Una macrooperación policial iniciada en 2023 ha culminado con la explotación de una de las estructuras delictivas transnacionales más complejas, activas y peligrosas detectadas hasta la fecha en el mar Mediterráneo y con la detención de 78 personas a las que se les imputan delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de seres humanos, tráfico de drogas, tráfico de armas, municiones y explosivos, almacenamiento y transporte ilícito de combustible líquido, robos con fuerza, amenazas, extorsiones, detenciones ilegales, contrabando, blanqueo de capitales y otras actividades ilícitas conectadas.
Según ha trascendido, la organización criminal, de origen argelino, se había consolidado desde hace años en el mar Mediterráneo y destacaba por poseer una gran capacidad operativa, una sofisticada estructura además de una importante red de operaciones tanto a nivel nacional como internacional. Fuentes policiales la consideran, de hecho, la mayor estructura de origen argelino dedicada al tráfico ilícito de personas mediante el uso de embarcaciones de alta velocidad.
Un negocio de doble flujo
La forma de operar de esta red tenía su base en la diversificación de su actividad: al parecer, utilizaban un sistema de doble dirección en sus rutas marítimas, o como han dado a conocer las autoridades, un mecanismo de "doble flujo". Por un lado, empleaban embarcaciones de alta velocidad para trasladar drogas sintéticas, principalmente MDMA, desde España hasta Argelia, donde este tipo de sustancias cuenta con una elevada demanda. Por otro lado, aprovechando el viaje de retorno, trasladaban a migrantes de manera irregular hasta las costas españolas, específicamente a las zonas de Almería, Murcia, Cartagena, Alicante e Ibiza. A lo largo de la investigación, las autoridades consiguieron documentar un total de 64 episodios migratorios a través de los cuales la red introdujo de forma clandestina a más de 2.000 personas en territorio español.
El negocio del "petaqueo" que da ganancias millonarias
Estas actividades dotaron a la organización criminal de unos beneficios económicos que superan los 24 millones de euros. Para alcanzar la cifra, la red cobraba tarifas individuales de hasta 12.000 euros por cada persona trasladada, llegando a transportar en algunos trayectos hasta a 50 migrantes simultáneamente en una sola embarcación. A estos ingresos se sumaban las ganancias obtenidas por la venta de drogas en países del norte de África y los beneficios derivados del negocio del "petaqueo" —como se conoce al el almacenamiento, transporte y abastecimiento ilícito de combustible líquido para mantener operativas las lanchas rápidas—.
La estructura interna de esta red criminal estaba perfectamente organizada y jerarquizada en otras células más pequeñas asentadas en las comunidades autónomas de Andalucía, Murcia, Valencia e Islas Baleares, manteniendo además ramificaciones operativas en otros países europeos como Francia, Portugal, Italia y Polonia, con la colaboración de los cuales pusieron fin a la red
Por otro lado, la red estaba compuesta por un líder, el núcleo duro de las operaciones y al que se atribuía la máxima responsabilidad y poder. Por debajo de este líder, la organización estaba integrada por más de 78 miembros distribuidos en tres niveles. El primero asumía la dirección estratégica y el control general de todas las operaciones. El segundo estaba compuesto por los responsables de pilotar las embarcaciones, los transportistas y los responsables de los medios operativos. Y el tercer nivel integraba a una amplia red de colaboradores, captadores, suministradores, vigilantes, personal logístico, abastecedores de combustible, gestores financieros, testaferros y demás integrantes encargados de garantizar la continuidad de la actividad criminal a largo plazo.
Logística de vanguardia
Para sostener esta maquinaria delictiva, la organización disponía de una compleja infraestructura dotada de importantes recursos económicos provenientes de otros países de Europa. Entre los medios detectados, tenían embarcaciones de alta velocidad y de elevado valor económico, motores de gran potencia, vehículos de transporte y vigilancia, pisos de seguridad, sistemas de comunicación cifrada, teléfonos satelitales, dispositivos GPS, antenas satelitales y una extensa red logística distribuida en varios países.
Durante el transcurso de las investigaciones, los agentes intervinieron un total de 18 embarcaciones de tres y cuatro motores, con esloras superiores a los ocho metros y que podían alcanzar hasta los catorce metros de longitud. El valor de estas embarcaciones incautadas podría superar ampliamente los cinco millones de euros, circunstancia que determinaba el elevado nivel de violencia empleado por la organización para protegerlas.
Un peligro para los migrantes
La parte más delicada, la de las travesías marítimas organizadas por esta red, representaba un peligro para la vida de los migrantes que iban a bordo y que debían realizar primero un recorrido terrestre muy largo a través de diferentes países del continente africano hasta alcanzar la costa de salida en Argelia. Una vez llegaban a la zona costera de embarque, muchos de estos migrantes eran alojados en infraviviendas, en condiciones de hacinamiento e insalubridad, que funcionaban como puntos de espera antes de iniciar las travesías marítimas.
Ya en el mar, los migrantes viajaban hacinados en las lanchas rápidas, navegando a gran velocidad, de noche, sin iluminación, con sistemas de navegación tecnológicamente avanzados y, en la gran mayoría de los casos, sin chalecos salvavidas, llegando incluso a ser atados por los tripulantes para evitar que cayeran al agua durante el trayecto.
Según fuentes policiales, para proteger estas embarcaciones y asegurar el éxito de sus operaciones, la organización ejercía episodios de violencia hacia los migrantes y hacia los componentes de la red. Para ello, mantenían contactos con organizaciones criminales de gran calado como la "Mocro Maffia" o la "Milieu Marsellés", desde donde se impartían directrices de control. Hacia el exterior, los líderes de la red aleccionaban activamente a sus pilotos para que emplearan métodos muy violentos y se enfrentaran directamente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con el fin de repeler sus actuaciones y evitar ser capturados.
España y Argelia
La fase final de la operación policial, en la que se desplegó a más de 180 agentes, culminó con la detención de un total de 78 personas, de las cuales 77 fueron arrestadas en España y una en Argelia. Entre los detenidos se encuentran cuatro de los máximos responsables del entramado, considerados "Objetivos de Alto Valor" por las autoridades, así como el denominado "hawalader", que era el encargado de gestionar la infraestructura económica y financiera de la red.
Hasta el momento, 27 de los detenidos han ingresado en prisión provisional por orden judicial. Durante la ejecución de los 17 registros domiciliarios llevados a cabo en inmuebles de Almería, Murcia, Cartagena y Alicante, las fuerzas de seguridad lograron incautar 26.675 euros en efectivo, 15.000 pastillas de MDMA, 61 kilogramos de hachís, 500 gramos de cocaína, 40 gramos de metanfetamina, un revólver del calibre 38, un subfusil simulado, abundante munición de diversos tipos, cuatro vehículos, 725 litros de gasolina, antenas satelitales, dispositivos de geolocalización y material tecnológico altamente especializado.
De forma paralela, las autoridades judiciales y policiales procedieron al bloqueo preventivo de numerosos bienes vinculados directamente a la organización, incluyendo cuentas corrientes bancarias, viviendas y vehículos propiedad de varios de los principales dirigentes del entramado criminal.
La Operación ha sido desarrollada de manera conjunta por la Policía Nacional y la Guardia Civil de España, que ha contado con la colaboración de EUROPOL y la participación activa de la Policía Nacional de Francia, la Policía Judiciaria de Portugal y la Policía Nacional de Polonia y ha conseguido poner fin a un importante entramado criminal relacionado con la trata de seres humanos.
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