El PP analiza si los beneficiados por la 'ley de nietos' deben tener derecho al voto de forma automática

Alberto Núñez Feijóo anunció ayer, dentro de su balance del curso político antes de las vacaciones estivales, que estudian a futuro una reforma del Código Civil para "ordenar" el proceso de nacionalidad con el telón de fondo de la polémica suscitada con la llamada 'ley de nietos'. Explicó el líder del PP que el objetivo, en caso de gobernar, es encontrar "un punto de equilibrio entre los derechos y deberes, el arraigo, la presencia efectiva que tiene que tener esa persona". "No se van a regalar pasaportes, hay que merecerlo", sentenció tras reiterar sus críticas en contra de "de dar la nacionalidad a 2,6 millones de personas con una instrucción administrativa" que, a juicio del PP, ha desvirtuado el textual de la Ley de Memoria Democrática de 2022, destinada a los descendientes de los represaliados del franquismo por orientación política, religiosa o sexual que abandonaron el país.

Para ello están estudiando el derecho comparado con los países de nuestro entorno, pero no sólo en lo que se refiere al acceso a la nacionalidad, sino también si se debe conceder el derecho ciudadano del voto de forma automática sin residir en el país. Otra opción es crear una nueva circunscripción electoral o reservar unos diputados para esos votantes. Y los hay que quitan incluso el derecho al voto de sus nacionales si deciden abandonar el país para residir fuera durante un periodo de tiempo prolongado, derecho que se recupera al volver.

En España ya no pueden votar en municipales los votantes que residen en el extranjero

Fuentes del PP señalan a El Independiente que hay "una enorme variedad de modelos sin salir de Europa" e indican en este sentido que incluso España tiene sus propias particularidades electorales al limitar ya el voto de los residentes ausentes. Aluden concretamente al hecho de que los españoles que no tienen su domicilio en nuestro país no pueden participar en las elecciones municipales, cosa que no ocurre en otras naciones vecinas. En el año 2011 se modificó la LOREG para limitar a los inscritos en el censo de españoles residentes el derecho a votar sus alcaldes. También afecta a los Consejos Insulares, al Consejo General del Valle de Arán y a Juntas Generales.

Es la única excepción que establece nuestra Ley Electoral, que, por lo demás, es expansiva en lo que se refiere al derecho al voto de todos los nacionalizados, incluidos los que no han vivido nunca en España. Esta ha sido en realidad la cuestión nuclear en torno a la polémica suscitada por la 'ley de nietos', es decir, la influencia que puede ejercer en los censos el incremento exponencial de peticiones de nacionalidad. Feijóo acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de "ingeniería electoral". La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fue aún más lejos al afirmar que el objetivo era "nacionalizar socialistas" y empadronarles "allí donde le falten los votos al PSOE".

La verdad es que la baronesa popular se vio beneficiada por el voto CERA en las últimas elecciones autonómicas, de modo que el último diputado cayó de su lado en detrimento del PSOE. Duplicó también a los socialistas en el voto exterior.

Ahora los populares han pedido formalmente al Gobierno que paralice el proceso de nacionalizaciones y anulen la instrucción que ha permitido éstas tras las objecciones expresadas por la propia Junta Electoral Central (JEC) en respuesta a un recurso presentado por Vox. El órgano encargado de asegurar la limpieza de los comicios en nuestro país dice no tener competencias para limitar el derecho al voto, pero sí reclamó a los consulados que aquellos que se incriban como electores deberán tener una localización provincial en España "suficientemente motivada" ante el riesgo de censos inflados en algunos territorios.

Choque en la Junta Electoral Central

En todo caso, esta decisión provocó casi una rebelión interna pues cinco de los trece vocales que componen la JEC argumentaron en un voto particular que "no solamente tenemos la competencia o la facultad de actuar, sino también la obligación de impedir que se amplíe el censo 'contra legem'". Vox reclamó a la Junta suspender cautelarmente la elaboración del Censo de Electores de Residentes Ausentes (CERA) y hasta el voto por correo.

¿Y cómo se regula esto en el resto de Europa? Pues por ejemplo los Parlamentos de Italia y Portugal reservan unos escaños para para los votantes que no residen en el país, diferenciando, como en el caso de nuestros vecinos lusos, los que emiten su voto desde el resto de Europa y los que lo hacen desde otras partes del mundo. En el caso de España exigiría una reforma constitucional pues el artículo 68.2 consagra que "la circunscripción electoral es la provincia". Ya hay un antecedente de reforma constitucional, en 1992, para reconocer a los ciudadanos comunitarios el derecho de voto activo y pasivo en elecciones municipales.

Reino Unido, Alemania o Irlanda, las más restrictivas

En el Reino Unido y Alemania se pierde el derecho al voto y a la elegibilidad en el caso de los expatriados si viven por un periodo prolongado de tiempo en el extranjero. En el caso británico hay que sumar 15 años de ausencia y en el teutón 25. Además, en Alemania o Irlanda no pueden votar aquellos que nunca han residido en el país, Dinamarca también lo limita, vinculando nacionalidad, residencia y derecho al voto. Explican los mismos medios del PP consultados que no se trata tanto "de negar derechos como de restringirlos" según determinadas circunstancias.

Un estudio en los inicios

En todo caso, no hay decisión tomada pues los trabajos están en una fase muy inicial. Lo cierto es la 'ley de nietos' ha abierto el debate respecto a si tiene sentido que ciudadanos españoles que no han residido nunca en el país, más allá de no poder votar en municipales, lo puedan hacer en generales, autonómicas y europeas. También en qué medida pueden alterar el resultado en alguna circunscripción por apenas un puñado de votos, de ahí el sistema italiano o portugúes de reservarles unos escaños determinados.