La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha presentado este viernes el informe de la Comisión Asesora para el Análisis del Salario Mínimo InterprofesionaI que plantea la subida de esta referencia para el próximo 2026. Los expertos han planteado dos escenarios, en los que en ambas propuestas se mantienen por encima de la inflación —en el mes de noviembre se situó en el 3%—.

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En el primer escenario, es decir, si el SMI no tributa en el IRPF, los expertos han propuesto una subida del 3,1%, lo que supondrían 17.094 euros brutos al año (1.221 euros al mes en 14 pagas). Y en el segundo escenario, una subida del 4,7% si el salario mínimo finalmente tributa, lo que equivale a 17.360 euros brutos anuales (1.240 euros mensuales).

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Actualmente, el SMI se encuentra en los 1.184 euros brutos anuales. La subida presentada por la Comisión de Expertos supondría elevar la cuantía en 518 euros anuales (37 euros mensuales) en el primer escenario o 784 euros anuales (56 euros mensuales) en el segundo. De esta forma, en ambos casos el incremento será superior a los 1.200 euros mensuales, en línea con las propuestas de los sindicatos y los empresarios.

Además, la ministra de Trabajo ha aprovechado la rueda de prensa para responder directamente a la posición de las organizaciones empresariales, que han condicionado cualquier subida del SMI a que se mantengan las reglas de absorción y compensación previstas en el Estatuto de los Trabajadores. Díaz ha denunciado que esta práctica vacía de contenido las subidas del salario mínimo y evita que se traduzcan en una mejora real de las condiciones de vida de los trabajadores: "El resultado es que esa persona no gana lo que debe, su vida no mejora y los esfuerzos que estamos haciendo se disminuyen". Por ello, ha avanzado que el Gobierno trabaja en una reforma de la norma que regula el SMI para impedir que el incremento salarial sustituya derechos ya existentes y para "blindarlo legalmente".

Propuesta sindical

En su propuesta presentada el 25 de noviembre, CCOO y UGT plantearon dos niveles de subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2026 en función de si tributase o no en el IRPF. Si el SMI quedaba exento, los sindicatos propusieron elevarlo hasta los 17.024 euros brutos anuales (1.216 euros en 14 pagas), un incremento del 2,7%. Y en el escenario de tributación, plantearon un SMI de 1.273 euros mensuales (17.822 euros al año), equivalente a una subida del 7,5%.

Según explicaron entonces, el segundo escenario buscaba compensar el impacto del IRPF y garantizar que, tras la tributación, los perceptores del salario mínimo siguieran cobrando el equivalente al 60% del salario medio neto, la referencia que fija la Carta Social Europea. De hecho, los sindicatos defendieron que la tributación del SMI debía "normalizarse" dentro del sistema fiscal para evitar situaciones que consideran incoherentes, como que un trabajador que cobra el salario mínimo quede exento mientras otro que percibe una cuantía ligeramente superior por convenio colectivo sí tribute.

Propuesta empresarial

Por su lado, las patronales —CEOE y Cepyme— dieron a conocer su propuesta este martes. En un comunicado conjunto, plantearon una subida del Salario Mínimo Interprofesional de hasta el 1,5% para 2026, independientemente de si tributaba o no, lo que situaría el SMI en 16.824 euros brutos anuales, equivalentes a 1.202 euros mensuales en 14 pagas.

En cuanto a la referencia del 60% del salario medio neto, CEOE y Cepyme sostuvieron que el SMI ya había alcanzado e incluso superado ese umbral en un 4,9% si se tomaba como base la Encuesta de Población Activa (EPA), una estadística que consideraban que tenía "un dato más real y actualizado" que los de la Encuesta de Estructura Salarial (EES) utilizada por el Ministerio de Trabajo.

Además, los empresarios añadieron que la EES excluía sectores como la agricultura, la ganadería, la pesca o el empleo doméstico —con alta presencia de perceptores del SMI—, lo que sobredimensionaba el salario medio. De hecho, afirmaron que, aplicando estrictamente la referencia del 60% con los datos de la EPA, no sería necesaria ninguna revalorización del SMI en 2026, aunque defendieron el incremento del 1,5% por coherencia con la subida prevista para los empleados públicos y con los objetivos de la directiva europea sobre salarios mínimos.

En cualquier caso, la decisión final no dependerá solo del Ministerio de Trabajo. Será el Ministerio de Hacienda quien tenga la última palabra sobre si el Salario Mínimo Interprofesional debe tributar o no en el IRPF, una cuestión clave porque de ella depende cuál de los dos escenarios planteados por la Comisión de Expertos acabe aplicándose en 2026.