Un directivo de la causa de Villafuel, la empresa de hidrocarburos por la que el empresario Víctor de Aldama entró en prisión el año pasado, tiene una declaración clave este martes en la Audiencia Nacional. Y es más reseñable que este hombre, Pedro Marín, lo hará de manera voluntaria después de negarse el pasado marzo.

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Según una providencia del juez Santiago Pedraz consultada por El Independiente, la cita tendrá lugar este martes pasadas las 10 de la mañana. Marín, considerado por la Unidad Central Operativa (UCO) un hombre clave dentro de la trama societaria, declarará por primera vez. Esta acusado de organización criminal, blanqueo y fraude fiscal.

Según el sumario del caso, Marín no era un trabajador más. Tenía funciones comerciales y ejecutivas, además de ser cuatro años el administrador de Villafuel. Además, figuraba en la plantilla de la compañía como director comercial desde noviembre de 2020 y tenía un sueldo de 61.000 euros anuales. También tuvo labores en la filial portuguesa Intesyellow.

Pero sobre todo, fue la persona que se reunió en julio de 2022 con un alto cargo del Ministerio de Transición Ecológica. Era la etapa de Teresa Ribera como ministra, y Marín buscaba que Villafuel consiguiese el titulo de operador de hidrocarburos.

La UCO lo considera un "testaferro cualificado" y reseña su experiencia en el sector desde, al menos, 2012. En uno de sus informes dice que “gracias a sus conocimientos del sector, su normativa y requisitos, fue la cara visible en las gestiones a realizar con la administración", especialmente en el asunto del Ministerio citado, así como en "contratación bancaria, representación notarial y demás gestiones propias del cargo de administrador único".

Documentación y reuniones

Según el sumario, en enero de 2021 Marín envió ante la Dirección General de Política Energética y Minas, la documentación de obligado cumplimiento necesaria para solicitar el título de operador de hidrocarburos. Un mes después, fue el propio Ministerio quien se puso en contacto con él para que ampliase los datos sobre la capacidad financiera de la sociedad.

La operación no salió bien, y Villafuel vio su licencia denegada a finales de 2021. Pero fue Marín quien, de nuevo, se encargó de remitir la documentación para reabrir el expediente. El 17 de enero de 2022, según la Guardia Civil, el directivo envió un escrito al Director General de Hidrocarburos del Ministerio, José Luis Cabo, con el objetivo de concertar una reunión para tratar de desbloquear la segunda solicitud efectuada por Villafuel para obtener el título de operador. 

La reunión se produce en julio de 2022, según consta en otro escrito dirigido por Pedro Marín al Ministerio. En ese encuentro, mantenido por videoconferencia, por parte del Ministerio están presentes Cabo y Ana Belén Manzano, jefa del área de Hidrocarburos Líquidos. Como representante de Villafuel estuvo Pedro Marín, quien envió nueva documentación al Ministerio tras las recomendaciones recibidas de ambos funcionarios.

La Fiscalía insta a Villafuel a que busque las pruebas que pide al juez

La Fiscalía Anticorrupción ha rechazado la petición de Villafuel para que sea el juez quien solicite directamente a varias consultoras —entre ellas KPMG, Andersen o European Tax Law— la documentación sobre los trabajos que realizaron para la empresa. En un escrito del 25 de junio, al que ha tenido acceso este periódico, el fiscal Luis Pastor abre la puerta a que sea la propia compañía quien intente recabar esa información por sus propios medios antes de implicar al juzgado.

La mercantil, investigada en el marco del caso Hidrocarburos, había recurrido la decisión del magistrado Santiago Pedraz de denegar la práctica de estas diligencias, al considerar que su denegación vulnera su derecho de defensa. Alegó, además, no poder acceder a parte de sus propios archivos por causas técnicas y falta de colaboración de sus antiguos proveedores informáticos.

Sin embargo, el fiscal sostiene que si Villafuel tuvo relación con las firmas señaladas, debe ser ella misma quien solicite la documentación, y que parte de esa información puede hallarse ya entre el material incautado en los registros que realizó la Guardia Civil en octubre de 2024. "Parece más lógico que sea Villafuel quien solicite directamente la documentación en cuestión", concluye el representante del Ministerio Público. Sólo si no logra obtenerla, sostiene Anticorrupción, cabría valorar una intervención judicial.

Con esta maniobra, Villafuel busca reforzar su tesis de que actuó bajo asesoramiento profesional y desmarcarse así del núcleo de la presunta trama liderada por los empresarios Víctor de Aldama y Claudio Rivas, principales investigados por fraude fiscal y blanqueo.

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