Altos mandos de la Guardia Civil recomiendan al DAO dimitir antes de declarar ante Pedraz pero la directora le pide "que aguante"

La presión sobre el director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, el teniente general Manuel Llamas, ya no procede únicamente del procedimiento judicial que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. En los últimos días, varios altos mandos del Instituto Armado han mantenido conversaciones con él en las que le han trasladado una recomendación, que presente su dimisión antes de comparecer como investigado el próximo 16 de julio. El argumento, según ha podido saber El Independiente, es que acudir al juzgado mientras continúa siendo el máximo responsable operativo del Cuerpo supone un desgaste para la institución y dificulta la defensa de la propia Guardia Civil en un momento especialmente delicado.

Las mismas fuentes sostienen que la recomendación no responde a una cuestión personal contra Llamas, sino a una preocupación por el impacto institucional que puede tener que el número dos operativo del Instituto Armado declare como investigado por presuntos delitos de prevaricación administrativa y contra la Administración de Justicia mientras continúa ejerciendo sus funciones.

Sin embargo, el DAO no ha dado ese paso. Según las fuentes consultadas, la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, le ha trasladado que no debe abandonar el cargo y le ha pedido expresamente que "aguante". Ese mensaje, explican, ha pesado hasta ahora más que las recomendaciones recibidas desde distintos sectores de la cúpula del Instituto Armado, pese a que la presión interna no ha dejado de aumentar desde que el juez decidió citar a ambos como investigados.

Sus subordinados le contradicen

Quienes han hablado con Llamas durante las últimas semanas describen a un mando afectado por la situación. Aseguran que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su carrera profesional y que el procedimiento judicial ha tenido un importante impacto personal. Especialmente duro, añaden, fue conocer el contenido de varias declaraciones incorporadas al procedimiento, entre ellas las de dos generales exjefes de la UCO de la Guardia Civil que, tal y como adelantó este periódico, desmintieron la versión de Interior y acusaron al DAO de presiones durante los meses en los que se produjeron las maniobras internas relacionadas con la Unidad Central Operativa (UCO).

El magistrado Santiago Pedraz acordó la pasada semana citar como investigados tanto a Manuel Llamas como a Mercedes González al apreciar indicios de un posible delito continuado de prevaricación administrativa y otro contra la Administración de Justicia. La resolución considera que existen elementos suficientes para tomarles declaración dentro de la investigación sobre las presuntas actuaciones dirigidas a obstaculizar o interferir en la actividad de la UCO durante la ofensiva impulsada por el entorno de la exmilitante socialista Leire Díez.

La decisión judicial llega después de que la Fiscalía y la acusación popular solicitaran la imputación de ambos responsables de la Guardia Civil a la vista del contenido de los informes elaborados por la UCO y de las declaraciones practicadas durante las últimas semanas. El juez, sin embargo, descartó citar al anterior director general del Instituto Armado, Leonardo Marcos, al entender que, por el momento, los hechos atribuidos a éste no presentan relevancia penal.

Las informaciones reservadas

Los informes de la Unidad Central Operativa sitúan el foco sobre varias actuaciones internas desarrolladas durante 2025, entre ellas la apertura de informaciones reservadas que, según los investigadores, coincidieron temporalmente con los contactos mantenidos entre Leire Díez y la entonces recién nombrada directora general de la Guardia Civil. El atestado sostiene que la presunta organización investigada buscaba impulsar actuaciones administrativas contra la UCO y recoge mensajes, anotaciones y reuniones que, a juicio de los agentes, evidenciarían esa estrategia.

En ese contexto, el papel atribuido al DAO se centra en decisiones adoptadas desde la estructura de mando de la Guardia Civil durante aquellos meses. Entre ellas figura la apertura de una información reservada para esclarecer la filtración de los mensajes entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos, una actuación que la UCO incorpora a la secuencia de hechos que analiza dentro de la investigación. Será precisamente sobre esas decisiones sobre las que tendrá que responder Llamas cuando comparezca como investigado ante el magistrado Pedraz.

La continuidad del teniente general al frente de la Dirección Adjunta Operativa ha abierto además un debate interno sin precedentes entre mandos de la Guardia Civil. Mientras algunos consideran que la presunción de inocencia aconseja esperar al desarrollo de la investigación judicial antes de adoptar cualquier decisión, otros creen que la mera circunstancia de comparecer como investigado siendo el máximo responsable operativo del Cuerpo erosiona la imagen de la institución y dificulta el ejercicio de la autoridad sobre los agentes.

El DAO sin "fuerza moral"

Ese debate ha comenzado incluso a hacerse público. El general de brigada retirado Pedro Garrido publicó recientemente un artículo en el que, tras reconocer la trayectoria profesional del DAO, le instaba a dejar el cargo para preservar el prestigio de la Guardia Civil. "Me permito sugerirle (…) que deje el cargo que ostenta", escribía, al considerar que ya no dispone de la "fuerza moral" necesaria para ejercer el mando en estas circunstancias.

En ese escrito, Garrido sostiene que el director adjunto operativo, pese a tratarse de un cargo de libre designación, desempeña una función eminentemente técnica y que su principal deber es con la Guardia Civil y con los principios que rigen la institución. El general retirado lamenta que quien representa operativamente al Cuerpo haya terminado investigado en una causa relacionada con las presuntas maniobras para obstaculizar el trabajo de la UCO y apunta que, en su intento de satisfacer las expectativas de sus superiores, pudo acabar trasladando a sus subordinados mensajes o instrucciones que, cuando menos, resultaban impropios para quienes ejercen funciones de Policía Judicial. Aunque confía en que pueda ofrecer una explicación que aclare su actuación, advierte de que su continuidad amenaza con "emborronar" una trayectoria profesional hasta ahora reconocida.

"Empieza a ser tarde"

El militar retirado va un paso más allá y sostiene que "ya está empezando a ser tarde para que se desvincule de los deseos de los políticos y anteponga su lealtad a la Guardia Civil". A su juicio, permanecer al frente de la Dirección Adjunta Operativa mientras continúa la investigación supone un riesgo para la autoridad moral que exige el cargo y para la imagen del Instituto Armado. Por ello, le pide que dé un paso al lado para preservar "la principal divisa que constituye el único patrimonio de un guardia civil: el honor".

La posición expresada por Garrido coincide, además, con la mantenida en los últimos días por distintas asociaciones profesionales del Instituto Armado. Organizaciones representativas de guardias civiles, así como asociaciones de mandos y oficiales, han reclamado que tanto el DAO como la directora general sean apartados de sus responsabilidades mientras se esclarecen los hechos que investiga la Audiencia Nacional. Todas ellas sostienen que la continuidad de ambos al frente de la cúpula del Cuerpo proyecta un desgaste institucional innecesario sobre la Guardia Civil, un argumento que también esgrimen los altos mandos que, en privado, han recomendado a Manuel Llamas que presente su dimisión antes de comparecer como investigado ante el juez Pedraz. Pese a todo, Manuel Llamas continúa al frente de la Dirección Adjunta Operativa y, salvo un cambio de última hora, acudirá el próximo 16 de julio a la Audiencia