Un informe previo de la UCO desbarata la versión de la directora de la Guardia Civil en el Senado

La comparecencia de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, este martes en el Senado dejó una afirmación rotunda sobre las informaciones reservadas que han afectado en los últimos meses a la Unidad Central Operativa (UCO). Según defendió ante la Comisión de Interior, se trata de algo "muy habitual" dentro del Instituto Armado. Como prueba, aseguró que durante su mandato se han abierto alrededor de 70 expedientes entre 2024 y 2026.

Sin embargo, un informe elaborado por la propia UCO y al que ha tenido acceso El Independiente sostiene precisamente lo contrario respecto de las investigaciones internas analizadas en el denominado 'caso Leire'. El documento, que ya existía antes de la comparecencia de la directora general en la Cámara Alta, concluye expresamente que esos procedimientos fueron de carácter "excepcional".

No se trata únicamente de una diferencia de interpretación sobre una herramienta administrativa. Mientras González defendió la normalidad de las informaciones reservadas, los investigadores de la UCO dejaron por escrito que los expedientes abiertos contra la unidad y sus mandos constituyeron actuaciones extraordinarias incluso desde el punto de vista administrativo.

"Es importante resaltar la excepcionalidad"

En el folio 83 del informe, la unidad sentencia: "Es importante resaltar la excepcionalidad de estos dos procedimientos administrativos. Así, al finalizar el año 2024, en el mes de diciembre, la información reservada incoada por el General Jefe de Estado Mayor fue registrada con el núm. 1/24. Por su parte, en el mes de octubre de 2025, la información reservada también incoada por el General Jefe de Estado Mayor fue registrada con el núm. 1/25. Lo que viene a incidir en la excepcionalidad de estos procedimientos".

La conclusión de la UCO se apoya en un dato objetivo. La información reservada abierta en diciembre de 2024 fue la única registrada por el Estado Mayor durante aquel ejercicio, mientras que la incoada en 2025 figuraba igualmente como la primera de ese año. Para los investigadores, la propia numeración administrativa evidencia que no se trata de procedimientos ordinarios.

Por ello, la tesis defendida por González en el Senado entra en colisión con la valoración que realiza la unidad encargada de analizar los hechos. Más aún porque el informe ya estaba elaborado cuando la directora general compareció ante los senadores.

No son expedientes ordinarios

La intervención de González mezcló el volumen global de informaciones reservadas abiertas en la Guardia Civil con unos procedimientos muy concretos que afectaban a la cúpula operativa de la UCO.

Fuentes conocedoras del funcionamiento interno del Instituto Armado explicaron a este periódico que las informaciones reservadas forman parte de la actividad administrativa habitual en un cuerpo con más de 70.000 efectivos. Sin embargo, subrayan que la situación cambia cuando afectan a coroneles, jefes de unidad o responsables de investigaciones especialmente sensibles. De hecho, tal y como adelantó El Independiente, fuentes cercanas a los investigadores consideran "inédito" que se llegaran a abrir tres informaciones reservadas en un mismo periodo contra responsables de la UCO.

La propia declaración prestada por el jefe del Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción de la UCO, Antonio Balas, apunta en la misma dirección. Según consta en las diligencias, el mando aseguró que durante toda su trayectoria profesional en distintas unidades de la Guardia Civil "ninguna de ellas ha sido objeto de la realización de información reservada".

La UCO también destaca anomalías

El informe no sólo subraya la excepcionalidad de las investigaciones. También recoge circunstancias que, según los investigadores, se apartan de la tramitación administrativa ordinaria. En el folio 80 se analiza la información reservada impulsada en mayo de 2025 por el entonces director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas Fernández, tras la publicación de los mensajes privados intercambiados entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos.

Según la documentación, tanto el jefe de la UCO como el jefe de la Jefatura de Policía Judicial coincidieron en que tuvieron conocimiento de la apertura únicamente de forma verbal. Además, tras consultar los registros de la unidad, los investigadores constataron que no existía ninguna comunicación formal sobre la incoación del procedimiento.

El informe señala expresamente que no constaba "en el registro de entrada de la Unidad comunicación o notificación alguna relativa a la incoación de la citada información reservada". La misma situación se produjo con el cierre de la investigación. El jefe de la UCO declaró que tampoco recibió ninguna comunicación oficial sobre su archivo. La ausencia de documentación formal y de notificaciones administrativas constituye otro de los elementos que la UCO utiliza para destacar el carácter anómalo de la actuación.

Una investigación contra la UCO

La relevancia de estos expedientes radica en el hecho de que afectaban directamente a la unidad que investiga las principales causas de corrupción relacionadas con el entorno del Gobierno. La información reservada abierta en mayo de 2025 tenía como objetivo esclarecer el origen de la filtración de los mensajes privados entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos. La orden justificaba la apertura bajo la hipótesis de que esos mensajes "pudieran haber sido obtenidos en el marco de investigaciones judicializadas desarrolladas por la Unidad Central Operativa".

Sin embargo, según recoge el propio informe, los responsables de Policía Judicial trasladaron desde el primer momento que esa posibilidad era técnicamente imposible. En aquel momento la UCO ni siquiera había intervenido dispositivos de Ábalos y los archivos que obraban en su poder correspondían a fechas anteriores a los mensajes publicados. Pese a ello, el procedimiento continuó adelante.

El desenlace llegó cuando el instructor acudió al Tribunal Supremo para informar al magistrado Leopoldo Puente, instructor del 'caso Koldo', de la existencia de la investigación interna. Según la documentación incorporada al procedimiento, el juez advirtió de que no autorizaba la apertura formal de la actuación y de que podría abrir diligencias penales si ésta seguía adelante. Tras comunicar esa advertencia a la cúpula de la Guardia Civil, la investigación se archivó el 26 de mayo de 2025 sin que se hubiera practicado ninguna actuación.

Meses después se abrió una segunda información reservada, registrada como 1/25 por el Estado Mayor y ordenada por la directora general de la Guardia Civil. Es precisamente sobre estos expedientes sobre los que la UCO concluye que constituyen procedimientos excepcionales.