La condonación de la deuda a las Comunidades Autónomas impulsada por el Gobierno trae de cabeza a los economistas por el mensaje que envía en términos de disciplina fiscal. El diseño de reparto urdido por el departamento de María Jesús Montero y aprobado este martes por el Consejo de Ministros amplía el beneficio previsto para Cataluña respecto al acuerdo inicial, y sitúa colateralmente a Andalucía como la región más favorecida.

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En este sentido, tanto la metodología como los criterios empleados en la construcción de la citada condonación son objeto de crítica por parte de los expertos en financiación autonómica. El Estado acaba asumiendo el pasivo de regiones de una forma asimétrica y sin criterios objetivos. La medida, diseñada por el Ministerio de Hacienda, tiene origen en el acuerdo alcanzado entre el PSOE y ERC para la investidura de Pedro Sánchez en 2023. El 'perdón' de 15.000 millones plasmado sobre el papel ha acabado creciendo hasta los 17.104 millones, un 14% más de lo pactado inicialmente.

Para evitar la apariencia de un privilegio, el Gobierno extendió la condonación al resto de comunidades del régimen común —quedando fuera País Vasco y Navarra—, situando a Andalucía como la mayor beneficiada, con una quita de 18.791 millones de euros. Esta circunstancia adquiere especial relevancia de cara a las elecciones autonómicas de 2026, en las que Montero concurrirá como candidata a la presidencia de la Junta.

El anteproyecto de Ley establece que el Estado asumirá un total de 83.252 millones de euros de deuda autonómica, siempre que las comunidades opten por acogerse a la medida. El investigador de Funcas, Santiago Lago, cree que "el mensaje no es bueno", pues se implica el riesgo moral de que las comunidades puedan sobreendeudarse con la seguridad de que el Estado intervendrá para rescatarlas llegado el momento.

El director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente, coincide en la crítica: "No soy nada partidario de las quitas de deuda, pero esta es especialmente mala y manda una señal equivocada". La medida -añade- "es como regalar a las comunidades autónomas una póliza de seguro contra el riesgo cíclico, y cualquier pequeño incentivo que puedan tener para ahorrar algo en tiempos de bonanza, desaparece".

Además, escuece especialmente entre los expertos que se trate de una quita no sujeta a condicionalidad alguna. "No te piden que respetes límites de ningún tipo, es un regalo a precio cero. O sea que difícilmente se podría haber hecho peor desde el punto de vista de los incentivos", agrega De la Fuente.

Criterios a la carta

Los expertos también ponen el acento en la falta de criterios objetivos en el diseño de la condonación. "Primero se ha identificado lo que pedían los socios y a partir de ahí se ha establecido la deuda del resto para poder justificar la ampliación", resume el catedrático de Organización de Empresas de la Universidad CEU San Pablo, José Ignacio López Sánchez. Además, considera que la medida carece de justicia "porque trata a todos por igual con independencia de la gestión del gasto público que hayan hecho". Es más, "se ha premiado a los que más ineficientes han sido con el gasto público", remata.

En este sentido, De la Fuente explica que los criterios que hubiesen elegido desde Fedea para diseñar el modelo serían compensar primero "la infrafinanciación acumulada desde el inicio del modelo de financiación autonómica" y después, lo que sobre, repartirlo en base al criterio de "población ajustada". Sin embargo, el planteamiento de Hacienda opera al contrario.

Y, a mayores, incluye "dos cosas más que no tendrían que estar ahí". Por un lado, se tiene en cuenta la deuda acumulada. "Vamos a darles más dinero a los que fueron malos, a los que acumularon más deuda y tuvieron menos disciplina fiscal", exclama el responsable de Fedea. Algo que, en su opinión, no hace sino "aumentar el riesgo por agravio de una forma directa".

La otra es que se perdona más deuda a aquellas comunidades que ejercieron al alza sus competencias en materia de IRPF. "Aquí están metiendo la nariz en la política fiscal interna de cada comunidad autónoma y el Gobierno central no debería meterse ahí y tratar de empujar en una dirección u otra", resume De la Fuente.

De esta forma, comparando la metodología de Hacienda respecto de la elaborado por Fedea, "a Cataluña le dan un ochenta y pico por ciento más de lo que deberían y comunidades como Murcia, Valencia y Andalucía, que son las que están más infrafinanciadas, salen perdiendo. Se les da bastante menos de lo que habría que darles", concluye el director de Fedea.

Reforma de la financiación autonómica

Los expertos también cuestionan la oportunidad de la medida cuando ni tan siquiera se han sentado las bases de la reforma del sistema de financiación autonómica. Desde Funcas recuerdan que "existe un amplio consenso entre los expertos en que efectivamente hubiera sido mejor hablar de la reestructuración de la deuda y la reforma de la financiación autonómica de forma simultánea y en los foros multilaterales (Conferencia de presidentes y Consejo de Política Fiscal y Financiera)". "Pero la coyuntura política nos ha conducido a otro tempo y a otros escenarios", concluyen.

De hecho, la medida ha puesto en un brete a las Comunidades gobernadas por el PP. Los de Alberto Núñez-Feijóo ven la quita como una especie de chantaje al resto de regiones para beneficiar a Cataluña. "Si finalmente se acaba aprobando la ley, las regiones controladas por los ‘populares’ “deberían coger el dinero", opina De la Fuente. La alternativa es que sólo lo cobren las del PSOE y acabe siendo una medida aún más inequitativa.

De acuerdo con la AIReF, la condonación permitirá reducir el pago de intereses, lo que se traduce en una disminución del déficit de las comunidades autónomas y, en paralelo, un aumento del de la Administración Central. No obstante, y aunque le pese a la titular de Hacienda, Santiago Lago recuerda que "los intereses no forman parte del gasto computable para la aplicación de la regla de gasto". En consecuencia, puntualiza, "este ahorro no afecta al cálculo de dicha regla y, por tanto, no genera un mayor margen para destinar recursos a otras políticas públicas en el caso de las Comunidades Autónomas que ya están gastando lo que permite la aplicación de la regla".

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