El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha propuesto sentar en el banquillo al empresario y productor José Luis Moreno por integrar presuntamente una organización criminal dedicada a conseguir fraudulentamente financiación de bancos e inversores para "lucrarse de manera ilegítima". Así lo recoge la agencia EFE.

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Se trata del caso Titella por el que el popular ventrílocuo fue detenido en el verano de 2021 y salió de la Audiencia Nacional con la obligación de presentar una fianza de tres millones de euros, más tarde rebajada a dos.

Cuatro años después, el magistrado da un paso más en el procedimiento y propone juzgar a 55 investigados por delitos como estafa en concurso con falsedad, blanqueo, organización criminal, corrupción en los negocios y frustración de la ejecución.

En su auto de pase a procedimiento abreviado (equivalente al procesamiento) el juez cree que también hay indicios para juzgar a José Luis Moreno y a quien fuese su pareja, el actor Martín Czehmester, por presunto fraude a Hacienda entre 2019 y 2020.

Una red de fraude activa desde 2017

El juez desglosa los indicios de la existencia de una presunta red criminal activa al menos desde 2017 y en la que sitúa en un "primer nivel" a José Luis Moreno.

Con una actividad de "extraordinaria complejidad", la organización -según el juez- se diversificaba en especialidades, desde el fraude y estafa a bancos e inversores hasta la falsificación de efectos bancarios y el blanqueo de los beneficios.

Para el magistrado, el objetivo era obtener lucro aparentando solvencia económica para así lograr créditos a empresas y hacer suyo el importe, simulando una crisis económica por una mala gestión mercantil o por incidencias del mercado.

Moreno emplearía su fama como "tarjeta de visita"

"Necesitado de financiación privada" a la vista de "sus numerosas deudas" con Hacienda, que le cerraban la puerta al crédito de los bancos, José Luis Moreno contactó con uno de los presuntos líderes de la organización, Antonio Luis Aguilera, y "colaboró con él para obtener financiación fraudulenta".

Según el auto, "una de sus funciones esenciales era generar confianza en las entidades financieras al tratarse de un personaje público". Usaba así su nombre como "tarjeta de visita", para que fuese más fácil obtener financiación.

Él era el principal destinatario de los fondos recibidos y el encargado de presentar los proyectos audiovisuales para los que pedía recursos, explica el juez.

Aguilera y otro de los procesados, Antonio José Salazar, estaban también en el primer nivel y según el juez eran los encargados de conseguir las sociedades pantalla, maquillarlas y presentarlas ante los bancos como las beneficiarias de la financiación, pese a carecer de actividad y no tener otro objetivo que "lucrase de manera ilegítima".

Para ello, necesitaban valerse de terceras personas como abogados, gestores financieros, empleados de banca y "otras personas de su especial confianza".

Sin ellos, considera el juez que hubiese sido imposible organizar, planificar y ejecutar la mayoría de estafas, teniendo en cuenta el gran número de sociedades involucradas.

Un entramado de sociedades pantalla

Según el juez, la red empleaba empresas pantalla y testaferros para simular relaciones comerciales y económicas entre empresas, entre las que se transferían dinero para impedir su rastreo.

Para engañar a los bancos y simular negocios reales, emitían letras o pagarés vacíos -el sistema de "peloteo de cheques"- y abonaban las deudas con fondos obtenidos de nuevas líneas de financiación.

En definitiva, resume el juez, era una organización en la que cada miembro "mantenía su actividad delictiva con su propia cartera de empresas" para después "simular actividad comercial con otras pertenecientes a otros miembros". Así se creaba un entramado de empresas con apariencia solvente, utilizada para engañar a bancos.

Entre las víctimas de la red hay varias entidades financieras, sociedades de garantía recíproca, la Hacienda pública y también inversores particulares.

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