El colapso de la red eléctrica: el gran freno que lastra la construcción de vivienda en España

No es un problema de caseros ni de alquileres, ni siquiera de precio. Uno de los factores que más lastra el desarrollo del mercado de vivienda en España es la energía. O más bien, la falta de ella. En nuestro país, cientos de miles de viviendas —algunos estudios lo elevan por encima de las 300.000— están paradas o sin poderse construir por el colapso de la red eléctrica a la que deberían conectarse. Sin suministro energético no es posible construir o entregar una vivienda. El colapso en la mayor parte de sus nudos de conexión está provocando que muchos desarrollos urbanísticos estén paralizados o que incluso bloques ya ejecutados tengan que retrasar su entrega.

La escasa capacidad libre de red que queda en la red española, fundamentalmente en las zonas urbanas y grandes ciudades, ha abierto una suerte de pugna por obtener autorizaciones de conexión. Por ellas compiten desde los data centers en auge hasta proyectos industriales y promociones de viviendas. Sin duda, la Comunidad de Madrid es la región con mayores dificultades. Su mayor demanda, tanto para promociones residenciales como para proyectos como los centros de datos, ha situado en más de 100.000 el número de viviendas paralizadas según la patronal de las promotoras ASPRIMA. En muchos casos, la única salida para una situación de bloqueo así pasa por financiar subestaciones eléctricas o extensiones de cableado de alta tensión para conectar las promociones a otros puntos menos saturados. Soluciones que, en cualquier caso, disparan los costes de los proyectos y en la mayoría de los casos son rechazadas.

En zonas como Andalucía la situación es similar: se estima en algo más de 60.000 las viviendas de nueva construcción que estarían frenadas por dificultades de enganche a la red eléctrica. En este caso, en provincias como Málaga, Sevilla o Cádiz, la disputa se libraría en mayor medida con proyectos de plantas fotovoltaicas, cuya conexión a la red también se encuentra al alza. En Cataluña, según las estimaciones del sector, el impacto de la insuficiente capacidad de la red eléctrica afectaría a algo más de 45.000 viviendas, y a cerca de 35.000 en la Comunitat Valenciana.

Demanda de conexión rechazada

El problema afecta a un buen número de promociones que, pese a estar prácticamente concluida su construcción, siguen pendientes de poder obtener las licencias de primera ocupación o cédulas de habitabilidad por falta de autorización de conexión a la red por parte de su distribuidora eléctrica. Esta situación afecta a cerca de un 30% de los proyectos de vivienda paralizados por carencias de la red. El otro 60% se corresponde con proyectos de expansión ya proyectados, con suelos urbanizables y previstos pero pendientes de autorización de conexión.

Esta congestión incide directamente en la construcción de vivienda, uno de los pilares cuyo desarrollo está afectando gravemente a la oferta. Según el Banco de España, en España harían falta 700.000 nuevas viviendas para poder cubrir la demanda existente. En 2024, el sector urbanístico solicitó una capacidad equivalente a 6,7 GW de conexión a la red, pero solo la mitad pudo ser satisfecha. En 2025, apenas el 12% de las solicitudes fueron atendidas. Cabe destacar que las viviendas en España representan cerca del 25% del consumo del total de demanda de energía eléctrica del país, con electrodomésticos, calefacción, iluminación o aire acondicionado que no pueden operar sin conexión a la red general.

Uno de los problemas que señala el sector de la vivienda es la falta de coordinación y planificación eléctrica con los desarrollos urbanísticos. La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (ASPRIMA) subraya que, además de la falta de capacidad de la red, el exceso de burocracia se está convirtiendo en un grave problema para avanzar en la oferta de vivienda. ASPRIMA reclama una mejor planificación eléctrica, sincronizada con los planeamientos urbanísticos, además de facilitar la flexibilización de ciertas inversiones de las distribuidoras e incentivar inversiones anticipadas.

Las exigencias del sector: coordinación, prioridad y menos burocracia

El sector también urge a priorizar a los desarrollos residenciales a la hora de asignar la capacidad de acceso a la red "frente a otros usos no estratégicos o con mayor movilidad geográfica". Junto a ello, consideran prioritario agilizar los procesos administrativos y fijar plazos más cortos para resolverlos. También creen necesario que sea el sistema eléctrico el que asuma el coste de la red troncal que realizan los promotores, y que estos únicamente tengan que hacer frente a la red de baja tensión.

Recientemente, el Gobierno anunció que ampliará de 13.600 millones a 17.000 millones de euros el paquete de inversiones de aquí a 2030 para mejorar la capacidad de la red eléctrica de nuestro país. Un plan que busca satisfacer mejor la alta demanda de electrificación existente, entre ella la de las nuevas promociones de vivienda.

Sin duda, la capacidad y situación de colapso de gran parte de la red de transporte y distribución y la proliferación de un volumen cada vez mayor de demanda de industrias como los centros de datos, desarrollos de plantas de energías renovables y almacenamiento, grandes industrias o promociones de vivienda, es lo que ha obligado a disparar finalmente las inversiones del plan que pretende facilitar los objetivos fijados en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).

Inversión millonaria a 2030 y la "letra pequeña" del reparto

El Plan de Planificación Eléctrica a 2030 del Gobierno contempla aumentar la capacidad de la red reservada a las viviendas. En total se destinarán 1,8 Gigavatios (1.800 MW) para nuevos desarrollos urbanísticos y viviendas. Considerando las estimaciones de consumo de un hogar estándar con alto nivel de electrificación (cocina, aerotermia y recarga de vehículo eléctrico), esta inyección de potencia eléctrica permitirá dar cobertura técnica a entre 300.000 y 450.000 nuevos hogares, lo que sobre el papel absorbe el volumen de pisos atascados por falta de red.

Sin embargo, aunque la infraestructura eléctrica se refuerce, la normativa actual mantiene el criterio de asignación por estricto orden de llegada (first come, first served), obligando al sector residencial a competir por los mismos nudos de red con la gran industria, la producción de hidrógeno verde y, muy especialmente, los centros de datos, cuyos consumos continuos agotan velozmente la capacidad local. Además, los grandes proyectos de transporte eléctrico se demoran entre 3 y 5 años en desplegarse. Por ello, el incremento de la inversión no logrará desbloquear el cuello de botella a corto plazo si no se introducen criterios explícitos de prioridad para el uso residencial, como reclama el sector, ni se simplifican los trámites para las obras de baja y media tensión.