El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge investiga si el capitán de la Guardia Civil del Puerto de Valencia, detenido en una causa de narcotráfico, está involucrado en dos envíos de droga desde Sudamérica a Leixoes, en Portugal. El mando Jesús Fernández Bolaño fue detenido en diciembre de 2024 por estar presuntamente relacionado con un alijo de 1.140 kilos de cocaína en la ciudad del Turia.

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En un reciente auto, De Jorge ha defendido que la causa se quede en la Audiencia Nacional. El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia le pidió que se inhibiese en su favor, ya que la operación está ligada con otra que llevó la Policía Nacional en septiembre y en la que fueron detenidos 80 personas.

El juez ha rechazado enviar las diligencias a Valencia. Argumenta que el grupo del capitán de la Guardia Civil "podrían ser considerados jefes" de otras dos operaciones que ya está investigando él mismo.

Por un lado, el envío de tres contenedores marítimos desde el puerto de Itapoa, en Brasil, hasta el de Leixoes en Portugal. Dentro de bolsas que portaban pellets, los investigadores hallaron 280 envases con un peso total de casi 305 kilos de cocaína. La mercancía llegó al país vecino el 4 de diciembre de 2024, fecha cercana a la de la detención de Fernández Bolaño.

Así también, el juez cree que el grupo podría estar relacionado con el envío de otros dos contenedores. Esta vez, salieron de Buenaventura (Colombia) con destino al mismo puerto portugués. El barco continuó su ruta, y el 15 de enero de este año llegó a Vigo. Está por ver si lo incautado en ese buque es droga o no, ya que en estos momentos "se encuentran actualmente pendientes de realizar análisis del producto exportado", reza el auto.

El juez considera que la "organización delictiva" está "afincada en Valencia" que "cuenta con una red criminal mediante la que organiza, planifica y ejecuta diversas operativas de tráfico de drogas en distintos territorios, siendo solo una de ellas la del Puerto" de esa ciudad.

Pero considera que es la Audiencia Nacional la competente ya que "el entramado criminal que se investiga reúne los requisitos, a título indiciario, de una organización criminal piramidal y de carácter permanente dedicada a la introducción de grandes cantidades de cocaína en territorio nacional a través de distintas provincias (y, en ocasiones, de otros países, como es el caso de Portugal), donde cuenta con una sólida infraestructura personal y material, de la que existente en el Puerto de Valencia sería solo una rama". Por eso, ha rechazado la petición del juzgado valenciano y ha pedido a la Fiscalía que decida quién tiene que seguir instruyendo la causa.

A la espera de dos pruebas

Mientras se decide la competencia de la causa, De Jorge sigue esperando que lleguen dos pruebas caligráficas de otros tantos guardias civiles. El juez sospecha que también estarían implicados, al menos en la parte del Puerto de Valencia, tal y como contó este periódico en exclusiva. Según fuentes conocedoras, el resultado todavía no habría llegado hasta el juzgado.

Los dos guardias civiles sobre los que el juez guarda sospecha entrarían en la operación para sacar la droga del puerto. Para sacar los contenedores, el transportista tiene que contar con un documento que acredite que ha sido revisado y que todo está en orden. Estos papeles los firman agentes, que son los que con su rúbrica y número de identificación asumen que el trabajo se ha hecho correctamente.

En el móvil de uno de los investigados, los análisis de Asuntos Internos han encontrado que disponía de uno de esos permisos antes de la fecha en la que salió el contenedor. Lo habitual es que el permiso se genere el mismo día en el que deja el puerto. Que la organización lo tuviese previamente y firmado por un guardia civil resulta sospechoso tanto para los investigadores, como para la Fiscalía Antidroga como para el juez. Este último ha ordenado una prueba caligráfica del agente T. M. C, que lleva destinado en la sección de Fiscal y Fronteras del Puerto de Valencia desde 1996.

El segundo agente, A. G. C., lleva en la misma sección desde 2002. En su caso, firmó un permiso similar un año antes. La organización envió presuntamente un contenedor totalmente legal para comprobar que con esos documentos podían sacar los contenedores sin problemas. Este primer papel estaría "aparentemente manipulado", ya que la fecha está escrita "a bolígrafo sobre el propio estampado", lo que "dificulta la nitidez del dígito". Además, el día que se expidió el guardia estaba de vacaciones. Cuando finalmente salió, según la modificación hecha a mano, sí prestaba servicio.

Así traían la droga

Según el sumario, la organización tenía dos formas de introducir droga en Valencia. Uno era a través de flat racks, unos contenedores industriales que no tienen techo ni paredes laterales. Lo que hacían, presuntamente, era comprar piscinas aquí y enviarlas a Sudamérica. Una vez estaban vacíos, los perforaban para introducir la carga ilícita entre la infraestructura.

El segundo, más convencional, era importar fruta, pero detrás de los alimentos estaban los estupefacientes. En uno de estos envíos se incautaron de 1.140 kilos de cocaína en un municipio de Valencia. Lo novedoso, según los investigadores, es que en la base de datos interna duplicaban las matrículas de los contenedores. El capitán, por su cargo, conocía cuáles estaban marcados en origen, es decir, que tenían una alerta por las autoridades de otros países porque tenían sospechas de que llevaban droga.

Al llegar al Puerto de Valencia, los agentes inspeccionaban el contenedor con la matrícula que tenía el aviso. Al ver que sólo llevaba material legal, lo dejaban pasar. Pero también autorizaban los contaminados, ya que esos, al tener un número de identificación distinto al original, no levantaban sospechas.

El capitán Jesús Fernández Bolaño primero hacía de "informador" por razón de su profesión y cargo, según la Fiscalía Antidroga. Daba indicaciones de cómo "burlar los controles en el Puerto", y hacía de garante de que las operaciones saliesen bien.

Los investigadores también creen que el agente se convirtió en un "inversor" más de la organización. En una conversación del 13 de junio de 2024, el jefe del grupo le dice que podían ganar "700.000" euros cada uno si invertían 100.000 por cabeza. "Sí, sí. Yo te invierto, vamos, yo también invierto", le respondió el capitán. Las grabaciones de la causa han sido recurridas por Francisco Galiana, el abogado de uno de los acusados.

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