Mafias, escuchas y una opaca relación bilateral: informe de un asalto

En el antiguo Hospital Militar de Ceuta se reunieron durante los primeros días de agosto más cuerpos de los que cabrían en la morgue de cualquier provincia española. El Gobierno de la ciudad autónoma contabilizó 88. La Delegación del Gobierno dio 72. La Asociación Unificada de la Guardia Civil calculó un centenar. El Ministerio del Interior marroquí admitió once, más un muerto por caída en una zona rocosa. Casi todos se ahogaron. Algunos cuerpos llegaron con lesiones de aplastamiento, lo que indica que no siempre fue el mar lo que mató. Sobre esos muertos se ha levantado en dos semanas una explicación que lo ordena todo.

Entre el 16 y el 18 de julio, catorce medios coordinados por Forbidden Stories publicaron una investigación sobre la maquinaria de vigilancia marroquí, con verificación técnica del Security Lab de Amnistía Internacional. El material incluía documentos internos, registros de objetivos y el testimonio de un antiguo agente de la Dirección General de Vigilancia del Territorio, la DGST, identificado como Safir, contrastado con el de otros dos exagentes. Doce días después, la noche del 30 al 31 de julio, unas 72.000 personas entraron irregularmente en Ceuta. El 12 de agosto, El Confidencial publicó que dos antiguos agentes marroquíes exiliados atribuían la avalancha a una represalia de sus antiguos servicios: una venganza medida que se les fue de las manos.

La secuencia tiene la tension de una novela policial. Ése es el primer motivo para examinarla despacio.

El 'socio' que escucha

La mitad inicial de la historia está razonablemente acreditada. Marruecos utilizó Pegasus. La investigación sitúa el comienzo en 2017, después de que representantes de NSO Group mostraran a altos responsables marroquíes, en una villa de Rabat, cómo el programa accedía de forma remota al micrófono, la cámara y los mensajes de un teléfono. En los registros de objetivos aparecieron periodistas, disidentes rifeños, dirigentes del Frente Polisario, siete ministros franceses y más de doscientos números españoles. La mayoría de esos números españoles corresponden a marroquíes exiliados en España. Rabat lo ha negado durante cinco años y sigue negándolo.

También está acreditado que los teléfonos de Pedro Sánchez, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska fueron infectados: consta en la denuncia que el propio Gobierno presentó ante la Audiencia Nacional en mayo de 2022. Lo que no logró establecerse fue la autoría. La causa volvió a archivarse en enero de 2026. Se encontró el proyectil y no la mano que disparó, porque el laberinto de licencias, servidores, sociedades interpuestas y nombres en clave que protege a Pegasus sólo se recorre con colaboración israelí, y esa colaboración no llegó.

Hay un hallazgo más desagradable que el espionaje a los ministros. Desde 2014, la Guardia Civil envió instructores del Grupo de Apoyo Operativo a formar a agentes marroquíes en vigilancia y contravigilancia. Mientras enseñaban, sus anfitriones les intervenían los teléfonos. No hizo falta Pegasus para eso: bastaba con controlar la infraestructura de Maroc Telecom e identificar los terminales de quienes acababan de bajar del avión. El número personal de un coronel que había sido jefe de información en Cataluña aparece cinco veces entre los objetivos seleccionados, en marzo de 2019. Los guardias civiles viajaban sin las precauciones que sí adoptaban los agentes de la Policía Nacional, porque no consideraban necesario protegerse de un aliado. Un responsable del cuerpo lo ha llamado "traición".

La palabra es comprensible y es inexacta. Los Estados no tienen amigos en el sentido en que los tienen las personas. Tienen intereses que a veces coinciden durante un tiempo. Un servicio extranjero puede desmantelar por la mañana una célula yihadista junto a sus colegas españoles y dedicar la tarde a averiguar qué piensa de Marruecos el Gobierno con el que acaba de trabajar. Lo llamativo no es que Rabat lo hiciera. Es que Madrid siguiera comportándose como si no ocurriera.

Las redes explican bien cómo se reunieron decenas de miles de personas en la orilla marroquí. No explican por qué pudieron cruzar

El 11 de noviembre de 2025, en la sede de la Dirección General de la Guardia Civil, el ministro del Interior impuso a Abdellatif Hammouchi la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, la máxima distinción del cuerpo. Hammouchi dirige a la vez la policía marroquí y la DGST, el servicio señalado por la investigación como responsable del espionaje. El acuerdo del Consejo de Ministros que permitía la concesión databa de 2019 y se ejecutó seis años después, cuando ya se sabía todo lo relevante. El ministro que colgaba la cruz era una de las tres víctimas de la denuncia presentada por su propio Gobierno.

