La Audiencia Nacional ha recibido la causa sobre el rescate presuntamente irregular de la aerolínea Plus Ultra, después de que la titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, haya tomado la decisión de inhibirse. En 2021, la compañía recibió una ayuda de 53 millones de euros por el Gobierno que ahora será examinado por el Juzgado de Instrucción 2 de la Audiencia, que dirige Ismael Moreno, instructor a su vez del 'caso Koldo'.

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Así lo confirman fuentes jurídicas a El Independiente. En este procedimiento figuran como investigados el presidente de la compañía, Julio Martínez Sola, y el CEO, Roberto Roselli, así como el empresario Julio Martínez Martínez, cuyo nombre ha saltado al foco mediático después de que se dieran a conocer sus vínculos empresariales con el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, quien ha negado siempre que intercediera en el rescate.

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Según ha adelantado este viernes El Mundo, Collazos considera que el órgano competente para instruir los hechos es la Audiencia Nacional debido a la "nueva dimensión" que ha adquirido el procedimiento. Sin embargo, dado que Moreno se inhibió en 2024 cuando ya tuvo en sus manos el rescate de Air Europa y fue su compañero José Luis Calama quien rechazó entonces admitir una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción —al entender que no era competente y derivarla al Juzgado de Instrucción número 15, que acabó archivando la causa—, será este segundo magistrado quien deba resolver ahora si la Audiencia es competente para investigar el caso.

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que los 53 millones concedidos por el Consejo de Ministros se destinaron, al menos en parte, a la devolución de préstamos otorgados a la aerolínea por sociedades vinculadas a una presunta trama criminal asentada en Francia, Suiza y España. Dicha organización estaría constituida por "personas extranjeras, nacionalizados españoles y al menos un abogado español", y se dedicaría a “la realización de actos de blanqueo en los tres países citados".

Según el Ministerio Público, los fondos ilícitos procederían de actos de malversación cometidos por altos funcionarios en Venezuela, en concreto de programas públicos de alimentos subsidiados y de ventas de oro del Banco de Venezuela. Plus Ultra habría firmado contratos de préstamo con tres sociedades supuestamente implicadas en esas operaciones, que posteriormente fueron reembolsados en fechas próximas a la recepción de la ayuda pública.

La Policía Nacional detuvo el pasado 11 de diciembre a Martínez Sola y registró la sede de la compañía, en el marco de la investigación del Juzgado de Instrucción 15 de Madrid tras una denuncia de Anticorrupción que apuntaba al "uso indebido" de los 53 millones de euros que el Gobierno, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), concedió a la empresa, así como al presunto blanqueo de fondos públicos y de oro de Venezuela en varios países.