paso adelante y resolver este enorme y complejo problema. Gracias a esta decisión ahora podemos proceder con numerosas políticas. Esto es enorme, y el Tribunal Supremo debería estar muy orgulloso, y el país debería estar muy orgulloso del Supremo hoy".

PUBLICIDAD