El Gobierno se reserva la carta del indulto al ex fiscal general del Estado como una de las sorpresas de la campaña

La "disposición" es clara, el Gobierno sí piensa conceder el indulto al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. De eso no hay duda. Donde sí persiste es en el cuándo. Si llegará a lo largo de esta campaña electoral o ya cuando los españoles hayan votado y el Ejecutivo se halle en funciones, con los poderes recortados hasta una nueva investidura. Pedro Sánchez juguetea con esa carta sin mostrar aún en qué momento la pondrá sobre la mesa, porque el factor sorpresa es otro de los elementos inherentes a su ruta hasta el 29 de noviembre.

Ayer viernes, se celebró el primero de los Consejos de Ministros extraordinarios anunciados por el presidente el pasado lunes en una entrevista en La Séptima. Compareció, junto a la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, el titular de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. No lo hacía para dar cuenta del indulto a García Ortiz, sino para informar de la aprobación de dos reales decretos por los que se crean 500 plazas de jueces y 200 de fiscales para 2027, una ampliación del 7,8% de la planta judicial y del 6,6% de la del Ministerio Fiscal, como resaltó Bolaños. Plazas que se suman a las otras 700 creadas el pasado mes de julio para 2026. En total, el Gobierno ha puesto en marcha 400 de fiscales y 1.000 de jueces y magistrados.

Pero las preguntas al ministro se dirigieron hacia el campo esperado: la medida de gracia a García Ortiz, condenado el 20 de noviembre de 2025 por el Tribunal Supremo como autor de un delito de revelación de datos reservados a inhabilitación para el cargo de fiscal general del Estado por un tiempo de dos años y a una pena de multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros. Bolaños, sin embargo, fue un muro. No despejó la duda de cuándo el Consejo de Ministros concederá el indulto, y ni siquiera si será antes o después de las generales del 29-N. El ministro insistió en que el Gobierno no "comenta" peticiones concretas de una medida de gracia, y no lo hace "por respeto tanto a las personas sobre las cuales se pide el indulto como también por respeto a la propia ley". "En este caso", adujo, "aunque sea una persona de mayor notoriedad pública, vamos a hacer lo mismo, no vamos a comentar tampoco este expediente de indulto del señor Álvaro García Ortiz".⁠​⁠‍⁠

Bolaños precisó que el expediente aún no está concluido y, cuando se resuelva, se dará cuenta públicamente en una rueda de prensa como la de este viernes y entonces el Ejecutivo explicará "cuál es la decisión y cuáles son los motivos". El pasado lunes, en La Séptima, el propio Sánchez no dio pistas tampoco acerca del momento: "La disposición es hacerlo [aprobar el indulto], pero me está preguntando si antes o después [de las elecciones] y esa decisión no la tenemos tomada, entre otras cosas, porque el proceso de indulto sigue su curso", precisó al periodista Javier Ruiz en su programa La última hora.

El ministro tampoco concretó si tiene sentido aprobar una medida de gracia de tanto peso después de los comicios, cuando el Ejecutivo esté en funciones, con la hipótesis de que las urnas alumbren un Gabinete de PP y Vox. Bolaños reiteró que semana tras semana hay "multitud de expedientes de indulto que se tramitan en Consejo de Ministros, que se estiman, que se desestiman, que se admiten, que se inadmiten" y con la solicitud de García Ortiz no se hará nada distinto.

Fuentes de la Moncloa recordaban que no hay obstáculo legal ninguno para que un Gobierno en funciones apruebe un indulto, porque "todos los Ejecutivos lo han hecho". El 25 de noviembre de 2011, el Gabinete saliente de José Luis Rodríguez Zapatero acordó, perdidas ya las generales frente a un Mariano Rajoy que arrasó en las urnas, el perdón al banquero Alfredo Sáenz, entonces consejero delegado del Santander, tras haber sido condenado a tres meses de arresto e inhabilitación para ejercer su oficio por un delito de acusación falsa y denuncia falsa. El Tribunal Supremo anuló parcialmente en febrero de 2013 el indulto al entender que el Ejecutivo de Zapatero se había excedido al borrar los antecedentes penales de Sáenz con el fin de que pudiera seguir ejerciendo como banquero.

