El ex fiscal general denuncia un "desequilibrio de poder" en la Sala Segunda del Supremo, que le condenó por filtrar datos reservados del novio de Ayuso

El ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha denunciado este domingo un "desequilibrio de poder" en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en su primera entrevista desde que el alto tribunal le condenó por revelar datos reservados de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, una sentencia que le apartó de la jefatura del Ministerio Público.

"El poder de la Sala Segunda es un poder importante, casi de control de los poderes del Estado, incluida la presidencia del Consejo General del Poder Judicial. Hay un desequilibrio de poder en la Sala Segunda, en ese grupo de personas, que instruye y juzga a los aforados", ha dicho García Ortiz, que, sin embargo, ha matizado que "no puedo alumbrar ni la más mínima sombra de duda sobre el Supremo".

En su conversación con Jordi Évole en La Sexta, García Ortiz ha defendido su actuación, ha cuestionado distintos elementos del proceso judicial y ha insistido en su inocencia. La entrevista se produce apenas tres días después de que su sucesora al frente de la Fiscalía General del Estado, Teresa Peramato, decidiera no renovar a Almudena Lastra como fiscal superior de Madrid, la fiscal que mantuvo un choque directo con García Ortiz por la gestión interna de la filtración relacionada con González Amador.

Durante la conversación, García Ortiz repasó el origen del caso, desde la investigación tributaria abierta al empresario hasta la escalada política y mediática posterior, marcada por los ataques del entorno de Ayuso a la Fiscalía y la difusión de informaciones contradictorias sobre el pacto de conformidad, un contexto que, según sostuvo, le llevó a intervenir para "aclarar la verdad".

El ex fiscal general aseguró que no se congratula de que el Supremo le impusiera la pena mínima, subrayando que su condena provocó su dimisión inmediata para evitar un conflicto institucional. "No quise elevar un conflicto para que el Supremo tuviera que ejecutar la sentencia", señaló, al tiempo que expresó el "profundísimo dolor" que le causaron determinadas valoraciones públicas realizadas por el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, días antes del fallo, cuando en una charla anunció que se tenía "que ir a poner la sentencia del fiscal general" en un tono desenfadado.

García Ortiz incidió en la fuerte repercusión personal de la condena, relatando incluso cómo su hijo le preguntó por qué había sido condenado sin que él encontrara una explicación clara. También destacó el ex fiscal general la existencia de un voto particular discrepante dentro del propio tribunal, que planteaba interpretaciones opuestas sobre los mismos hechos, y criticó que la sentencia mayoritaria omitiera, a su juicio, elementos que podían resultar exculpatorios.

Sobre este extremo, subrayó la "paradoja" que supone que dentro del propio Tribunal Supremo coexistieran criterios tan opuestos entre la sentencia mayoritaria y el voto particular discrepante, al considerar difícilmente comprensible que unos magistrados interpretaran su actuación como una obligación institucional de transparencia mientras otros la calificaban como delito. "No podemos movernos en ese limbo", afirmó, cuestionando la seguridad jurídica de una resolución con razonamientos tan divergentes.

La Sala Segunda del Supremo

Durante la entrevista, sostuvo que la Fiscalía no debe actuar con "sumisión" ante la Sala Segunda del Supremo y señaló que, de haber conocido previamente algunas circunstancias sobre determinados magistrados, podría haberse planteado su recusación, aunque evitó dirigir acusaciones personales contra ninguno de ellos.

También negó cualquier enfrentamiento directo en el pasado con el magistrado Manuel Marchena y rechazó entrar en especulaciones sobre presuntas filtraciones o contactos entre jueces y periodistas.

García Ortiz defendió que siempre tuvo el convencimiento de que sería absuelto, al considerar que no existía carga probatoria suficiente para sustentar una condena por revelación de secretos. Según explicó, la sentencia fue una "sorpresa muy dura" y reiteró que nunca filtró información a periodistas ni participó en ninguna operación política vinculada al Gobierno.

Asimismo, volvió a cuestionar el registro de su despacho por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que calificó de experiencia "inimaginable", y defendió el borrado de su teléfono móvil como una práctica habitual vinculada a la protección de información altamente sensible, negando que respondiera a un intento de ocultación.

Sobre el borrado de su teléfono móvil el mismo día de su imputación, defendió que actuó conforme a una práctica habitual y vinculada a la protección de información sensible. Según explicó, eliminó su contenido porque iba a cambiar de terminal y negó que respondiera a una voluntad de ocultar pruebas: "Borro de manera sistemática. Tengo información muy sensible y tengo todo el derecho a borrarlo, cómo y cuándo quiera".

Pese a la dureza de sus críticas sobre el proceso y sus consecuencias personales, la sentencia del Supremo incluyó un tono expresamente considerado hacia su trayectoria, al destacar su "brillantez" profesional y su dedicación a la Administración de Justicia, elementos que llevaron al tribunal a imponerle la pena mínima prevista.

Preguntado también por la célebre frase pronunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez —"¿La Fiscalía de quién depende? Pues ya está"—, García Ortiz reconoció que aquellas palabras han perseguido institucionalmente a la Fiscalía, aunque rechazó que reflejen su verdadero funcionamiento: "Esa frase nos va a perseguir durante mucho tiempo, pero no se corresponde con lo que dice la ley. La ley blinda al fiscal general".