No es la primera vez que lo afirma, pero no por ello la afirmación pierde intensidad. Pablo Iglesias aprovechó su participación en la Uni de Otoño de Podemos para atacar a los grupos privados de televisión. El exvicepresidente del Gobierno, hoy empresario mediático, apeló a revisar las licencias de emisión que poseen Atresmedia y Mediaset, ante la posición de dominio que ostentan en el panorama audiovisual y su capacidad para proteger los intereses de la derecha.

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Hace unos días, durante una intervención en RTVE, abundó en ese argumento, al asegurar que, cuando gobierna la derecha, convierte La 1 en “telefacha”, mientras que cuando está en la oposición cuenta siempre con el apoyo de las cadenas privadas. Lo hizo en el programa de Jesús Cintora, un periodista por cuyo regreso a la televisión pública presionaron tanto desde el entorno de Podemos como de Comisiones Obreras, según recuerdan fuentes internas de RTVE.

Fuentes de las televisiones privadas se muestran tranquilas, pese a esta boutade. Sus principales licencias de televisión -las que recibieron tras el apagón analógico- fueron renovadas hace unos meses por un período de 15 años. Es decir, no expirarán hasta 2040.

Las seis que entregó el Gobierno de Mariano Rajoy -BeMad, Atreseries, DKiss, Real Madrid TV, Trece y TEN- está previsto que se prorroguen en 2030, si así lo desean los interesados. Su renovación es automática, salvo que la autoridad audiovisual demuestre que no han cumplido con las condiciones que se estipulaban en los pliegos del concurso.

En cualquier caso, las declaraciones de Iglesias vuelven a apuntar al terreno de las televisiones privadas, en cuyos platós ganaron popularidad los portavoces de Podemos a partir de 2013, gracias a una generosa exposición, pero que desde hace unos años se han convertido en uno de los objetivos mediático-políticos de quien fuera líder del partido. También de sus portavoces, que han atacado en reiteradas ocasiones a periodistas como Antonio García Ferreras, Pablo Motos o Ana Rosa Quintana.

Negociar contertulios

Del discurso de Iglesias también llama la atención que incluyera un reconocimiento explícito de que llegó a negociar para introducir a trabajadores de Canal Red -medio online minoritario- dentro de las tertulias de la corporación.

No explicitó con quién conversó ni las contrapartidas a mayores que pudo tener el acuerdo, pero lo cierto es que -como recordaba El Periódico este lunes- los empleados de Iglesias comenzaron a aparecer en los programas de La 1 a partir de la primavera de 2024. Es decir, cuando se produjo el gran cisma en su Consejo de Administración que derivó en la destitución de Elena Sánchez como presidenta provisional.

Ese episodio también acentuó la división ya existente entre los dos consejeros de administración que había designado Podemos, a dedo, en 2021: Roberto Lakidain y José Manuel Martín Medem. Tal y como relata este último en el libro que recientemente ha publicado, él apoyó a Elena Sánchez, mientras que Lakidain respaldó entonces a José Pablo López, quien ejercía de director de Contenidos Generales y libraba una fuerte batalla contra la presidenta.

Una de las grandes conclusiones a las que llega Martín Medem en su ensayo es que las maniobras de control de la televisión pública que tradicionalmente ha realizado el bipartidismo, ahora también las practican los sindicatos mayoritarios y la izquierda surgida tras el 15-M.

Las palabras de Iglesias confirman que en RTVE existen contertulios 'de cuota', al igual que sucede con sus consejeros, donde, por cierto, Podemos cuenta con un miembro de su Consejo Ciudadano Estatal, Mariano Muniesa, a quien le corresponde un sueldo superior a los 100.000 euros anuales.

Conviene recordar que el Gobierno propuso en octubre de 2024 una reforma de la ley de la radio y televisión pública estatal que contempla una mayor concentración de poder en la figura de su presidente. Dada la debilidad parlamentaria del PSOE y de Sumar, Moncloa ideó una estrategia para aprobar esta nueva norma, y situar a un afín al frente -José Pablo López- que consistió en ampliar el número de asientos del Consejo de Administración de 10 a 15; y incrementar la retribución para sus ocupantes, de modo que pasaron de percibir menos de 10.000 euros anuales a más de 100.000. Podemos, ERC, PNV, Junts y Sumar secundaron la propuesta y nombraron a sus vocales.

Iglesias hizo referencia en su alocución a los intereses de los grupos privados en sus propias cadenas, pero también expuso los suyos propios -empresariales y privados-, que obligaron a la televisión pública a modificar su plantilla de contertulios para introducir en sus programas a periodistas de Canal Red.

David Alandete

Unas horas después de su intervención, se produjo otro episodio que podría definirse como una nueva maniobra de presión del Gobierno y sus satélites hacia los periodistas que desempeñan su labor dentro de los grupos privados de medios de comunicación.

La Asociación de la Prensa de Madrid emitió un comunicado en el que escenificó su amparo a David Alandete -corresponsal de ABC y COPE en Washington- después de las críticas recibidas por parte del ministro de Transportes, Óscar Puente, por haber preguntado a Donald Trump, en algunas ocasiones, acerca de su opinión sobre la inversión de España en Defensa.

A juicio de Puente, la reiteración de la misma pregunta demuestra el poco patriotismo del periodista, una opinión que fue secundada por varios periodistas y cuentas de las redes sociales que siguen caminos paralelos a los del Gobierno.

"La APM recuerda al ministro que, aunque él, como cualquier ciudadano, puede manifestar libremente sus opiniones, es también su obligación respetar el derecho de los periodistas a la libertad de expresión y, por supuesto, a formular las preguntas que consideren pueden ser de interés para sus lectores u oyentes", expresa en un comunicado.

Plan de Acción

Puente es habitual en la crítica a los medios de comunicación; y forma parte de un Gobierno que, desde la anterior campaña electoral y, en especial, desde que estallaron los casos Koldo y Begoña Gómez, ha hecho suyo el discurso contra la derecha mediática que ha mantenido Iglesias durante los últimos años.

Eso se ha traducido en diferentes declaraciones públicas, en el anuncio de un Plan de Acción por la Democracia -todavía por aplicar, en parte- y en la inclusión de la prensa dentro de una especie de comandita, de "lobbies oscuros"- según Sánchez-, que pretende desestabilizar al Gobierno para hacer que en España prevalezcan intereses contrarios al general.

La propia Sarah Santaolalla -invitada a la Uni de Otoño de Podemos- afirmaba este fin de semana que la campaña de los jueces contra el Gobierno no podría realizarse del mismo modo sin los medios de comunicación de la derecha.

Se da la circunstancia de que Santaolalla también es colaboradora en los grupos privados de televisión, a los que el organizador de este ciclo de conferencias sitúa como parte de esa conspiración.

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