El sábado 30 de enero, la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) emitió un comunicado de condena «a los ataque a periodistas desde páginas web que se autodenominan medios de comunicación». Se refería la APM a las agresiones que desde Laultimahora.es ha recibido los periodistas Esteban Urreiztieta (El Mundo) y José María Olmo (El Confidencial), que se han destacado por sus informaciones sobre Podemos.

A Urreiztieta y Olmo -periodistas serios y solventes que cualquier medio serio querría tener en su equipo- se les acusa de formar parte de la red del ex comisario Villarejo para expandir sus bulos. Durante los últimos veinte años no ha habido un sólo periodista de investigación que no haya tenido entre sus fuentes a Villarejo. Si hay algo que poseía el agente encubierto, como a él le gusta autocalificarse, era información. Si distintos gobierno del PSOE y del PP le utilizaron durante años, si las mayores empresas del Ibex contrataron sus servicios, ¿cómo no iban los periodistas a preguntarle a Villarejo por los asuntos políticos y económicos en los que estaba metido de hoz y coz?

De lo que no existe ninguna prueba, ni la habrá, es que tanto Urreiztieta como Olmo hayan cobrado dinero del ex comisario o publicado información falsa conscientemente para hacerle el juego.

Lo que ha hecho Podemos con los dos periodistas es lo mismo que ha hecho Pablo Iglesias con el caso Dina: convertir sus posibles delitos en una conspiración de las cloacas.

El asunto no es para tomárselo a broma. No es una cuestión de periodistas. Lo que está en juego es la libertad de información, porque en esa tarea de amedrentamiento está directamente involucrado el vicepresidente del Gobierno.

Primero, porque las informaciones referidas le afectan directamente a él y a su organización. En segundo lugar, porque el medio que lanza esas descalificaciones personales, que afectan al principal activo de un periodista, su credibilidad, es el periódico digital Laultimahora.es que, ¡oh casualidad! dirige Dina Bousselham, ex colaboradora de Iglesias y, más importante aún, la persona que con su testimonio ante la Audiencia Nacional puede sentar en el banquillo al líder de Podemos por dos graves delitos.

Sánchez no puede mantenerse al margen del ataque a la libertad de información que lidera su vicepresidente, utilizando un medio financiado por Podemos y dirigido por la persona de la que depende el futuro penal de Iglesias

Bousselham ha cambiado su testimonio a conveniencia. Primero dijo que cuando Iglesias le devolvió la tarjeta de su móvil -sospechosamente robado- no funcionaba, pero cuando los abogados de Podemos se dieron cuenta de la trascendencia que tenía esa declaración, la modificó. Sí, sí, la tarjeta no estaba inutilizada, pero luego ya no se podía acceder a su contenido. Es deleznable cómo se ha utilizado a la Justicia en este caso. No hay más que ver lo que dicen los tuiteros oficiales de Podemos: primero ensalzaron al juez García Castellón (cuando se tragó la trola de que todo era una operación de las cloacas para evitar un pacto Podemos/PSOE); después, cuando se percató del engaño y terminó remitiendo el asunto al Supremo, le acusaron de ser un mal juez al servicio del PP. Todavía no me explico porque García Castellón no ha pedido amparo al CGPJ.

Exultantes estaban esta semana los voceros podemitas con la decisión de la Sala Segunda del Supremo -tan denostada por su sentencia sobre el procés– tras su decisión de devolver a la Audiencia el caso Dina para que el juez instructor concluya la investigación. Una sola palabra de la directora de Laultimahora.es devolvería el asunto al Supremo y obligaría al Congreso a conceder el suplicatorio. Es decir, forzaría a Sánchez a prescindir de su vicepresidente.

Así que la cosa, no, no es de broma. Y mientras la APM condena y El Mundo y El Confidencial hacen editoriales sobre el asunto y las redes se llenan de mensajes de solidaridad para los dos ahora insultados, el Gobierno guarda silencio. La portavoz María Jesús Montero guarda silencio; el jefe de gabinete del presidente, Iván Redondo guarda silencio; el presidente Sánchez guarda un cómplice silencio.

No es esta la primera vez que la APM condena las prácticas pseudo mafiosas de Podemos. El 6 de marzo de 2017, la Asociación emitió un durísimo comunicado contra Podemos por su «campaña sistematizada de acoso personal y en redes llevada a cabo contra profesionales de distintos medios, a los que amedrenta y amenaza cuando no están de acuerdo con sus informaciones». Los afectados aportaron pruebas documentales como mensajes, wasaps y llamadas telefónicas.

Posteriormente, el 20 de junio de 2017, la APM condenó el veto de Podemos a diversos medios, entre ellos El Independiente.

Es una práctica habitual que el vicepresidente del Gobierno no tiene inconveniente, incluso en rueda de prensa tras un Consejo de Ministros, en defender, como hizo el pasado 7 de junio. Para Iglesias, es «natural» que los periodistas reciban «insultos» o «cosas desagradables» ¡Que se aguante Vicente Vallés! Los periodistas tienen que tener la piel de acero, sobre todo si cuestionan a algunos partidos.

Esta actitud es coherente con la visión de los medios que tiene el líder de Podemos. Lo expresó con claridad en el libro de Jacobo Rivero, Conversación con Pablo Iglesias (2014): «Los medios de comunicación, por lo menos una parte, tienen que tener mecanismos de control público». Posteriormente, en una entrevista con Ana Pastor, en El Objetivo, dijo: «La existencia de medios privados ataca la libertad de expresión».

Hasta hace unos meses, Podemos utilizaba las redes sociales (fundamentalmente Twitter) para atacar a periodistas. El jefecillo de esta banda de matones es el portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, que, desde su cuenta (575.613 seguidores) golpea sin piedad a los que osan meter las narices en los trapos sucios de Podemos. El sábado no se privó de aplaudir las prácticas de Laultimahora.es e incluso animó a sus seguidores a hacerse socios de un medio «vital para tener una democracia sin zonas oscuras».

Animada por el ruido, Bousselham volvía ayer a arremeter contra El Mundo y Urreiztieta y añadía a su lista negra a Víctor de la Serna, «hijo de franquista y nieto de falangista».

El amedrentamiento, el acoso, como métodos para que el miedo haga su trabajo de provocar el silencio, son instrumentos habituales de los partidos totalitarios. Lo han hecho los partidos comunistas que, cuando han gobernado, lo primero que han hecho ha sido suprimir la libertad de prensa. Lo hizo el nazismo, con Goebbels como gran maestro. Lo hizo el franquismo que en línea con las recomendaciones de Iglesias, acalló a la prensa libre creó un potente grupo de medios del Estado, al servicio de Franco.

El modus operandi de Iglesias y sus acólitos no es, por tanto, original. Lo original e inaudito es que un Gobierno democrático, presidido por el líder del PSOE, permita y consienta estas prácticas como si no fueran con él o como si fueran tan sólo guerritas de periodistas. No, señor presidente, esto no tiene un pase.