No fue un gesto aislado. A principios de julio de 2026, tres semanas antes de la avalancha, la Jefatura de Información de la Guardia Civil propuso a Interior condecorar a ocho altos cargos de la DGSN y la DGST con motivo del septuagésimo aniversario de los servicios marroquíes.Las cruces se entregaron en Rabat. Esa misma Jefatura de Información es ahora una de las unidades llamadas a esclarecer lo que sucedió el 30 de julio en el Tarajal.

La dependencia que explica esos actos es real y no tiene nada de misteriosa. Marruecos controla la salida de las pateras, comparte información sobre yihadismo, persigue el hachís y vigila la única frontera terrestre que Europa tiene en África. España necesita a Hammouchi de un modo que ningún ministro puede permitirse decir en voz alta. La contrapartida de esa necesidad aparece siempre en el mismo punto: quien sostiene un dispositivo puede aflojarlo durante unas horas sin dar explicaciones a nadie. Que eso ocurriera el 30 de julio sigue sin estar demostrado.

No existe una orden conocida. No ha aparecido una comunicación interceptada, un cambio documentado de instrucciones ni el relato de un agente que estuviera en la sala donde se decidió. Los dos exagentes que hablaron con El Confidencial viven exiliados en países occidentales y describen la lógica de una institución que conocen bien, lo que no equivale a conocer lo que se ordenó aquella noche. Su versión, además, incorpora un detalle que la complica: sitúa el castigo el día de la Fiesta del Trono, la fecha en que Marruecos celebra la entronización de Mohamed VI, y sostiene que el rey se enfadó con quienes lo ejecutaron. Cabe leerlo como una operación desbordada o también como la reconstrucción posterior de algo que nadie llegó a ordenar. La proximidad con las revelaciones de Pegasus es un indicio serio. No es una cadena de mando.

La supuesta 'sentencia-cebo'

Hay, en paralelo, una explicación sostenida por hechos que sí pueden consultarse. El 29 de junio, la Sección Quinta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo dictó la sentencia 814/2026, al resolver el recurso de la Abogacía del Estado en el caso de un ciudadano argelino interceptado en el mar el 14 de noviembre de 2024 cuando intentaba llegar a nado a Ceuta. La Sala fijó doctrina: quien entra nadando no supera ningún elemento de contención fronterizo, de modo que no le es aplicable la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería. Debe seguirse el procedimiento ordinario de devolución, con expediente motivado, intérprete y abogado. La sentencia no reconoce derecho alguno de permanencia ni de asilo. Cambia el trámite.

Quien sostiene un dispositivo puede aflojarlo durante unas horas sin dar explicaciones. Que eso ocurriera el 30 de julio sigue sin estar demostrado

En las redes marroquíes el matiz jurídico duró lo que dura un audio de WhatsApp. La resolución se transformó en el anuncio de que España había dejado de devolver a nadie. Aparecieron grupos, mapas del espigón, horarios de marea, puntos de reunión. En los días previos llegaron autobuses a Castillejos en un número que la inteligencia española advirtió como anómalo. Cuatro días después de la avalancha, el propio Ministerio del Interior marroquí reconoció en un comunicado que el éxodo no había sido espontáneo, y atribuyó la organización a las mafias. El Gobierno español ofreció esa misma explicación. Que Madrid y Rabat coincidan en la responsable no convierte la coincidencia en prueba: las mafias son la única respuesta que a ninguno de los dos le resulta cara.

Las redes explican bien cómo se reunieron decenas de miles de personas en la orilla marroquí. No explican por qué pudieron cruzar. Una organización criminal puede vender un billete y dibujar un mapa. No decide cuántos gendarmes permanecen esa noche junto al espigón.

Por qué entraron 72.000 personas en Ceuta

Ésa es la pregunta que ha llegado a los tribunales. La magistrada titular del Tribunal Central de Instancia número 3 incoó diligencias previas a raíz de una denuncia de Iustitia Europa y ha reclamado informes a la UCRIF y a la Guardia Civil sobre los avisos recibidos en los días anteriores. La Audiencia Nacional aún debe resolver si es competente. El ministro del Interior sostiene que el CNI no emitió ninguna alerta específica, aunque admite que existían advertencias generales.

