A partir de las diez de la mañana de este jueves el candidato del PP postulado para suceder a Carlos Mazón al frente de la presidencia de la Generalitat valenciana, tras su caída por la gestión de la dana, pedirá el voto a las Corts con su discurso de investidura. El pronunciamiento de Juanfran Pérez Llorca, además de lo formal y de trasladar las líneas de gobierno, adquirirá un carácter añadido: será la llave para que Vox, con un acuerdo ya despejado, verbal, dé su aval a la investidura. Los ultraconservadores, lejos de recoger en un documento el pacto de gobierno, como se acostumbra en cada alianza que se ha producido con el PP, prefieren que ese compromiso sea público, para que quede una constancia visual de ello. No hay confianza en vistas, dicen, a pactos anteriores en otras regiones.

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El pronunciamiento de Pérez Llorca tendrá un paralelismo con la comparecencia dada por Mazón en marzo de este año, cuando a cambio del sí a los presupuestos de Vox, el popular se posicionaba en contra de la inmigración ilegal y la agenda climática con cuestiones como el Pacto Verde. En todo caso, las líneas generales de lo debatido en las últimas tres semanas entre el PP valenciano y Vox, con su vicepresidente y secretario general, Ignacio Garriga, como máximo negociador, no provoca discrepancias al PP nacional. Es más, fuentes de Génova trasladan que "el sentido" que conocen del discurso de su candidato sigue la línea de "los valores" que respalda el partido.

Ya el lunes el portavoz nacional, José Antonio Fúster, de Vox dio cuenta de que ese compromiso explícito durante su discurso de investidura era esencial para que Pérez Llorca prosperase. El PP valenciano es consciente de la exigencia de Vox, de pronunciarse abiertamente, desde los primeros días en los que echaron a andar las conversaciones.

Desde el aparato aún presidido por Mazón -que tendrá que ser relevado posteriormente- no ven inconveniente para no dar cumplimiento a esa exigencia. Génova, igualmente, tampoco viene mostrando reparos a hacerlo. La línea roja siempre ha sido todo lo que sobrepase la Constitución o la propia ley. Y de lo propuesto por Vox, de unas medidas que no se conocen en detalle pero que impregnarán el discurso, nada rechina a los de Alberto Núñez Feijóo. El papel de Madrid se ha limitado a abrir el diálogo con Santiago Abascal el día siguiente de la dimisión de Mazón, a través de una llamada, para coincidir en la necesidad de dar estabilidad a la Comunidad Valenciana. En añadido, con la designación de Pérez Llorca tras un encuentro con Feijóo en la capital el 7 de noviembre. Y, en esta ocasión, dando el 'ok' a los ejes acordados con Vox.

En el PP dan por sentado que este jueves por la tarde se materializará la investidura para, a partir del viernes, "empezar una nueva etapa". Independientemente de los asuntos tratados, para los populares la prioridad es continuar la reconstrucción valenciana. Vox coincide en ello, aunque ha aprovechado para influir más ideológicamente en uno de los enclaves donde más cómoda ha tenido la convivencia con el PP, en contraste que con Génova.

La competencia entre partidos nacionales sigue al rojo vivo. Feijóo cada vez quiere dar más peso a la inmigración frente a Vox. En el partido reconocen que es uno de los principales temas, algo que, entre otros, reflejan sondeos como el último CEO, que correlaciona esa materia con el crecimiento de fuerzas como Aliança Catalana. De hecho, Vox ha vuelto a dar un sorpasso al PP en Cataluña al galope de la denuncia de la inseguridad y la inmigración ilegal.

Por otro lado, el clima preelectoral en Extremadura no ayuda: Abascal permanentemente compara a populares y socialistas para reivindicarse. Hay una estrategia de diferenciación clara de Vox con el PP, que incluye mezclarse lo menos posible con Génova para conseguir el mayor respaldo posible en unas próximas generales para luego, paradójicamente, exigir carteras de gobierno. En los sondeos, ese distanciamiento les va bien.

Gestos que gustan a Vox

De esas líneas generales que habla Génova se deduce que habrá un reiterado compromiso en contra de esa inmigración ilegal y de esa agenda climática. Ha habido ya guiños de los populares estas semanas: el registro de su plan de inmigración nacional para abrir el debate con el Gobierno, para denunciar su gestión, que consideran pésima en este ámbito; y votando en contra del objetivo de reducir en un 90% las emisiones contaminantes para 2040 en el Parlamento Europeo. Algo que se hizo de la mano de los socios de Vox, de su grupo Patriotas por Europa y de sus exsocios de los Conservadores y de los Reformistas Europeos (ERC).

En detalle, se esperan menciones a asuntos como los retornos de menores extranjeros no acompañados con sus familias de origen; la tramitación exprés de las acogidas para determinar si se tratan o no de menores, con pruebas de edad, o el rechazo explícito del Govern a seguir acogiendo a instancias del Gobierno. Ello está mencionado dentro de ese plan nacional del PP, presentado al público hace algo más de un mes. Ese respeto a la legalidad que comentan los populares impide una oposición frontal al criterio del Ejecutivo para acogidas, pero va ligado a utilizar todos los medios y herramientas posibles para evitar o impedirlo. Por ejemplo, los recursos judiciales.

Por otro lado, en cuanto a pugna contra la agenda climática, es una evidencia que habrá mención a la necesidad de construcción de diques y presas como pidió Abascal desde el Congreso a Feijóo. Algo que Génova avala en su Plan Valencia con una inversión en construcciones hídricas, entre otras remodelaciones para la Comunidad Valenciana, de apuesta de futuro, valorado en total en 12.000 millones de euros. Este mismo miércoles, en la sesión de control del Congreso, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, reveló que la Generalitat envió una carta al Ejecutivo pidiendo "un plan energético libre de las imposiciones climáticas de Bruselas", algo que se ajusta a las exigencias de Vox -que lo ha aplaudido- y que se produce en un momento clave, tras las negociaciones. Aquí entran otros asuntos, como el rechazo de los de Abascal a la zona de bajas emisiones en Valencia.

Ambos pilares se aderezarán en el discurso de Pérez Llorca con alusiones económicas. Vox quiere una bajada clara de impuestos que beneficien al campo y a la ganadería, a la pesca, pero, especialmente, que permita mejorar la situación de los afectados de la dana.

Sin presencia de Feijóo o Abascal en la investidura

Ninguno de los dos líderes nacionales irá a la investidura de Pérez Llorca. Desde el PP se apunta a que Feijóo no fue a ninguna salvo a la de Alfonso Rueda, ya que era el presidente saliente allá por 2022. Tampoco está previsto que se desplace hasta Valencia Abascal. Ambos estarán en el Congreso durante la sesión plenaria, en la que se debaten asuntos como la senda de estabilidad del Gobierno, destinada a la elaboración de los próximos Presupuestos Generales del Estado, y la convalidación del último decreto ley de ayudas a los afectados de la dana. Se augura un claro fracaso para el Ejecutivo en la primera, al no contar con el respaldo de Junts. El PP habla de un jueves negro para Sánchez, que además del contexto parlamentario, verá cómo otro exmano derecha, José Luis Ábalos, previsiblemente entra en prisión provisional.

Ahora el reto del PP en Valencia es ver cómo pincelar el relevo orgánico de Mazón. Con una investidura casi asegurada, los populares se orientan o bien a que en las próximas semanas una reunión de la Junta Directiva Nacional designe a Pérez Llorca como presidente de tránsito, o bien se apueste por una gestora. Mazón quedará relegado como un diputado más al no querer abandonar el acta.

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