El Ministerio de Empleo ha visto superadas con creces sus expectativas de creación de empleo para este año y quiere aprovecharlo. El departamento que dirige Fátima Báñez estudia trasvasar el ahorro en prestaciones de los parados a la mejora de la protección de aquellos catalogados como de larga duración que, tras años en el dique seco buscando un trabajo, van agotando poco a poco todas las vías posibles de ingresos.

En el cuaderno de medidas pendientes que tenía el Ministerio de Empleo en funciones estaba la mejora de las condiciones de acceso al Plan Prepara y al Programa de Activación para el Empleo, con la idea de ampliar el número de beneficiarios. Ahora, con un nuevo Ejecutivo a punto de ponerse en marcha, el cuaderno vuelve a abrirse.

Casi la mitad de los parados no tiene ningún tipo de protección

El Gobierno ha venido manejando en este año electoral la promesa de crear unos 500.000 empleos anuales. Las cifras de la Seguridad Social reflejan un aumento de la ocupación de casi 592.000 personas en los últimos doce meses solo hasta octubre, y quedan por delante dos meses buenos en términos de empleo. En paralelo, el paro ha descendido en 411.387 personas en el último año.

En términos de balance del Servicio  Público de Empleo (SEPE), el antiguo Inem, ello supone un ahorro en gastos por prestaciones del 8,9% respecto al pasado año y una perspectiva de mayores ingresos por cuotas para la Seguridad Social. Es decir, más margen.

Sin embargo, hay un dato que afea estos registros: la tasa de cobertura (porcentaje de parados con experiencia laboral que no reciben ninguna prestación) se ha reducido al 54,3% en octubre, lejos del nivel próximo al 80% que alcanzó en 2010. Esto quiere decir que casi la mitad de los parados no tiene ningún tipo de protección. La razón de este descenso es el progresivo agotamiento de las prestaciones y subsidios por parte de una creciente legión de parados de larga duración, que ya suma 1,8 millones de personas.

El objetivo es que no se queden en la cuneta

Los Presupuestos para 2016 prevén equilibrio presupuestario para el Servicio Público de Empleo (SEPE) –antiguo Inem– al cierre de este año, frente al superávit de unos 5.000 millones del pasado año, cuando las transferencias del Estado fueron mucho mayores.  Fuentes de Empleo creen que cuando acabe el año el SEPE habrá cumplido con ese equilibrio.

Sin embargo, los datos dicen que su superávit era en octubre, después de conocerse los buenos datos de empleo de ese mes, de casi 2.400 millones de euros, el equivalente al 0,2% del PIB, con unas transferencias corrientes que superaban los 3.000 millones de euros, frente a los 10.000 millones del año anterior.

El gasto en prestaciones ha caído un 8,9% frente al 6,4% inicialmente presupuestado

La evolución del gasto en prestaciones muestra hasta la fecha una caída del 8,9% frente al 6,4% inicialmente presupuestado respecto a la liquidación de 2015, hasta los 19.321 millones de euros . Esto hace pensar que, de mantenerse este ritmo, el gasto en prestaciones al final de este año será menor que el previsto, como ya sucedió en 2015, cuando el grado de ejecución del gasto en prestaciones fue del 80,2%.

No obstante, en cualquier situación presupuestaria del SEPE, este organismo cuenta con la baza de recibir transferencias corrientes del Estado en virtud del gasto necesario para desempleo, más aún cuando es hoy por hoy un alumno aventajado.

Mejora de las ayudas a parados de larga duración

En esta situación, con el Gobierno ya formado y las cifras de empleo hinchando la vela del Inem, una de las primeras vías que viene estudiando Empleo es la modificación de las condiciones de acceso al Plan Prepara para ampliar el número de beneficiarios.

Esta ayuda, de la que se han beneficiado hasta la fecha unas 700.000 personas, se dirige a parados de larga duración y consta de una paga de 400 euros mensuales –450 euros en caso de cargas familiares—vinculada al desarrollo de programas de recualificación.

Actualmente, este programa se encuentra prorrogado hasta el 15 de febrero de 2017, pero está previsto que se desactive en el momento que la tasa de paro baje del 18%, cifra menos de un punto inferior a la tasa del 18,9% registrada en el tercer trimestre del año.

Otra de las vías para aumentar la protección de los parados de larga duración es mejorar las condiciones de acceso del Programa de Activación para el Empleo, que hasta la fecha ha llegado a 200.000 personas. Los sindicatos vienen criticando que los actuales filtros están impidiendo que más personas se beneficien.

Este programa consta de una ayuda equivalente al 80% del Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (Iprem) durante seis meses, y el desarrollo de programas de reactivación. En este caso, está dirigido a personas que en los seis meses anteriores hayan agotado prestaciones y subsidios como la Renta Activa de Inserción (RAI) o el Prepara y que carezcan de rentas superiores al 75% del salario mínimo interprofesional (SMI).

Otra de las medidas que prevé Empleo para mejorar la protección de los parados de larga duración es duplicar la financiación destinada a orientadores para asesorar individualmente a parados de entre 30 y 55 años, desde los 130 millones en 2016 a los 260 millones en 2017. Esta cuestión ha estado paralizada este año con el Gobierno en funciones.