Hay socios de primera y socios de segunda. Es la sensación que trasladan en privado diversas fuentes del amplio abanico de aliados que componen la mayoría de legislatura que sostiene a Pedro Sánchez. Que los socialistas con la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la cabeza prioricen las conversaciones para atar los Presupuestos de 2026 con Junts, el socio más díscolo y cambiante junto a Podemos, no sienta bien especialmente a las formaciones de izquierda. Sobre todo, por las diferencias ideológicas a diferencia de las que ellos tienen con el PSOE.

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Son conscientes de que es clave atraer a los independentistas para desbloquear un tramite cuyo fracaso está más que garantizado, y de ello dan cuenta fuentes del Gobierno. De hecho, desde Montero hasta el propio presidente vienen minimizando el impacto de tener o no cuentas, apuntando que con la prórroga de las de 2022 tiene capacidad de gestión. Algo que para el PP, según fuentes nacionales, es devastador: "Nadie acumula tantas prórrogas en democracia". En septiembre Feijóo sugirió que de ser presidente incluirá una reforma para impedir más de dos prórrogas seguidas: no lo ve aplicable para las comunidades, donde por ejemplo en Aragón tras el veto de Vox Jorge Azcón (PP) se encamina a ese segundo aplazamiento de las cuentas de 2023.

Pero los socios de Sánchez creen que los socialistas pecan de confianza al considerar que darán su voto a favor a cualquier cosa que llegue si Junts da luz verde. Lamentan que a diferencia de los neoconvergentes, a ellos se les deje para "el último momento" bajo ese prisma. Algo que no es nuevo y viene dándose de vez en cuando en los plenos para cuestiones menores. Los socios también afean que mientras eso sucede, distintas voces del Ejecutivo aseguren que hay conversaciones abiertas "con todos los grupos" cuando "no es así". Una cuestión técnica, económica y política como es un proyecto presupuestario ha desplegado la estrategia electoral de los grupos para asumir posiciones ante lo que pueda pasar.

A la vez que los socios de izquierdas critican que se les haga el vacío y el PSOE priorice a Junts, los de Carles Puigdemont aseguran que "no hay ninguna negociación" abierta de cuentas o para la senda de déficit. Solo fuentes del PNV y EH Bildu reconocen que se vienen dando ciertos contactos desde hace algunas semanas. Los abertzale, de hecho, señalan que están "bastante avanzadas". Ante los desmentidos de los socios de izquierdas, desde el Gobierno se insiste en que sí se negocia, pero se da más relevancia a lo trasladado por Junts, que este miércoles, en la sesión de control al Gobierno dio un nuevo ultimátum a Sánchez, a la altura del de julio durante su comparecencia por la presunta corrupción que rodea al PSOE.

Entonces, la portavoz parlamentaria de Junts, Mìriam Nogueras, advirtió al presidente de que estaba en la "prórroga" y que no duraría toda la legislatura si no asumía las exigencias de Puigdemont con celeridad. Tras augurar el catalán un "otoño caliente" para el Gobierno y tumbar algunas iniciativas, Nogueras volvió a insistir este miércoles en ese aviso haciendo un juego de palabras con referencia a la propuesta de Sánchez este lunes para suprimir en 2026 el cambio de hora. "Habría que empezar a hablar de la hora del cambio", aseguró la portavoz. Para fuentes del Gobierno se trata de estrategia discursiva frente a competidores como Aliança Catalana y se garantiza que "el punto en el que están las negociaciones [con Junts] no tienen nada que ver con los discursos públicos".

Con todo, la última reunión en Ginebra entre Puigdemont y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero -asumió temporalmente el rol de interlocutor tras la expulsión y el encarcelamiento de Santos Cerdán- no dejó buenas sensaciones de boca para poder desbloquear un pacto presupuestario. Los neoconvergentes aún exigen cuestiones como que se trasfieran las partidas pendientes para Cataluña, de 50.000 millones de euros o que se intensifique la presión en la UE para el uso del catalán.

ERC, el primero en denunciar

Una de las primeras fuerzas en abrir la lata y denunciar la inexistencia de conversaciones con Hacienda fueron los republicanos. La semana pasada fuentes de ERC sugirieron que quizá el asunto es que el Gobierno ya ha dado por perdidas las nuevas cuentas y renuncia a presentarlas. Desde el Ejecutivo se desmintió posteriormente. Este martes, 24 horas después de que Montero asegurase que se ha abierto diálogo con todos, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, declaró en los pasillos del Congreso que ha habido una llamada reciente pero que no se atenderá nada si no se desbloquea antes la financiación singular de Cataluña.

Fuentes de ERC aseguran que el Gobierno no está focalizado en desbloquear ese paso previo. "Le interesa más a [Salvador] Illa tener presupuestos catalanes -para lo que es esencial esa financiación- que a Moncloa los suyos", contemplan. Y pese a que Rufián destacó ese primer intento reciente de toma de contacto, desde su partido se traslada que "no han pasado nada", ninguna propuesta ni documento. Una de las hipótesis que manejan los republicanos es que a Montero no le interesa concurrir en las andaluzas con el cupo catalán claramente definido y aplicado: "No se puede presentar con un acuerdo que pinta bien solo para Cataluña". Por lo tanto, dan a entender que será muy difícil sentarse. Más cuando el Gobierno, este jueves, cumple 23 días por encima del plazo fijado por ley para presentar Presupuestos.

