Junts perdió este martes una votación en el Congreso que estaba perdida de antemano. Desde hace mucho tiempo. Desde que, allá por marzo, registró con el PSOE la proposición de ley de delegación de las competencias migratorias a Cataluña. Podemos siempre se opuso a ella. Siempre tachó la propuesta de "racista". Y mantuvo su palabra hasta el final. Sin cambios. La Moncloa se movilizó hasta el último momento para intentar salvar el texto, pero era plenamente consciente de que la posición estaba fijada y era inamovible. La iniciativa, finalmente, decayó, en su primer debate. Por 177 votos frente a 173. No fue una sorpresa para nadie.

Por eso mismo el Gobierno y Ferraz están convencidos de que en el fondo esta votación, tan decisiva para los posconvergentes, no cambia sustancialmente nada, no altera los equilibrios. La formación de Carles Puigdemont, asumen, seguirá apretando, y mucho, se sentirá igual de insatisfecha, seguramente no apoye unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, pero no se atreverá a tumbar a Pedro Sánchez vía moción de censura. El expresident, creen, no dará el paso de provocar el descarrilamiento de la legislatura. Porque, como resumen en la dirección socialista, a Junts "menos que a nadie les interesa ir a elecciones". El resultado para ellos, recuerdan, sería nefasto, como indican las últimas encuestas. La siguiente curva en el predregoso camino de este mandato, la convalidación del real decreto ley de embargo de armas a Israel, aprobado este martes en el Consejo de Ministros, la estiman despejada los socialistas: confían en que salga adelante y en que ningún socio de investidura se acabe descolgando.

La portavoz de Junts enhebra un discurso claramente "racista" a ojos de los morados: "La supervivencia de nuestra identidad no está garantizada, sobre todo por el enorme impacto en el catalán"

Míriam Nogueras, la portavoz de la derecha independentista catalana en el Congreso, cargó más de argumentos la mochila de Podemos para que votase en contra. En tribuna, y en defensa de la proposición de ley conjunta con el PSOE, enhebró un durísimo discurso, claramente "racista" a ojos de los morados —y de los aliados progresistas de investidura—, y hasta intercambiable con Vox en algunos puntos: "Más del 40% de los inmigrantes en Cataluña no trabajan y muchos de ellos tienen que recibir ayudas sociales para poder vivir. Hay escuelas en las que el alumnado de origen migrante representa casi la mitad de los alumnos. La supervivencia de nuestra identidad no está garantizada, sobre todo por el enorme impacto que este fenómeno tiene en la lengua catalana, que como todos saben es un factor de cohesión y de integración social absolutamente extraordinario". Para la portavoz de Junts en Madrid, las "olas migratorias" de los últimos años y la mala gestión que de ellas ha hecho el Gobierno central ha llevado a una situación de "colapso" en Cataluña, y la propuesta que este martes se debatía permitiría a la Generalitat "controlar el actual desbordamiento".

Junts se llevó la reprimenda de los socios de izquierdas, por sus postulados "racistas", por actuar, como dijo Gabriel Rufián, portavoz de ERC, por miedo a su competidor directo en Cataluña, Aliança Catalana, cuando en realidad están "fomentando un monstruo que les va a comer". Pero también Podemos cargó con rapapolvos, porque lo que se estaba debatiendo es una transferencia de poder para la Generalitat, no para Junts. Es una ley que en sus 13 artículos, convino Jon Iñarritu (EH Bildu) "no tiene ninguna afirmación de tipo racista". A Junts, añadió Rufián, no se le detiene "frenando competencias" para Cataluña. Nada convenció a los morados. Su diputado Javier Sánchez Serna se centró en el mensaje que la iniciativa trasluce, porque "trata la inmigración como un peligro social" y lo que dirime es "qué administración ejerce el racismo y la presión sobre la población".

A los socialistas no les gustó nada la intervención de Nogueras, pero entendían que estaba "hablando para su parroquia, por su competencia con Aliança", a quien los sondeos dibujan en imparable ascenso

Los socialistas se removieron en sus escaños. No les había gustado el discurso de Nogueras, en absoluto. Pero entendían que ella "estaba hablando para su parroquia, por su competencia con Aliança", señalaban en la cúpula parlamentaria a este diario. El discurso del veterano diputado del PSC Pepe Zaragoza caminaba por un sendero muy distinto, de hecho, al de los posconvergentes: lo que hizo fue rebajar el alcance de la medida, al recordar que no se trataba de ninguna cesión de competencias, sino de una mera "delegación" —y, como tal, reversible—, y además la Generalitat trabajaría "siempre conforme a la ley estatal", porque la normativa migratoria aplicable es el marco nacional y europeo, de modo que el Govern no podría "decidir sobre los flujos migratorios".

