La guerra comercial entre EEUU y Brasil estalla por Bolsonaro: 50% de arancel y sanciones al juez

La crisis entre Brasil y Estados Unidos ha derivado en guerra abierta. Donald Trump ha firmado la orden ejecutiva por la que EEUU impone un arancel del 50% a los bienes exportados por Brasil y aplica sanciones al juez del Supremo Alexandre de Moraes en represalia por el juicio que enfrenta el expresidente Jair Bolsonaro por golpismo.

En una decisión insólita, el Departamento del Tesoro de EEUU va a aplicar la Ley Magnitsky al juez del Supremo brasileño Alexandre De Moraes, instructor de los procesos contra Bolsonaro. La ley, que lleva el nombre del abogado ruso Serguei Magnitsky, torturado hasta la muerte por el Kremlin por denunciar sus abusos, autoriza al Gobierno de EEUU a sancionar a ciudadanos extranjeros implicados en actos de corrupción o violaciones a los derechos humanos.

Al juez De Moraes le embargan los posibles bienes y propiedades que tenga en Estados Unidos. Sin embargo, el magistrado no tiene ni siquiera cuentas bancarias allí, según la prensa local.

Paralelismos con Trump

Trump firmó la orden ejecutiva para materializar la amenaza del pasado 9 de julio: un arancel del 50 % sobre las importaciones brasileñas. El presidente de EEUU argumenta que el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva constituye "una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional, la política exterior y la economía de EEUU".

En realidad, lo que irrita a Trump es que Bolsonaro, acusado de liderar un complot para anular las elecciones de 2022 y así seguir en el poder, esté siendo juzgado en los tribunales. Será Alexandre de Moraes quien dé a conocer su pena. Bolsonaro ya está inhabilitado para ejercer cargos políticos hasta 2031 por abuso de poder durante sus mandatos.

A pesar de los indicios que pesan contra el líder ultraderechista, basados en documentos, audios y testimonios, para Trump es un proceso "político" que entraña "graves abusos contra los derechos humanos" cometidos, a su juicio, por el juez De Moraes. Es decir, es un caso con fuertes paralelismos con lo sucedido en EEUU, pero Trump se libró de la Justicia, a pesar de haber animado a sus seguidores a tomar el Congreso el 6 de enero de 2021, y hasta pudo presentarse a las elecciones.

El tercer hijo de Jair Bolsonaro, Eduardo, lleva desde marzo viviendo en EEUU. Sus buenas relaciones con el entorno del presidente Trump han dado sus frutos. Para Trump es un caso con fuerte connotación personal.

Excepciones al arancel

La Administración Trump ha añadido al decreto una enorme lista con cientos de excepciones a los que no se les aplicará el arancel del 50 %, entre las cuales figuran piezas de aviones, petróleo, zumo de naranja, fertilizantes y castañas, según informa Efe. Son los más consumidos por los americanos: el 70% del zumo de naranja que toman los estadounidenses procede de Brasil. Aún así otros productos como el café o la carne no se han librado de la sanción.

Según cálculos de la Cámara Americana de Comercio en Brasil, las exportaciones exentas representaron 18.400 millones de dólares en 2024, un 43,4 % de todo lo que se vendió a EE.UU, que es el tercer mayor socio comercial de Brasil, tras China y la Unión Europea.

Lula: en Brasil "la ley es para todos"

El anuncio coincidió con la visita a Nueva York del ministro brasileño de Exteriores, Mauro Vieira, quien se trasladó el miércoles a Washington para ver a Marco Rubio, secretario de Estado. El ministro brasileño defendió la "independencia" del poder judicial. En una declaración ante los periodistas, subrayó que su país "no se curvará ante presiones externas".

Mientras, en Brasilia, Lula convocaba una reunión con el núcleo duro de su gabinete en el Palacio de Planalto, sede del Gobierno brasileño. Tras el encuentro, Lula divulgó una nota contra la "inaceptable interferencia del Gobierno de EEUU en la Justicia brasileña".

"Uno de los fundamentos de la democracia y del respeto a los Derechos Humanos en Brasil es la independencia del poder judicial, y cualquier intento para debilitarlo constituye una amenaza al propio régimen democrático. La Justicia no se negocia", suscribió Lula en un comunicado.

Lula subrayó que en Brasil "la ley es para todos" y que usar "argumentos políticos" para imponer aranceles es "injustificable". Añadió que "la motivación política de las medidas contra Brasil atenta contra la soberanía nacional".

La Corte Suprema también reaccionó y aseguró que "no se apartará de su papel de cumplir la Constitución". El alto tribunal recordó además que hay "indicios graves" contra Bolsonaro y el resto de acusados por golpismo, a los que garantizó un "juicio justo".

La incógnita que queda es saber si Brasil tomará contramedidas. Lula ya tiene encima de la mesa varias alternativas. Este miércoles adelantó que estudia fórmulas para "apoyar y proteger a los trabajadores, a las empresas y a las familias brasileñas", sin dar mayores detalles.