Pamplona, diciembre de 2016. Dos mujeres acuden a una comisaría de Policía Nacional para denunciar una supuesta violación. Los síntomas de ambas sugieren que han podido ser víctimas de una sumisión química. Alguien habría usado sustancias para que perdiesen alterar su percepción de la realidad y ser así más vulnerables. Sin embargo, ningún agente inició una investigación. "No les tomaron ni declaración", asegura una fuente de toda solvencia conocedora de los hechos.

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Las víctimas continuaron su lucha en los tribunales. Hasta que el 23 de octubre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sentenció a España por negligencias en la investigación alegando "posibles falsificaciones de pruebas" y connivencia entre uno de los acusados y un policía. Los mandos consultados apuntan a que se trataría de una inspectora jefe y su cuñado.

Aunque los hechos se produjeron en 2016, en 2018, ya con el Gobierno de Pedro Sánchez, varios mandos desecharon la opción de reabrir el caso. Por eso, el PP ha solicitado en el Congreso de los Diputados distintos expedientes sobre la gestión de este asunto.

Todos los expedientes

Entre la documentación solicitada están todos los expedientes disciplinarios o investigaciones internas desde 2016 referentes a este caso "o con otros casos de mala praxis en investigaciones de delitos sexuales". También los procedimientos abiertos en este momento o ya archivados relacionados con presuntas "manipulaciones, pérdida o alteración de pruebas bajo custodia policial en investigaciones de agresión sexual".

Los populares quieren acceder a la investigación sobre los propios policías destinados a la UFAM (la Unidad de Atención a la Familia y Mujer) de Pamplona en 2016. Y a los informes sobre la pérdida de pruebas, como las imágenes de cámara de seguridad o los informes toxicológicos.

Para todo ello reclaman, los documentos al Ministerio del Interior, a la Dirección General de la Policía, a la Dirección General de Coordinación y Estudios (Inspección de Personal y Servicios de Seguridad) y a la Secretaría de Estado de Seguridad.

Marlaska, con Bildu

El pasado 29 de octubre, EH Bildu preguntó al ministro del ramo, Fernando Grande-Marlaska, sobre la reciente sentencia. El responsable de la seguridad del Estado compartió su "preocupación" con el partido de Arnaldo Otegi por el caso de las dos mujeres de Pamplona. Aunque lo calificó de "escándalo mayúsculo", lo enmarcó en la etapa "bajo el Gobierno del PP".

En su respuesta, Marlaska se remitió a la legislación en materia de protección de víctimas de agresiones sexuales y también a los "controles efectivos" dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para garantizar que se cumple la normativa de protección de este tipo de víctimas.

"Claro que me genera preocupación por la vulneración de derechos humanos, pero no puedo estar con usted en el sentido de que sea una práctica generalizada tanto en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como en los órganos judiciales", ha continuado Marlaska, después de que Bildu se centrara en criticar la pérdida y manipulación de pruebas por parte de la Policía.

El caso

Los hechos por los que España ha sido condenada son del 7 de diciembre de 2016. Dos mujeres españolas conocieron a dos hombres en un bar de Pamplona. A la mañana siguiente, se despertaron en la casa de uno de ellos, desnudas y sin recordar nada de la noche anterior. Denunciaron haber sido drogadas y violadas.

La Policía detuvo a los dos hombres, pero al ser interrogados dijeron que las relaciones fueron consentidas y quedaron en libertad. Nada más se supo hasta que unas semanas después, una segunda investigación llevada a cabo por una comisaria (entonces inspectora jefe) descubrió que uno de los dos era cuñado de la policía al frente del caso.

También descubrió que "pruebas cruciales" desaparecieron o fueron alteradas mientras estaban bajo custodia policial. Datos como los teléfonos móviles de los acusados o las cámaras del bar se habían evaporado.

En 2018, la Fiscalía renunció a procesar a los sospechosos porque no había "pruebas suficientes para demostrar que se produjeran relaciones sexuales no consentidas". En 2021 se abrió otro procedimiento por presuntas faltas y falsificación de pruebas. La conclusión fue parecida: no se podía demostrar que los dos hombres hubiesen drogado a las víctimas "o que supieran que estaban inconscientes durante las relaciones sexuales".

Tras agotar las vías judiciales en España, las mujeres llevaron el caso hasta el TEDH. El tribunal ha condenado a nuestro país al ver que hubo más que "errores aislados" u "omisiones menores". El TEDH criticó también el "considerable lapso de tiempo" transcurrido en abrir una investigación "sobre las posibles faltas cometidas por la policía". España tendrá que pagar 20.000 euros a cada demandante por "daños morales" y 5.000 euros conjuntamente por costas y gastos.

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