Pasadas las 21 horas, la votación. El pleno del Congreso rechazó la toma en consideración de la proposición de ley de Junts por 177 votos (PP, Vox, Podemos, Unión del Pueblo Navarro y los diputados de Sumar Alberto Ibáñez y Jorge Pueyo, de Compromís y Chunta) frente a 173 (PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG, Coalición Canaria y la diputada Àgueda Micó, de Compromís, y el exministro José Luis Ábalos). Ninguna abstención. La propuesta murió en ese instante.

Intentos de desbloqueo con Podemos hasta última hora

Los posconvergentes, ante las cámaras y detrás de ellos, culpaban sobre todo a Podemos del fracaso, no al Gobierno. Horas antes, el secretario general del partido, Jordi Turull, acusaba desde Barcelona a los morados de aplicar "un 155 en materia de inmigración". Las palabras del núcleo duro de Puigdemont —y sus mensajes transmitidos en privado— hacen pensar al Ejecutivo que su relación con la formación "no va a variar mucho". "Pasará lo mismo que viene pasando hasta ahora", señalan fuentes muy próximas a Sánchez. Es decir, que los socialistas seguirán sufriendo con cada iniciativa, con cada negociación, con cada votación. Sin que Junts llegue a apretar el botón de apoyo de una moción de censura con PP y Vox. "Que no nos apoyen unos Presupuestos es lo normal, es lo que viene ocurriendo —prosiguen las mismas fuentes—. Pero es que si nosotros dependiéramos de Junts para todo, nos podría preocupar. Pero dependemos de los equilibrios con unos y con otros, y ellos a veces proponen cosas inasumibles".

Si nosotros dependiéramos de Junts para todo, nos podría preocupar. Pero dependemos de los equilibrios con unos y con otros, y ellos a veces proponen cosas inasumibles", señalan en la Moncloa

En la Moncloa dicen no temer represalias de los de Puigdemont: "Ellos saben que no nos pueden culpar de que la proposición haya fracasado. Hemos estado hasta última hora hablando con Podemos para ver si era posible un acuerdo". Ironizan incluso en el equipo del presidente sobre eventuales penalizaciones: "¡Si todos los días recibimos señales de castigo de ellos! Ellos siempre ponen de manifiesto que no son socios de investidura, que no extienden un cheque en blanco, que van carpeta a carpeta. No nos hacen falta más señales, ya lo sabemos". El Gabinete, no obstante, está persuadido de que todo queda igual, pase lo que pase. "La legislatura termina cuando tiene que terminar, en 2027", verbalizó una vez más la ministra portavoz, Pilar Alegría, en la rueda posterior a la reunión del Gabinete, en la que remarcó que la coalición seguirá hablando con el resto de grupos para consolidar el autogobierno de Cataluña y la delegación de competencias.

En definitiva, en el Gobierno y en el PSOE asumen que la convivencia con los posconvergentes es siempre muy delicada, siempre al borde del abismo, sin garantías de ningún tipo. Pero a ambos partidos no les queda otra que sostener el débil hilo que les une. "Ellos son a los que menos les interesa ir a elecciones", verbaliza una dirigente de peso de la cúpula socialista. La responsable se remite a la última encuesta de Ipsos para La Vanguardia, publicada el pasado domingo: el PSC seguiría en cabeza en unas autonómicas, aunque a la baja (de 42 a 36), pero Junts sería duramente castigada por los electores catalanes (de 35 a 21 parlamentarios), casi igualando su representación a la de Aliança Catalana, el partido ultra y xenófobo de Sílvia Orriols, alcaldesa de Ripoll, que saltaría de 2 a 19 asientos en el Parlament. ERC se estabilizaría en 21 escaños (tiene 20), el PP bajaría dos (de 15 a 13), y los comunes uno (de seis a cinco diputados). Vox, como Aliança, crecería, de 11 a 16 representantes, por delante de los populares, y la CUP mantendría a sus cuatro parlamentarios. Ese ascenso tan brutal de Aliança explica, para los socialistas, el discurso "racista" de Nogueras este martes en tribuna: "Ella hablaba para su parroquia por la competencia con Orriols".

"No es nada que no nos pudiéramos esperar —añaden en el núcleo de confianza de Sánchez en el Ejecutivo—. Pero es que no sé a qué votante pretenden atraer. Comprendo que tienen que competir con Aliança. Pero es que esta cuestión de la delegación de las competencias migratorias además lo tendría que administrar el actual president", el socialista Salvador Illa.

