El jefe de la UCO plantó cara al DAO: se negó a que interrogaran a sus agentes y avisó de que no le facilitarían datos "bajo secreto"

La tensión en la cúpula de la Guardia Civil durante las investigaciones que afectan al entorno del Gobierno de Pedro Sánchez incluye un episodio dentro de los despachos oficiales de la Dirección General. Según consta en los documentos y declaraciones bajo juramento del sumario judicial al que ha tenido acceso El Independiente, el entonces coronel jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) plantó cara de forma tajante al Director Adjunto Operativo (DAO), el teniente general Manuel Llamas, negándose a someter a sus investigadores a un interrogatorio administrativo y advirtiendo de que no se facilitaría ni un solo dato de las pesquisas amparadas por el secreto judicial.

Este choque en el Instituto Armado se desencadenó en mayo de 2025. Apenas unas horas después de que el diario El Mundo publicara los mensajes de WhatsApp intercambiados entre el presidente del Gobierno y el exministro José Luis Ábalos, el DAO Manuel Llamas activó una maquinaria de reacción rápida y ordenó la apertura de una información reservada de carácter urgente para investigar si la UCO era el origen de la filtración periodística.

Para dirigir esta investigación interna, el DAO sorteó los canales habituales de la Policía Judicial y nombró como instructor al general de división Antonio Cortés Ruiz, jefe de la Jefatura de Armas, Explosivos y Seguridad (JAES), un mando ajeno a las pesquisas anticorrupción. Sin embargo, la ofensiva de la cúpula militar se topó de inmediato con un muro de resistencia legal y deontológica levantado por los propios mandos de la UCO.

"Yo seré el único que declare"

Según la declaración testifical del general instructor Antonio Cortés, el intento de fiscalizar administrativamente a la unidad de élite de la Guardia Civil provocó una rebelión interna justificada en el estricto cumplimiento de la legalidad penal.

Al poco tiempo de ordenarse la investigación, el instructor se reunió con el jefe de la Jefatura de Policía Judicial (JPJ), el general Alfonso López Malo, y con el entonces coronel jefe de la UCO. Ambos mandos le trasladaron de inmediato que la apertura de una investigación administrativa paralela sobre una causa judicializada "no sería del agrado de los magistrados responsables".

Fue en ese encuentro donde el jefe de la UCO fijó una línea roja infranqueable para proteger a sus subordinados de las presiones de la cúpula. El coronel jefe de la unidad notificó formalmente al general instructor que, bajo ningún concepto, permitiría que se tomara declaración de forma individualizada a los agentes y analistas que componían el grupo de investigación.

"El Jefe de la UCO le participó que, en caso de apertura de la información reservada, él sería la persona que prestase declaración o contestase al requerimiento que le pudiera ser enviado", dice textualmente el acta de declaración del general Cortés. Con este movimiento, el mando de la UCO se ofreció como único portavoz y escudo de sus hombres, evitando que los investigadores del 'caso Koldo' y de las tramas de hidrocarburos fueran sometidos a interrogatorios internos por parte de la dirección política del Cuerpo.

El escudo del secreto judicial

El desafío de la UCO a las órdenes del DAO no se limitó a blindar a su personal. El coronel jefe de la unidad fue un paso más allá y desarmó la capacidad de la información reservada para acceder a las pruebas intervenidas en la causa penal.

El jefe de la UCO advirtió formalmente al instructor de que la unidad "no aportaría ningún dato relativo a la investigación en curso". El argumento legal era que los agentes actuaban en calidad de Policía Judicial y habían recibido instrucciones directas y estrictas de los magistrados competentes —el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional— de mantener el riguroso secreto de las actuaciones. La ley procesal penal y el mandato del juez, recordó la UCO, prevalecían sobre cualquier orden de carácter administrativo o disciplinario dictada desde el despacho del DAO.

Esta firme postura de la UCO dejó al general instructor de la Guardia Civil sin margen de maniobra. Los investigadores se negaron a entregar copias de los chats, de los volcados de los teléfonos móviles o de los informes en elaboración, impidiendo que la cúpula de la Guardia Civil tuviera acceso por la puerta de atrás a una causa declarada secreta que cercaba al exministro de Transportes y salpicaba a la organización del PSOE.

Una investigación "para asustar"

La resistencia de la UCO estuvo respaldada por la ley. El 13 de mayo de 2025, el general de Policía Judicial, Alfonso López Malo, advirtió al instructor de que era físicamente imposible que la UCO hubiera filtrado los mensajes publicados por El Mundo. El motivo era que el dispositivo móvil del que supuestamente procedían los chats estaba en poder de la UCO, pero su archivo más moderno databa de octubre de 2021, mientras que las conversaciones publicadas en prensa eran de fechas muy posteriores.

A pesar de que el propio DAO admitió en privado el 14 de mayo que "tenía claro que la filtración no salía de la UCO", la dirección de la Guardia Civil mantuvo abierto el expediente administrativo durante dos semanas más. Según revelan las conversaciones del sumario, estas informaciones reservadas —se abrieron hasta tres contra la UCO entre 2024 y 2025— no buscaban un resultado disciplinario real, sino que se utilizaban de manera excepcional "para asustar" e "intimidar" a los investigadores.

El pulso solo se desactivó cuando la justicia intervino. Durante la semana del 19 de mayo de 2025, el magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, citó en su despacho al general instructor y le advirtió de manera "tajante" de que, si la Guardia Civil continuaba con la investigación administrativa sobre una causa judicializada, abriría de inmediato diligencias penales contra el propio instructor y contra el DAO, Manuel Llamas, por interferencia ilícita.

Ante la amenaza real de acabar imputados por el Tribunal Supremo, el DAO ordenó el cierre y archivo exprés de la información reservada el 26 de mayo de 2025, sin que la UCO hubiera cedido un solo documento ni permitido que se tocara a uno solo de sus agentes.