El Gobierno espera que los 27 de la UE acepten el catalán como lengua oficial antes de la ampliación a nuevos socios

El secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro, confía en que el catalán, el gallego y el euskera sean reconocidos como lenguas oficiales de la UE antes de abrir el bloque a nuevos Estados miembro. A petición de España, el asunto se abordará el próximo 22 de septiembre en el Consejo de Asuntos Generales en Bruselas, siendo la primera vez en más de un año que llega a nivel ministerial tras encallar en julio de 2025 por reservas de socios como Alemania.

No habrá decisión ni debate profundo, sino un punto de varios en el orden del día donde Sampedro hará balance. La novedad estratégica radica en enmarcar la consulta bajo el título "lenguas oficiales y ampliación". España cuestiona que ante futuras adhesiones como las de Albania o Montenegro se modifique el reglamento lingüístico para sus idiomas, sin haber reconocido antes lenguas que llevan 40 años siendo oficiales en un Estado miembro.

Sampedro remarcó en Dublín que España apoya firmemente la expansión europea, pero espera que se responda antes a las expectativas de 20 millones de ciudadanos. Preguntado por si la falta de acuerdo supondría un veto español a nuevas incorporaciones, expresó su convicción de que la situación se resolverá mucho antes.

El largo camino para lograr la unanimidad

El formato escogido en la agenda concede únicamente unos minutos de intervención a España sin garantizar que otros miembros tomen la palabra. El expediente fue impulsado por primera vez en agosto de 2023 en el marco de los acuerdos del Gobierno con Junts para la investidura de Pedro Sánchez, elevándolo a debate en diversas ocasiones bajo presidencias como las de Bélgica, Polonia o Dinamarca sin lograr consenso.

El gran obstáculo radica en la necesidad de unanimidad. Para aplacar las reticencias jurídicas y el temor de otros Estados a sentar un precedente con sus lenguas minoritarias, España se comprometió a asumir los costes (unos 132 millones de euros anuales) y propuso en 2025 una aplicación gradual desde 2027 limitada a traducir los reglamentos del Consejo y Parlamento. Además, defiende que son lenguas reconocidas en la Constitución, usadas en las Cortes Generales y con los tratados europeos ya traducidos a ellas.

Pese a los esfuerzos, persisten los recelos entre al menos siete y diez delegaciones. España afirma contar con el aval o no oposición de 20 países, pero la postura firme de Alemania (apoyada en informes que sugieren la necesidad de reformar los Tratados) frena el avance. Aunque en octubre de 2025 ambos países pactaron una negociación bilateral, los contactos entre el ministro José Manuel Albares y su homólogo germano en mayo de 2026 confirmaron que Berlín mantiene intactas sus dudas.