García Ortiz rompe su silencio con Évole tras su condena: "Me sentí maltratado"

El exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, concede su primera entrevista tras la sentencia del Tribunal Supremo en una conversación con Jordi Évole que marcará el cierre de temporada de Lo de Évole. El especial se emitirá este domingo a las 21:30 horas en LaSexta y estará dividido en dos entregas.

En la primera parte, García Ortiz reconstruye el origen del caso que terminó con su condena, desde la investigación por fraude fiscal vinculada al entorno de Isabel Díaz Ayuso hasta el ruido político y mediático que, según sostiene, acabó desplazando el foco hacia su propia actuación. El exfiscal niega haber filtrado información y defiende que fue situado en el centro de la polémica en un contexto de fuerte confrontación. "Estaba seguro de que saldría absuelto. Me sentí maltratado", avanza el exfiscal.

La segunda entrega profundiza en las consecuencias personales e institucionales del proceso. García Ortiz explica por qué decidió no dimitir antes de la sentencia, aborda la filtración de su imputación y justifica decisiones controvertidas como el borrado de su teléfono. También se analizan episodios como el registro de su despacho por la UCO y el papel de distintas acusaciones en la causa.

Durante la entrevista, el exfiscal general admite que esperaba ser absuelto y califica el fallo como un golpe "muy duro". La conversación repasa además el papel de figuras políticas y mediáticas, entre ellas Miguel Ángel Rodríguez, y el impacto que tuvo el caso en la esfera pública.

El especial culmina con una reflexión abierta del propio García Ortiz sobre el alcance de la sentencia: cuestiona quién ha salido beneficiado de todo el proceso y deja en el aire las consecuencias para la justicia y la Fiscalía: "¿Quién sale ganando con este caso y esta sentencia?"

Cabe recordar que el Tribunal Supremo condenó en diciembre de 2025 a García Ortiz a dos años de inhabilitación, además de una sanción económica, en una resolución sin precedentes contra un fiscal general del Estado en democracia. El jurista ha recurrido el fallo ante el Tribunal Constitucional, alegando que la sentencia se basa en una valoración “irracional y arbitraria” de los indicios y que vulnera derechos fundamentales.