Durante la Conferencia General de la UNESCO que acaba de celebrarse en la histórica ciudad uzbeka de Samarcanda se ha aprobado una recomendación sobre la “Ética de la Neurotecnología”. Aunque algunos puedan pensar que estos asuntos son aun lejanos y más próximos a los postulados de Isaac Asimov, el documento da cuenta de los desafíos éticos que implica la utilización de dispositivos capaces de leer, modificar o predecir la actividad cerebral. Reconociendo el enorme potencial terapéutico de estas tecnologías, advierte sobre los riesgos que implican para la privacidad mental, la identidad, la libertad de pensamiento y la autonomía personal. El texto, que busca ser un marco global, insta a los Estados a garantizar una regulación que proteja la dignidad humana, la equidad y la justicia, y que prevenga usos comerciales o políticos que manipulen emociones o pensamientos. Asimismo, subraya la necesidad de educación, transparencia y cooperación internacional ante la convergencia entre neurotecnología e inteligencia artificial. En suma, la UNESCO propone un enfoque ético y humanista, que sitúe a la persona en el centro del desarrollo científico y tecnológico, antepuesto a los intereses comerciales que vienen primando hasta la actualidad.

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A la luz de esta noticia, adquirió más sentido y trascendencia la intervención del expresidente del Senado de Chile, Guido Girardi Lavín, en el Congreso Futuro Iberoamericano que tuvo lugar la semana anterior en Madrid con el auspicio de la SEGIB. Ahí presentó la reforma de la constitución chilena, realizada en octubre de 2021, como pionera en el mundo al incorporar los neuroderechos. La modificación de su artículo 19 establece que el desarrollo científico y tecnológico estará al servicio de las personas y se llevará a cabo con respeto a la vida y a la integridad física y psíquica; y dispone que la ley regulará sus condiciones, debiendo “resguardar especialmente la actividad cerebral, así como la información proveniente de ella”.

Girardi Lavín señaló, para terminar, que no es un debate entre tecnoentusiastas y tecnoescépticos, sino que se trata de un debate político. Se está hablando del desarrollo y manejo de un mecanismo de poder y, por ello, no podemos permitir que con nuestros recursos neuronales y emocionales ocurra lo mismo que ha pasado con nuestros “datos” que, sin ser del todo conscientes, los hemos ido entregando a empresas que los utilizan para obtener ganancias económicas a la vez que aumentan su control político. Gracias al “libre albedrío” que reinó en la red, en este momento somos altamente dependientes de un puñado de empresas que forman el oligopolio que gobierna internet.

En una línea de trabajo parecida, y posiblemente alimentada por preocupaciones similares, se inscribe la Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en los Entornos Digitales, aprobada en 2023 por los jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica en la Cumbre de Santo Domingo. La Carta se presenta como un paso hacia una transformación digital más inclusiva, ética y centrada en las personas. Su mayor valor reside en defender que los derechos humanos deben ser plenamente garantizados también en los espacios digitales. Este principio coloca a la persona —y no a la tecnología o al mercado— como eje de la nueva ciudadanía digital. El trasfondo político de la Carta queda patente cuando señala que el acceso equitativo a la red es condición básica para ejercer derechos, participar en la democracia y acceder a oportunidades económicas y culturales. Además, incorpora de forma innovadora la protección de la privacidad, la seguridad de los datos y la ciberseguridad como derechos fundamentales del entorno digital. Otro aspecto relevante es su enfoque transversal sobre educación, salud y cultura digitales, entendiendo que la tecnología debe ser un instrumento de desarrollo humano y promoción de la cooperación iberoamericana para construir un ecosistema digital justo, sostenible y basado en la confianza.

