Castilla y León y otras 13 autonomías demandarán al Gobierno por no remitir a Bruselas el informe sobre el lobo ibérico

Castilla y León y otras 13 comunidades autónomas han anunciado nuevas acciones judiciales contra el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) por no convocar la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente y no remitir a la Comisión Europea el informe sexenal sobre el estado de conservación de especies protegidas, entre ellas el lobo ibérico.

Según han denunciado este jueves las autonomías firmantes, el incumplimiento del plazo fijado por la Directiva Hábitats –que expiró el 31 de julio de 2025– ya ha provocado la apertura de un procedimiento sancionador contra España por parte de Bruselas.

Las comunidades sostienen que la aprobación y envío de ese informe requiere la celebración de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, cuya convocatoria corresponde al Ministerio. Recuerdan además que el reglamento interno obliga a convocarla cuando lo solicita al menos un tercio de las comunidades autónomas, requisito que aseguran que se ha cumplido en varias ocasiones.

Las primeras solicitudes se registraron los días 21 y 24 de julio de 2025 por parte de Castilla y León, Galicia, Andalucía, Cantabria, La Rioja, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura, Baleares, Madrid y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Posteriormente se sumó Canarias y todas ellas reiteraron la petición el pasado 5 de mayo.

Aplazamiento "sin justificación"

Pese a ello, según las autonomías, el Ministerio no ha convocado la reunión extraordinaria solicitada, por lo que consideran que está incumpliendo tanto la normativa española como las obligaciones europeas en materia de biodiversidad.

Las comunidades recuerdan que la Comisión Estatal de Patrimonio Natural y Biodiversidad aprobó el 16 de julio de 2025 una propuesta de informe para elevarla a la Conferencia Sectorial, cuya reunión estaba prevista para el 22 de julio. Sin embargo, aseguran que el MITERD canceló el encuentro un día antes “sin justificación”.

Las autonomías critican además los distintos argumentos esgrimidos por el Ministerio para justificar el retraso. Entre ellos, mencionan la incidencia de los incendios de 2025 sobre un informe referido al periodo 2019-2024, la espera al recurso de inconstitucionalidad presentado por el Defensor del Pueblo contra varios artículos de la Ley 1/2025 o la supuesta existencia de una prórroga concedida por Bruselas, extremo que rechazan al recordar que la Comisión Europea ha abierto un expediente sancionador precisamente por no haber recibido el documento.

También cuestionan la apertura de un trámite de información pública sobre el informe, que consideran “injustificado” y no previsto en la normativa europea.

El problema del lobo

En relación con el lobo ibérico, las comunidades rechazan igualmente la afirmación del Ministerio de que la Unión Europea exigiría la existencia de 500 manadas para considerar favorable el estado de conservación de la especie. Según sostienen, Bruselas no ha fijado oficialmente ese criterio y recuerdan que en el sexenio 2007-2012 la evaluación fue favorable con un número inferior de manadas y una menor área de distribución.

Las autonomías consideran “inaceptable” que el Ministerio haya puesto en duda el trabajo técnico realizado por los profesionales autonómicos y subrayan que el censo nacional del lobo fue coordinado por los propios equipos técnicos del MITERD.

Por último, recuerdan que la Comisión Europea comunicó el pasado 9 de abril de 2026 a la consejera de Desarrollo Rural de Cantabria que seguía pendiente la remisión oficial del informe por parte de España, lo que, a su juicio, confirma que el incumplimiento continúa.