Acciona ha decidido suspender cautelarmente en sus funciones a los dos empleados citados como investigados por el Tribual Supremo, Tomás Olarte Sanz y Manuel José García Alconchel. La constructora ha reaccionado así al auto dictado por el instructor de la causa en la que se cita también al ex director general de su división de Construcción, Justo Vicente Peligrini.

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La empresa afirma en un comunicado haber conocido también el contenido del informe policial incorporado a la causa. Entre 2015 y 2025 mantuvo relaciones comerciales con Servinabar 2000 S.L., una de las empresas señaladas en la investigación, dentro de proyectos de construcción y obra civil ejecutados en España, tanto de forma directa como a través de uniones temporales de empresa (UTE).

Según remarca la compañía que preside José Manuel Entrecanales, la facturación acumulada de estos contratos alcanzó los 5,7 millones de euros en diez años. Acciona sostiene que todos los contratos suscritos con esta compañía cumplen los estándares de cumplimiento normativo y ética empresarial exigidos por el grupo.

Además, añade que los pagos asociados están validados mediante facturas, contabilizados y ejecutados a través de canales bancarios y que responden a servicios efectivamente prestado. "De ninguna manera pueden ser considerados pagos de facilitación por adjudicación de obra pública", subraya la compañía.

La constructora afirma desconocer el uso que Servinabar pudiera haber dado a los fondos abonados y rechaza cualquier responsabilidad al respecto. La empresa también niega haber realizado pagos de cualquier tipo a las personas físicas mencionadas en la causa judicial.

Acciona explica también que, tras conocer los hechos que dieron origen a la investigación, adoptó medidas preventivas el pasado mes de junio. Entre ellas, la rescisión de todos los contratos y acuerdos de asociación vigentes con Servinabar 2000 S.L., así como la terminación de la relación laboral con Justo Vicente Pelegrini. Acciona aclara que esta suspensión cautelar sobre Olarte Sanz y García Alconchel. no implica un juicio previo sobre su responsabilidad. Todos están citados a declarar el próximo 3 de diciembre.

En paralelo, la empresa subraya su "confianza en el sistema público de contratación" y su convicción de que los procedimientos de adjudicación bajo investigación se desarrollaron conforme a la ley. Asimismo, niega haber obtenido ventajas indebidas en dichos procesos.

En este sentido, reitera su compromiso con los máximos estándares de ética y cumplimiento normativo. Asimismo, afirma que adoptará las medidas pertinentes si se demuestra que algún empleado incurrió en conductas irregulares y se reserva la posibilidad de emprender acciones legales en caso de que la actuación de terceros haya causado perjuicios a la compañía.

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