El delegado en Madrid exige a Ayuso "respeto al derecho de reunión" por la acampada de Sol

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha hecho acuse de recibo del requerimiento anunciado esta mañana por la Comunidad de Madrid, si bien ha exigido al Ejecutivo autonómico "respeto al derecho fundamental de reunión" en relación a la acampada en Puerta del Sol, al tiempo que ha animado a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a respaldar los Reales Decretos de Vivienda aprobados por el Consejo de Ministros.

Así lo trasladan fuentes de la Delegación del Gobierno en Madrid, que en todo caso reafirman su "compromiso" por la seguridad ciudadana en la acampada en la Puerta del Sol impulsada por el Sindicato de Inquilinas tras el desalojo de Maricarmen la semana pasada. Además, insiste en "mantener la protección" de la Real Casa de Correos como Bien de Interés Cultura y sede del Gobierno madrileño.

Más allá de esto, Martín ha hecho un llamamiento a Díaz Ayuso y su Gobierno para que "contribuya a la convalidación" de los Reales Decretos aprobados este martes por el Consejo de Ministros y a asumir sus propias competencias para "dar solución al problema de la vivienda" en la Comunidad de Madrid.

La Delegación del Gobierno defiende así esta postura después de que por la mañana la Comunidad de Madrid enviara un requerimiento en el que le daba 48 horas para disolver la acampada antidesahucios y por la vivienda en la Puerta del Sol, bajo la amenaza de emprender acciones legales en su contra si no actuaba, según Europa Press.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y también portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, ha sido el encargado de dar el anuncio, donde además ha puesto el foco en la necesidad de proteger de "actos vandálicos" la Real Casa de Correos, edificio con más de 250 años de historia y que sirve como sede del Ejecutivo madrileño.

En caso de que Martín no atienda el requerimiento, la Comunidad de Madrid ha afirmado que presentarán el correspondiente recurso contencioso administrativo pidiendo medidas cautelares ante el órgano judicial correspondiente, al tiempo que se reservarán "el derecho a poder emprender cualquier tipo de acción judicial, incluidas acciones penales".

La Delegación del Gobierno, por su parte, se ha limitado a confirmar "haber recibido el requerimiento anunciado este mañana por el Gobierno regional".