El juego en España vive una etapa de cifras récord. Lejos de estancarse tras los sucesivos endurecimientos regulatorios, el sector ha intensificado su crecimiento y ha reforzado su capacidad de adaptación tecnológica. O lo que es lo mismo: la consolidación de una forma de entretenimiento sana, legal y cada vez más digital.

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La combinación de innovación, competencia y supervisión pública dibuja un escenario complejo donde conviven oportunidades económicas y exigencias de protección al consumidor.

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A falta de conocer las estadísticas finales de 2025, las de  2024 reflejan un avance sin paliativos. El margen neto de juego superó los 1.454 millones de euros, lo que representa un incremento cercano al 18%  en comparación con el ejercicio previo.

El número de usuarios activos rozó los dos millones de cuentas registradas, con un aumento interanual superior al 20% y un crecimiento todavía más pronunciado en nuevas altas.

Operadores consolidados y marcas como Casino777 online disputan visibilidad en un mercado que se sitúa entre los más dinámicos de Europa.

Digitalización y transformación del mercado

El auge no se limita a los ingresos. También se observa una transformación profunda en los hábitos de consumo.

La penetración del canal móvil es dominante y la experiencia de usuario se ha sofisticado mediante interfaces más intuitivas, sistemas de verificación digital y métodos de pago instantáneos.

La integración de wallets electrónicas y transferencias inmediatas ha reducido fricciones, ampliando el acceso a nuevos perfiles demográficos. Este proceso de digitalización ha favorecido una expansión sostenida incluso en un entorno regulatorio exigente.

En paralelo al crecimiento, la cuestión de la seguridad ha adquirido un papel central. El aumento de operadores y la proliferación de ofertas obliga a extremar la transparencia.

En un mercado con cientos de dominios activos, la validación independiente se ha convertido en un factor determinante para generar confianza y minimizar riesgos reputacionales y financieros.

Publicidad, inversión y giro judicial

Uno de los elementos más llamativos del último ejercicio ha sido el fuerte repunte de la inversión publicitaria. El desembolso total en marketing superó los 526 millones de euros, con un crecimiento superior al 30% respecto al año anterior.

Este incremento resulta especialmente significativo si se tiene en cuenta el marco restrictivo que limitaba la publicidad audiovisual a la franja nocturna. La explicación se encuentra en el pronunciamiento judicial que alteró temporalmente el equilibrio normativo.

En abril de 2024, el Tribunal Supremo estimó parcialmente el recurso presentado por la patronal del sector frente al decreto que regulaba la comunicación comercial del juego.

La sentencia 527/2024 reconoció que la publicidad constituye una manifestación de la libertad de empresa, susceptible de limitación por razones de interés general, pero cuestionó la vía reglamentaria utilizada para imponer determinadas prohibiciones.

El fallo consideró que ciertas restricciones debían haberse articulado mediante una norma con rango de ley y no a través de un reglamento ejecutivo.

Este matiz jurídico tuvo efectos inmediatos. Algunas limitaciones, como la prohibición en la digitalización de bonos de bienvenida o la utilización de prescriptores conocidos en campañas, quedaron sin cobertura durante un periodo transitorio.

El sector reaccionó incrementando su presencia en medios convencionales y reforzando estrategias promocionales. La publicidad tradicional experimentó uno de los mayores avances porcentuales del año, mientras que las promociones comerciales también crecieron con fuerza.

El fortalecimiento de la actividad promocional no ha ido acompañado de una relajación en materia de protección al jugador.

Desde marzo de 2024 están vigentes obligaciones específicas destinadas a mitigar comportamientos de riesgo. Entre ellas destaca la prohibición de utilizar tarjetas de crédito en determinados perfiles considerados intensivos, definidos por umbrales de pérdidas acumuladas en periodos concretos.

Para los menores de veinticinco años, los límites se sitúan en niveles todavía más restrictivos.

Asimismo, los operadores deben exigir que el usuario establezca límites de depósito y de tiempo antes de iniciar determinadas modalidades de juego, como ruletas o mesas de póker en modalidad cash.

Durante las sesiones prolongadas, la plataforma está obligada a mostrar recordatorios informativos con datos objetivos sobre el tiempo transcurrido y el saldo neto. Estas comunicaciones buscan fomentar decisiones conscientes sin incorporar valoraciones subjetivas por parte del operador.

Las medidas también inciden en el segmento joven adulto, restringiendo incentivos que no guarden relación directa con la actividad de juego y obligando a emplear medios de pago nominativos en perfiles catalogados de riesgo.

Además, las empresas deben mantener interacciones activas con usuarios que presenten patrones problemáticos, ofreciendo información sobre herramientas de autoexclusión y recursos de apoyo.

El Gobierno ha anunciado su intención de reforzar este marco mediante una reforma con rango legal que subsane los defectos formales señalados por el Tribunal Supremo. La iniciativa pretende consolidar las restricciones publicitarias bajo una base normativa más sólida y evitar futuras impugnaciones.

Desde la Dirección General de Ordenación del Juego se ha reiterado que el objetivo es equilibrar libertad empresarial y protección de colectivos vulnerables.