Sánchez se prepara para unas elecciones sine die

El BNG, que no despeja si ha sido sondeado ya por el Gobierno, se limita a condicionar su voto al cumplimiento de lo pactado en la investidura y a que haya un límite de gasto más ventajoso para el endeudamiento de las comunidades como Galicia. Desde Compromís -la parte de la coalición ya desvinculada de Sumar y que representa Àgueda Micó- afirman que no ha habido contactos. "Están priorizando a Junts, quieren atraerlo" para después abrirse al resto de socios, explican fuentes de los nacionalistas valencianos. Para ellas, las actuaciones y los temas puestos de relieve por Sánchez recientemente, como el aborto y su choque con Isabel Díaz Ayuso, sugieren que está preparando el terreno ideológico para cuando sea necesario convocar elecciones. Más si no hay Presupuestos. No creen que lo tenga en mente por ahora.

El PNV, por su parte, sí. Considera que una derrota buscada de Presupuestos será la mejor excusa para sumarse a un adelanto en marzo, coincidiendo con los comicios de Castilla y León y posiblemente otros de feudos del PP subyugados por Vox,

Tampoco lo creen en ERC, desde donde advierten que Junts puede tumbar la mayoría empezando a rechazar constantemente iniciativas antes de que Sánchez adelante comicios. Igualmente, en Podemos dudan que las intenciones del socialista sean convocar después del fracaso de cuentas. Pero los morados desconfían. Como mínimo ven que priorizar a Junts y obviar a los aliados con más afinidad ideológica es un error. Centrarse en esa batalla cultural desinteresándose de conseguir apoyos "es una estrategia errónea".

Los socios ven a Sánchez priorizar la batalla cultural para allanar una mejor senda electoral, aunque lo ven lejos de una convocatoria ahora mismo

En Podemos cuestionan que se diga que hay conversaciones abiertas con los socios cuando no les han llamado. "En otras ocasiones ya lo habían hecho, cuando buscan algo se ve, se nota", dicen refiriéndose a negociaciones anteriores en lo que respecta al calendario. "No sabemos si quieren convocar elecciones o no, pero sí hay una preparación del terreno con lo más ideológico", argumentan los de Ione Belarra.

La navarra, este martes, ya retrató en una comparecencia de prensa a un Gobierno que quiere "traer por las bravas" su proyecto de Presupuestos "sin pactos previos" para "perderlos" y hacer con ellos "campaña electoral". En el seno de Podemos se compara la situación con el adelanto forzado de 2019 al rechazar ERC negociar las cuentas. Belarra, en esa misma comparecencia, ya criticó a Sánchez por omitir esas negociaciones e ir por su cuenta: "Las cosas no se hacen así".

El primer paso que debe dar el Ejecutivo para encaminarse a ese proyecto es el de acordar una senda de estabilidad y someterla a votación en el Congreso. Tampoco se ha abordado este asunto ni con Podemos ni con las otras fuerzas comentadas. En lo que respecta a EH Bildu, se garantiza un sí permanente a Sánchez a cualquier avance social frente a una alternativa de PP y Vox que rechazan. En el Gobierno remarcan que la interlocución, por la fragmentación del hemiciclo no es fácil.

Sumar acredita contactos con Montero

El diálogo entre socios de Gobierno sí fluye. El interlocutor con Montero, en esta ocasión vuelve a ser Ernest Urtasun, ministro de Cultura pero también portavoz estatal de Sumar. Fuentes magentas afirman que el diálogo está siendo fructífero y que en los próximos días el Gobierno se moverá para llevar esa senda de gasto al Consejo de Política Fiscal y Financiera, un paso clave para fijar la capacidad de endeudamiento y el margen del proyecto presupuestario. Aunque para los magentas, la preferencia es la de utilizar la anterior, de 196.142 millones de euros, para redactar las nuevas cuentas. Desde Sumar no se entra a abordar el descontento de los socios, pero entienden que se busque definir a Junts, que es "el principal obstáculo".

Dentro de la coalición, pese a todo, no hay consenso de cómo debe abordarse esta negociación. Desde IU, su coordinador federal, Antonio Maíllo, reclamó el lunes una subida del 32% en el techo de gasto, mientras que otras voces muestras su preferencia por utilizar el de 2022. Por otro lado, a la vez que socios como Movimiento Sumar o los comunes no creen que haya consecuencias si hay otra prórroga, desde Chunta Aragonesista ya se han reclamado elecciones si Sánchez fracasa. Las fisuras entre socios tampoco ayudan a vislumbran un buen sostenimiento del mandato hasta 2027. Sobre todo tras la última pugna por vivienda entre PSOE y Sumar, con petición y luego retirada de la misma para que la ministra Isabel Rodríguez dimita. A la vez que Sumar calla ahora, otros socios de legislatura apuntan a que se ha dado un paso difícil de enmendar. "Se ha roto un pacto implícito de las coaliciones, que es la no agresión".

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