En el núcleo de confianza del presidente Sánchez insisten a este diario que de momento no habrá pistas, que no es el momento. "No es nuestro tema, no queremos hablar de esto. Será cuando tenga que ser", responden. Si el Ejecutivo quiere aprobar la medida de gracia antes del 29-N tiene, en principio, tres ventanas de oportunidad disponibles: el Consejo de Ministros extraordinario del próximo viernes, 20 de noviembre, y las reuniones ordinarias del Gabinete de los dos siguientes martes, 17 y 24. Es decir, que como tarde García Ortiz podría ser indultado cinco días antes de los comicios. Si no, sería ya después de las urnas, con el Gobierno en funciones.

La condena a García Ortiz, cuyo fallo se adelantó además en un simbólico 20 de noviembre de 2025 —se cumplían 50 años de la muerte del dictador—, indignó al Ejecutivo. Siempre defendió su inocencia, que no había "pruebas" para culparle de la revelación de datos confidenciales de Alberto González Amador, entonces pareja de Isabel Díaz Ayuso.

El Supremo, sin embargo, entendió que el fiscal general filtró un correo del abogado del ya exnovio de la presidenta madrileña que dejaba claro que había sido este el que había pedido un pacto de conformidad con la Fiscalía (y no a la inversa, como interesadamente difundió el jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez) y en el que declaraba que había cometido dos delitos fiscales. Además, el TS consideró que la nota informativa posterior, de la que sí se responsabilizó García Ortiz, consolidaba esa filtración. El fallo, del que discreparon dos magistradas, señala que el entonces fiscal general "o una persona de su entorno inmediato y con su conocimiento" filtró el mail. Y concluyó que el jefe del Ministerio Público "no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito". El Gobierno acató la sentencia, nombrando a una sustituta de García Ortiz, Teresa Peramato, actual fiscal general del Estado, pero recalcó que no la compartía.

Ya cuando se hizo público primero el fallo y luego la sentencia los socialistas consideraban que esta cuestión sí agitaba a sus bases, que era palpable la sensación de "injusticia". La cúpula federal del partido cree lo mismo hoy: que el Consejo de Ministros apruebe el indulto "sería sobre todo un acto de justicia y, por lo tanto, cuanto antes mejor". En Ferraz entienden que las decisiones del Gobierno "suman y activan" a sus votantes, y más en este caso: "Sí, sin ningún género de duda —manifiestan con rotundidad en el comité electoral—. La presunta culpabilidad del entorno de García Ortiz que valió para condenarle va a pasar a los libros de historia del Derecho".

En todo caso, el Ejecutivo quiere ir dosificando sus anuncios. Y para ello también ha programado esos dos Consejos de Ministros extraordinarios, el de ayer y el del próximo 20 de noviembre, con el argumento de que tiene que sacar varias medidas adelante antes de las urnas: "Tenemos una agenda de asuntos y avances sociales, de ampliación de derechos muy cargada y es necesario que hagamos más Consejos de Ministros de los ordinarios", justificó Bolaños.

La razón es que a partir del 29-N el Gabinete entra en funciones y tiene sus poderes muy recortados y, como este adelanto de las generales no fue planificado, sino sobrevenido, por "la imposibilidad de aprobar unas medidas esenciales para la gente", los decretos leyes de vivienda que tumbó el pleno del Congreso, ahora se ve impelido a aprobar estas medidas en varias tandas. "Se nos ponen límites mayores que a cualquier otro Gobierno, pero estamos haciendo lo que han hecho todos los gobiernos en democracia", adujo. Es decir, que el Ejecutivo no hace nada distinto a lo que hicieron otros: apurar al máximo el tiempo en la Moncloa y sacar el mayor rendimiento posible al Boletín Oficial del Estado.

Los socialistas quieren hablar, por el momento, de medidas sociales. Y del fiscal general, cuando toque, por tanto. Que se apruebe o no será una de las sorpresas de la campaña del 29-N que arrancó el jueves en Sevilla con un poderoso golpe de efecto: la intervención, por primera vez en un mitin, de Begoña Gómez, mujer del presidente, pensada tanto para agradecer el apoyo recibido del partido como para captar voto de las mujeres, un granero clave para el PSOE. Su aparición como oradora fue algo puntual, según la Moncloa, dado que "no está previsto" que tome más la palabra en este camino hacia las urnas. Pero de cara al 29-N se seguirán moviendo piezas y Ferraz y el Gobierno quieren dar varios golpes sobre la mesa. El nombre de García Ortiz puede ser uno de ellos. O no.