Ninguna de las hipótesis disponibles resulta cómoda. Puede que hubiera una decisión política marroquí, tomada por Pegasus o por razones más amplias que Pegasus. Puede que se produjera un fallo inicial que las redes y las organizaciones criminales ampliaron hasta desbordar a todos. Puede que los servicios españoles no vieran venir lo que se preparaba a doce kilómetros de la frontera, o que lo vieran y nadie actuara. Las tres cosas pueden haber sucedido una detrás de otra, que es como suelen suceder las catástrofes.

Lo verificable es más modesto y más grave. España construyó durante una década una relación de seguridad con un servicio que la espiaba mientras la instruía, siguió condecorándolo después de saberlo y hoy depende de él para averiguar qué ocurrió la noche en que murieron entre 70 y 100 personas frente a una playa española. Más de 70.000 de las que cruzaron regresaron a Marruecos en los días siguientes, en una operación de retorno que sólo fue posible porque Rabat volvió a cooperar.

El Supremo había escrito en junio que nada impediría aplicar el rechazo en frontera si existieran elementos de contención en el mar. El 1 de agosto, la Guardia Civil, la Armada y Salvamento Marítimo empezaron a instalar en el Tarajal una barrera neumática de quinientos metros.

Muerte en la frontera, fiesta en el jardín

Cuarenta y ocho horas necesitó el Estado para responder a una sentencia de su propio Tribunal Supremo. La diplomacia fue más rápida todavía. El 30 de julio, con los primeros cuerpos aún en el agua, el ministro de Asuntos Exteriores convocó a un embajador. No al de Marruecos: al de Italia, Giuseppe Buccino Grimaldi, por un mensaje que su ministro, Antonio Tajani, había publicado en X proponiendo cerrar Schengen con España y atribuyendo la avalancha a la regularización aprobada en Madrid.

A la misma hora, en la avenida de Miraflores, la embajadora de Marruecos abría las puertas de su residencia. Karima Benyaich celebraba en Puerta de Hierro la Fiesta del Trono, la recepción más concurrida del calendario diplomático de Madrid. Por el jardín pasaron Felipe González, el Defensor del Pueblo, el ministro de Agricultura, el magistrado Santiago Pedraz y Juan Luis Cebrián. La embajadora no eludió el asunto que ocupaba los corrillos. Dijo que lo ocurrido no era algo que complaciera a su país, pidió el regreso de quienes habían cruzado y recordó que sólo catorce kilómetros separan y unen a los dos Estados.

Benyaich ocupa el puesto desde 2018 y fue la primera mujer en hacerlo. Es hija de Fadel Benyaich, médico personal de Hassan II, abatido durante el golpe fallido de Sjirat en 1971, y de Carmen Millán, granadina. El rey se hizo cargo entonces de la viuda y de los hijos, que se educaron en la Escuela Real junto a los suyos. La embajadora comparte edad e infancia con Mohamed VI. Su hermano Fadel Mohamed ocupó la embajada en Madrid hasta que ella lo relevó, de modo que la representación marroquí en España lleva doce años en manos de la misma familia.

La relación española con Marruecos no ha producido ningún papel que un juez pueda leer

Ahí está la diferencia con Italia, y no consiste sólo en a quién se convoca. Roma externaliza por escrito. Firmó en 2017 el memorándum con la guardia costera libia, después el acuerdo con Túnez, después el protocolo con Tirana que levantó dos centros en Shëngjin y Gjadër, costeados por Italia y gestionados por funcionarios italianos. Son documentos públicos, y por eso recurribles: la Corte de Apelación de Roma rechazó la retención de migrantes en Albania y obligó a trasladarlos a Bari. La relación española con Marruecos no ha producido ningún papel que un juez pueda leer, sino una amistad de infancia y una recepción anual en un jardín de Puerta de Hierro. En la lista de países de origen seguros que la Unión Europea aprobó este año figura Marruecos.

Ése ha sido el balance diplomático de la crisis. Contra el servicio que intervino los teléfonos de los guardias civiles que lo estaban instruyendo, y contra el Gobierno que lo ampara, España no ha retirado ninguna condecoración, no ha llamado a consultas a su embajador en Rabat ni ha reclamado una explicación que conste por escrito. La protesta formal fue para Roma. La única obra levantada desde el 30 de julio son quinientos metros de caucho.

El día que los fondearon, en el antiguo Hospital Militar seguían las tareas de identificación. Había cuerpos que todavía no tenían nombre.