En el Ejecutivo apuestan por seguir dialogando para ver si Podemos cede, pero hay que reconstruir antes los puentes. Lo que no ven posible es trocear la iniciativa, que creen equilibrada pese al desgaste

¿Y ahora, qué hacer, una vez la iniciativa ha naufragado? En la Moncloa entienden que "habrá que volver a intentarlo", que solo han sido cuatro los votos de diferencia, y que sería posible sacar adelante la proposición si Junts no tumba los puentes con Podemos. Lo que en las alturas del Ejecutivo tienen claro es que esta iniciativa no se puede trocear, despiezar algunas partes para aprobarlas vía real decreto, por el conducto reglamentario y sin contar con el Congreso. "Hay que seguir negociando", remarcan en el Gobierno, en donde asumen que el "racismo del discurso" de Junts complica la interlocución con Podemos.

Los socialistas, pese a todo, dicen sentirse cómodos con la redacción que se pactó con los de Puigdemont. Y no temen el desgaste político. La erosión por una propuesta que finalmente ha embarrancado: "Se hace un esfuerzo, se llega a un punto de equilibrio. El problema es cuando te piden un imposible o directamente te dicen que no".

Indicios, pero ¿quién sabe?

El decreto ley de embargo de armas a Israel, que este martes explicó tras la reunión del Gabinete el titular de Economía, Carlos Cuerpo, no tiene los apoyos asegurados. En el entorno del ministro remarcan que el feedback recibido por los socios cuando se les facilitó el borrador el pasado fin de semana ha sido positivo, y en la Moncloa no aprecian razones para que ningún grupo se oponga. "Creemos que Junts votará a favor. Lo que ocurre es que ellos se ponen nerviosos con las encuestas. Y creen que se les castiga su cercanía al Gobierno y que por tanto tienen que endurecer. Pero yo creo que lo que no se entiende es su posición", explica una responsable del Ejecutivo muy cercana a Sánchez.

Economía asegura que ha recibido un 'feedback' positivo de los socios cuando les avanzó el texto, y en la Moncloa no aprecian razones para que ningún grupo se oponga, ni Junts ni Podemos

Los socialistas se apoyan en algunos precedentes: en mayo, JxCAT apoyó la toma en consideración de la proposición de ley de Sumar, Podemos y BNG para el embargo de armas a Israel —la iniciativa que no dio más pasos y que ahora será reemplazada por el decreto aprobado este martes por el Consejo de Ministros—. Y también ayer la Junta de Portavoces del Parlament aprobó, con la abstención de los posconvergentes, una declaración que pide el fin del "genocidio" en Gaza. La apoyaron PSC, ERC, comunes y la CUP y la rechazaron PP, Vox y Aliança. Este martes, en el Congreso, JxCAT participó en el minuto de silencio por las víctimas del "genocidio" en la Franja, aunque también lo hizo el PP (no Vox), pese a no compartir el término. Pero también es cierto que Puigdemont, hace una semana, rechazó lo que entendía como un boicot a las empresas y productos israelíes. El comportamiento de los independentistas es, de cualquier modo, muy impredecible, y eso es algo que siempre reitera la Moncloa.

Por ahora, la formación de Puigdemont no ha avanzado el sentido de su voto, aunque de todos los miembros del bloque de investidura es el partido más projudío. Podemos, mientras, habla de un "embargo fake", en palabras de su líder, Ione Belarra. "No es un embargo de armas a Israel —completó en X la exministra y eurodiputada Irene Montero—, es una precampaña electoral. Con el texto aprobado, España sigue manteniendo relaciones militares, comerciales y diplomáticas con Israel. ¡Es un genocidio! La obligación legal del Gobierno es embargo total de armas y romper relaciones ¡ya!". Fuentes de la formación morada, no obstante, insisten en que esa valoración política no adelanta un voto en contra: se estudiará qué hacer pero, de entrada, se ve difícil un no. ERC también ve "flojito" el decreto ley, pero no cree que acabe oponiéndose. "Si este texto decae por Podemos, entonces nos vamos a reír. ¿Qué políticas quieren entonces que impulsemos?", se preguntan en la Moncloa. Sumar, por su parte, exige que el texto se tramite como proyecto de ley para introducir enmiendas y eliminar una disposición adicional que recoge la posibilidad de firmar operaciones futuras, "excepcionales", con Israel autorizadas por el Consejo de Ministros en caso de "interés general nacional".

Los morados hablan de "embargo 'fake'", pero no adelantan su voto. Grupos como ERC dicen que el texto es "flojito" y Sumar exige que se tramite como proyecto de ley para introducir enmiendas

La convalidación del decreto ley no llegará a la Cámara baja, en cualquier caso, hasta dentro de un mes. Para entonces, la pantalla de la política nacional puede ser otra. El Gobierno ha aprendido a vivir al día. Y está en otra actitud muy distinta a la de la primera parte del año, en la de convertir en victoria una derrota parlamentaria si con ello visualiza sus banderas de cara a la ciudadanía / electorado.