Las fuerzas de seguridad han desmantelado una red delictiva dedicada al contrabando de combustible. La operación ha dejado un saldo de seis detenidos mientras que ocho personas mas estarían siendo investigadas acusadas de defraudar a Hacienda más de dos millones de euros mediante la venta irregular de gasóleos.
Según han revelado fuentes policiales que lideraron el dispositivo, las pesquisas se iniciaron al notar flujos financieros anómalos: al parecer, los investigadores detectaron un movimiento inusual en varias sociedades que comercializaban carburante sin repercutir los impuestos que gravan su venta.
La mafia operaba principalmente desde territorio murciano, aunque extendía sus operaciones hacia la Costa Blanca y otras áreas del país. Para perpetrar estas operaciones "la organización se servía de un entramado de empresas para adquirir y distribuir el producto, así como de documentación mercantil alterada para dar apariencia legal a las operaciones y ocultar el origen de los beneficios".
El cálculo oficial de las autoridades estima que, solamente durante el pasado ejercicio de 2025 y escrutando apenas un par de las mercantiles implicadas, el grupo evadió casi medio millón de euros correspondientes a tasas de valor añadido y rebasó el millón ochocientos mil en la evasión de tributos especiales del sector energético.
Registros simultáneos y clausura de surtidores
El operativo se cerró mediante una acción coordinada entre la Guardia Civil y los efectivos de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria. Las autoridades realizaron seis registros en diferentes domicilios de la región murciana, tanto viviendas privadas como en un complejo industrial. Durante la intervención, la policía incautó varios de vehículos de alta gama, cerca de diez mil euros en metálico y cuantiosos documentos incriminatorios.
Paralelamente, los responsables del dispositivo ordenaron la clausura preventiva de las infraestructuras de la banda. Con carácter preventivo se precintaron tres depósitos que contenían 86.000 litros de carburante y los surtidores de tres estaciones de servicio situadas en Villajoyosa (Alicante), Miguelturra (Ciudad Real) y Linares (Jaén), y se han logrado bloquear más de 60 cuentas bancarias vinculadas al entramado.
A los detenidos se les atribuye delitos de pertenencia a organización criminal y, con distinto grado de participación, los delitos contra la Hacienda Pública, contra los consumidores, daños, falsedad documental, estafa y blanqueo de capitales. Todos han sido puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orihuela. Uno de ellos ingresó en prisión en virtud de un señalamiento judicial que ya se encontraba vigente con anterioridad, mientras que el resto quedó en libertad con la imposición de medidas cautelares.
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