El Tribunal de Cuentas detecta que el Gobierno desvió 2.389 millones de los fondos europeos para pagar las pensiones

La prórroga de los Presupuestos Generales del Estado de 2023 durante 2024 obligó al Gobierno a recurrir a modificaciones presupuestarias para atender gastos ineludibles, entre ellos el pago de las pensiones. En este sentido, el Tribunal de Cuentas ha advertido este martes en su Declaración de la Cuenta General del Estado 2024 de que en noviembre de 2024, el Gobierno autorizó dos modificaciones de crédito por valor de 2.389,4 millones de euros para financiar el pago de las pensiones de clases pasivas y complementos a pensiones mínimas.

En concreto, una primera ampliación de crédito de 1.722,1 millones de euros aprobada el 6 de noviembre y una segunda transferencia de crédito de 66,3 millones, el 19 de noviembre. La cuestión es que estos 2.389,4 millones de euros procedían de "créditos sobrantes del servicio 50", es decir, que se modificaron desde el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), vinculado a los fondos europeos Next Generation.

A juicio del Ministerio de Hacienda, que entonces dirigía María Jesús Montero, esta desviación no comprometía el cumplimiento del Plan de Recuperación y Transformación y Resiliencia (PRTR) ni la capacidad de absorción de los fondos europeos. Sin embargo, para el Tribunal de Cuentas, "esta actuación se ha llevado a cabo bajo unos fundamentos jurídicos que deberían haber quedado mejor justificados", al existir "una incertidumbre sobre la aplicabilidad en 2024 de limitaciones al uso de los créditos sobrantes en el servicio 50, para financiar modificaciones presupuestarias fuera de dicho servicio".

La controversia se produce porque la normativa establece que los créditos vinculados al MRR deben destinarse, exclusivamente, a actuaciones elegibles dentro del propio marco del Plan de Recuperación. Aunque Hacienda ha defendido que se trataba de remanentes no comprometidos y que su reasignación no afectaba a la ejecución de los fondos europeos, varios consejeros del propio Tribunal discreparon de esta interpretación.

Algunos consejeros consideraban que el uso de estos créditos debía figurar como una salvedad formal en el informe —es decir, como una objeción relevante sobre la legalidad de la operación— y no quedar recogido únicamente como una incidencia contable, al entender que la normativa no permitía financiar pensiones con fondos consignados para el MRR. Sin embargo, la mayoría del Pleno aceptó las alegaciones del Ministerio de Hacienda y, finalmente, la Declaración fue aprobada con un voto particular en contra y seis votos concurrentes explicativos, reflejo de la división interna dentro del propio Tribunal.

Las cuentas de la Seguridad Social

Más allá de esta cuestión, el Tribunal también vuelve a alertar sobre el deterioro financiero de la Seguridad Social. El organismo señala que su patrimonio neto alcanzó un balance negativo por octavo año consecutivo en 2024.

En concreto, se situó en los 106.138,7 millones de euros, "financiado principalmente a través de préstamos del Estado cuyo importe acumulado en 2024 asciende a 126.170,2 millones de euros, un 7,91 % del PIB". Ante ello, el Tribunal insiste en la necesidad de adoptar medidas que garanticen la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones a medio y largo plazo.