Visto lo anterior, se comprende mejor el empeño de la UE de promover la llamada transición digital en los continentes con los que tiene “partnerships” –política exterior antiguamente conocida como cooperación–. Siempre me ha parecido extraño que ese sea uno de los ejes de la acción exterior hacia América Latina cuando hay puntos de la agenda que, en mi opinión, son más relevantes. Mi sospecha es que, en realidad, la UE busca de esta manera construir un bloque que la ayude a resistir el vendaval que generan las grandes empresas tecnológicas globales, de las cuáles, ninguna de las 10 primeras es europea. Además, dichas empresas –básicamente norteamericanas y chinas– se desarrollan a tal velocidad y desde hace tanto tiempo que ya se han posicionado a una enorme distancia respecto al pelotón, por lo que será muy difícil, en el corto y mediano plazo, una redistribución territorial del poder político, social y económico que han alcanzado esas empresas. Ante esta situación, la propuesta europea no ha sido frontal, sino que se envuelve -como suele hacerlo- en grandes objetivos que parecen altruistas, que a veces confunden más que aclaran y, sobre todo, encubren un trasfondo donde el verdadero fin está en la geopolítica digital, no en la transición digital.En estos días está pasando desapercibida la celebración de la IV Cumbre UE-CELAC por causa de la “cobardía estratégica” de ciertos líderes europeos, que han preferido no molestar a Trump en lugar de fortalecer la relación con una región con la que dicen compartir valores e intereses como con ninguna. Una de las propuestas que la UE lleva a Santa Marta es la “transición digital”.

A través de la EU-LAC Digital Alliance pretende poner en marcha un proceso que trascienda la mera infraestructura tecnológica y busque construir una transformación digital inclusiva, humana y sostenible. Frente a un contexto global dominado por las grandes potencias tecnológicas, en su mayoría privadas, la UE defiende una alternativa centrada en los derechos, la transparencia y la inserción. En definitiva, se busca construir un espacio digital compartido donde la tecnología esté al servicio de las personas y, para ello, la UE está recurriendo, como es habitual, a mecanismos de regulación cada vez más ineficientes debido al carácter global del sistema. Así, la estrategia de la UE hacia América Latina se difumina en declaraciones de buenas intenciones y en la proclama de medidas evidentemente irrealizables por la falta de capacidad tecnológica e inversora de los países de la UE.

Si Europa ha dejado pasar el tren de la revolución digital, aún está a tiempo de plantear un debate político de fondo sobre el extractivismo digital o sobre el oligopolio de las grandes empresas"

Una vez más la UE no aprende de sus errores, no pone de relieve sus capacidades y, menos aún, cuida sus debilidades. ¿Qué ha pasado con las marcas europeas que eran hegemónicas en el origen de la telefonía móvil? Más allá de videos nostálgicos o de memes, Nokia y Alcatel prácticamente han desaparecido. Me pregunto también si la UE ha evaluado el rotundo fracaso de casi todos los intentos de explotar el litio en América Latina por parte de sus empresas, el desastre de la fábrica europea de chips o el uso de fondos europeos por parte de los fabricantes de vehículos chinos que se están estableciendo aquí para producir coches tan baratos que es difícil no sospechar que haya dumping.

La UE se comporta a veces como si fuese de “pobres” o de “personas con mal gusto” el hablar de dinero e intereses materiales concretos. Así, deja en un segundo plano a las infraestructuras, cuando es el único campo en el que los países europeos tienen algo que decir, gracias a la expansión internacional y al control de las redes de telecomunicaciones que mantienen empresas europeas como Deutsche Telekom, Telefónica u Orange, entre otras. Pero claro, aquí el asunto es el que ya planteó un directivo de una de estas empresas: en esta estructura de negocio, quienes ponen las vías ven circular a los que se hacen de oro, sin saber cómo obtener beneficios aun siendo los dueños de la carretera. Si Europa ha dejado pasar el tren de la revolución digital, aún está a tiempo de plantear un debate político de fondo sobre el extractivismo digital o sobre el oligopolio de las grandes empresas. Al tiempo, debería tomar medidas que vayan más allá del rollo de tener que “Aceptar cookies”. Sólo si plantea un giro geopolítico, podrá promover una transición digital creíble en América Latina.

Francisco Sánchez es director del Instituto Iberoamericano de la Universidad de Salamanca. Aquí puede leer todos los artículos que ha publicado en El Independiente.

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