Los ayuntamientos son la administración más saneada de España, con un superávit que cerrará este año en el 0,4% del PIB, según las previsiones del Gobierno. Se trata de alrededor de 4.500 millones extra que volverán a amortiguar en parte el déficit agregado del conjunto de las administraciones, como ha ocurrido en años anteriores.

Sin embargo, ser el alumno aventajado les está costando caro o más bien no les está saliendo a cuenta. Los entes locales acumulan hasta la fecha unos ahorros históricamente elevados en depósitos bancarios que alcanzan los 17.400 millones de euros.

En las actuales circunstancias del mercado, con los tipos en mínimos históricos, este volumen apenas genera rentabilidad

Este saldo vivo se viene dedicando a financiar el circulante de los ayuntamientos, que con la Regla de Gasto no pueden, salvo excepciones, realizar inversiones. El dinero depositado por esta vía no ha parado de crecer desde 2011, cuando su cuantía era casi 7.000 millones inferior.

En las actuales circunstancias del mercado, con los tipos en mínimos históricos, los depósitos apenas generan rentabilidad. Las entidades financieras remuneran el ahorro a la vista (dinero de libre disposición en cuentas de ahorro) al 0% y apenas ofrecen un retorno del 0,1% para el ahorro a plazo (inmovilizado en depósitos hasta la fecha de vencimiento), confirman los portavoces de varios bancos.

La Ley de Estabilidad Presupuestaria incluye lo que se conoce como la Regla de Gasto para el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Su aplicación se remonta a 2013, pero ha recibido especial atención después de que España se desviara casi un punto del objetivo de déficit de 2015, desde el 4,2% del PIB previsto hasta el 5%.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no dudó en acusar a los gobiernos autonómicos de esta desviación. Y es que las comunidades cerraron el pasado año con un déficit del 1,6%, frente al 0,7% que se les exigía, asumiendo básicamente el punto de desviación. Sin embargo, los ayuntamientos, que finalizaron el año con un superávit del 0,44% del PIB, también sufrieron el castigo.

Así funciona la Regla de Gasto

La Regla de Gasto establece que estas administraciones no pueden incrementar sus desembolsos por encima del crecimiento potencial de la economía a medio plazo, que en 2016 se ha fijado en el 1,8%. Solo es posible superar este límite si la excepción se compensa con incrementos de ingresos con carácter permanente.

La regla de gasto establece que no se puede incrementar el gasto por encima del crecimiento potencial de la economía a medio plazo

No obstante, quedan excluidos pagos como los intereses de la deuda, el gasto no discrecional en prestaciones por desempleo, la parte del gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la UE o de otras administraciones públicas y las transferencias a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales vinculadas a los sistemas de financiación.

Para los ayuntamientos saneados existe la posibilidad de destinar el superávit a inversiones, pero siempre que a lo largo de su vida útil sean financieramente sostenibles. Es necesario también que el período medio de pago a los proveedores del los ayuntamientos en cuestión no supere el plazo máximo previsto la Ley de Morosidad.

En resumen, la Ley persigue con estas limitaciones que todo margen presupuestario que exceda esta barrera se dedique a la reducción del déficit y la deuda de las administraciones, con el fin de salvaguardar la estabilidad fiscal. Pero para muchos ayuntamientos saneados, esto ha supuesto una acumulación continuada de recursos que no se pueden gastar.

Los ayuntamientos piden más margen

En esta situación, los ayuntamientos piden al Ministerio de Hacienda que les permita abrir el grifo. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha solicitado ya al nuevo Gobierno que convoque una reunión de la Comisión Nacional de la Administración Local (CNAL) para abordar la reforma de la administración local, así como la posibilidad de modificar la Regla de Gasto.

De entrada, la FEMP ya ha propuesto que el techo de gasto de las corporaciones locales pueda incorporar la previsión de inflación.

Mientras tanto, los ayuntamientos también tratan de abrir grietas en este muro del gasto. Por ejemplo, solicitaron a Hacienda que fuera flexible con aquellos ayuntamientos sin deuda para que pudieran cubrir el sobrecoste de la jubilación de los policías municipales a partir de los 60 años.