El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha declarado este lunes en el Tribunal Supremo y se ha desvinculado de cualquier irregularidad en el amaño de contratos alegando que lo que está ocurriendo contra él es una "cacería política", según fuentes presentes en la declaración. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido prisión provisional comunicada y sin fianza para el que fuera 'número tres' de Pedro Sánchez en el partido por posible destrucción de pruebas y riesgo de fuga. El juez instructor Leopoldo Puente, que le imputa delitos de organización criminal y cohecho, ha decidido su ingreso en prisión provisional.

Cerdán ha declarado que él está imputado por todo el "fango" que se ha ido generando en los últimos meses en torno a este 'caso Koldo' y que lo suyo es una persecución que nada tiene que ver con su actuación. Según fuentes presentes en la declaración, ha argumentado que se siente perseguido "por su foto con Junts" al haber sido él el precursor de la amnistía en la negociación con el partido independentista y ha indicado que el otro perseguido es el ministro de Justicia, Presidencia y Relación con las Cortes, Félix Bolaños.

Luzón habla del "líder" de la organización

En la vistilla celebrada para decidir sobre las medidas cautelares, el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha indicado que los "indicios de delitos son evidentes" tanto de la participación de Cerdán como de su papel como "líder de la organización que habría puesto en marcha en Navarra y que luego continuó en Madrid". Para el fiscal, las grabaciones que realizó Koldo García "son explícitas" y dan un "contexto sólido" y una "enorme carga probatoria" sobre el "decisivo papel de la trama".

Para Luzón es "una insinuación ofensiva" el pensar que esta causa va contra Cerdán por "formar parte de un Gobierno progresista", como él ha alegado.

El fiscal ha sustentado su petición de prisión en dos de los tres pilares por los que se puede acordar la misma. En primer lugar, el riesgo de fuga: "Las cantidades percibidas en este tipo de causa suelen ser muy cuantiosas y no pueden limitarse a las que se ha obtenido evidencia de las conversaciones".

Y en segundo lugar, la destrucción de pruebas: "La gravedad de los delitos, el inicial momento, la capacidad de seguir comunicándose con el resto de personas, la capacidad de alterar pruebas y la de condicionar a testigos e investigados".

La acusación popular se ha adherido íntegramente a la petición de Luzón y el abogado de Santos Cerdán ha pedido un informe pericial sobre los audios.