Pérez de los Cobos: "El poder político tiene derecho a dirigir la seguridad pública, pero no a conocer indebidamente una investigación judicial reservada"

El coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos ha advertido este martes de que la separación de poderes en España se encuentra bajo amenaza cuando el Poder Ejecutivo utiliza su "autoridad orgánica" para intentar "penetrar" en investigaciones judiciales reservadas.

A su juicio, el riesgo es máximo cuando la investigación se aproxima a personas "cercanas al poder", especialmente si el Ejecutivo antepone intereses partidistas al respeto a la separación de poderes.

En una conferencia titulada 'El deber de reserva de la policía judicial' enmarcada en los Cursos de Verano CEU-María Cristina en San Lorenzo de El Escorial, Pérez de los Cobos ha desgranado las "tensiones" de un modelo donde los investigadores se ven sometidos a "dos amos": la dirección funcional de los jueces y, por otra lado, la jerarquía orgánica del poder político que controla la "suerte profesional" de los investigadores.

Asimismo, ha expresado su preocupación por la posibilidad de que la presión política ya no venga de fuera, sino de dentro de los cuerpos policiales, cuando el poder logra "alinear con sus intereses a la propia cúpula uniformada". En ese escenario, la injerencia se "disfraza de disciplina interna o lealtad institucional", lo cual es, según el coronel, "lo más difícil de combatir".

El coronel ha alertado sobre el riesgo de que la dependencia orgánica (medios, ascensos y destinos) se utilice como herramienta de coacción contra los investigadores. Ha citado como ejemplo la existencia de "informaciones reservadas" contra mandos de unidades de élite como la UCO o la UDEF justo cuando dirigen causas que afectan al Gobierno o al partido en el poder, según Europa Press.

Doble dependencia

Pérez de los Cobos, que llevó a los tribunales su cese como jefe de la Comandancia de Madrid y la decisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de rechazar su ascenso a general, ha iniciado su intervención advirtiendo de que tras el deber de reserva "se juega algo mucho mayor", refiriéndose a la separación de poderes y la frontera entre el poder judicial y el poder ejecutivo.

El coronel ha comenzado su exposición con una pregunta central referida a quién manda realmente sobre la policía judicial. Aunque el artículo 126 de la Constitución establece una dependencia clara de jueces y fiscales, la realidad institucional es que estos no nombran a los agentes, no deciden sus ascensos, no aprueban sus retribuciones ni organizan sus unidades, responsabilidades que recaen íntegramente en el Ministerio del Interior.

"Quien dirige la investigación no controla la suerte profesional del investigador y quien controla esa suerte profesional no dirige ni debe dirigir la investigación", ha sentenciado Pérez de los Cobos, calificando esta "asimetría" como la "grieta por la que se cuela todo el problema".

Así, ha denunciado lo que considera una estrategia de "instrumentalización política" de las fuerzas de seguridad por parte del Ejecutivo, advirtiendo de que la Policía Judicial "sirve a la Justicia y no a la conveniencia del poder".

Presiones disfrazadas como argumentos razonables

En este sentido, Pérez de los Cobos ha alertado de que las presiones no suelen presentarse como "órdenes ilegales", sino bajo el disfraz de "argumentos razonables y bien construidos" que apelan a deberes administrativos reales, pero que en la práctica buscan "vaciar el deber de reserva" y permitir que el Ejecutivo acceda a información sensible sobre causas que le afectan.

El coronel ha rebatido el argumento de la "obligación de mantener informada a la superioridad", señalando que, si bien existe un deber general de dar novedades, este debe limitarse a la gestión del servicio y nunca alcanzar el contenido de una instrucción reservada por un juez. Asimismo, ha calificado de "sofisticada coartada" el pretexto de "necesitar saber para dotar de medios" a la unidad investigadora.

Así, se ha detenido en el que considera el argumento más "insólito" y "peligroso": "Un ministro no puede enterarse por la prensa" de los asuntos de su departamento". El coronel ha denunciado que esta frase supone una "inversión" del orden constitucional al anteponer la "comodidad política" del responsable a la integridad de la causa penal.

"Vale más que un ministro se entere por la prensa de una investigación correctamente reservada, que el que esa investigación se contamine para evitarle al ministro un sobresalto", ha sentenciado.

"El poder político tiene derecho a dirigir la política de seguridad pública (...), pero no tiene derecho a conocer indebidamente el contenido, la evolución o las diligencias de una investigación judicial reservada", ha afirmado con contundencia. Según el mando, una policía judicial que se siente "materialmente intimidada por el ejecutivo" constituye una "anomalía constitucional".

Quien no informa hacia arriba puede pagar una factura

Pérez de los Cobos ha aludido a su propio cese en mayo de 2020 como jefe de la Comandancia de Madrid, anulado posteriormente por el Tribunal Supremo, para ilustrar cómo la "obediencia funcional" puede acarrear represalias profesionales.

El coronel ha subrayado que, más allá de su caso personal, el sistema ha podido enviar una "señal peligrosa" a otros mandos: "Quien no informa hacia arriba puede pagar una factura".

Pérez de los Cobos ha contrastado el modelo español con el de países como Portugal, donde existe una policía judicial orgánica y funcionalmente dependiente del Ministerio de Justicia, lo que "reduce de raíz una parte del conflicto de intereses".

En este sentido, ha reivindicado el artículo 550 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que garantiza la inamovilidad del investigador en un caso concreto, como un "cortafuegos" necesario pero que solo protege un "perímetro estrecho", ya que el resto de la carrera del agente sigue en manos de quienes podrían tener interés en lo que se investiga.

Reforma de La Lecrim

En uno de los puntos más críticos de su intervención, Pérez de los Cobos ha denunciado una "seria amenaza" contenida en el proyecto de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). Según el coronel, el texto propuesto --en referencia a artículos sobre el intercambio de información-- busca crear "gateras" legales para que el deber de reserva sea la excepción y no la regla.

A su juicio, esta reforma pretende que la policía judicial solo esté exenta de informar a sus superiores cuando exista un "secreto de sumario" decretado formalmente, eliminando el tercer grado de reserva: el mandato expreso del juez de no informar a la cadena de mando. "Es un paso atrás que busca lo contrario de lo que debería ser el refuerzo de la independencia judicial", ha sentenciado.

Finalmente, ha hecho también un llamamiento a la judicatura para que no deje "inermes" a los agentes ante las presiones políticas. Ha reclamado que los jueces dicten órdenes funcionales "claras y documentadas" que sirvan de escudo a los investigadores frente a requerimientos orgánicos incompatibles con la reserva.