El Gobierno parece dispuesto a dar la batalla para que sigan siendo las grandes eléctricas las que asuman el coste que supone el bono social, la única política de carácter estatal que busca paliar los efectos de la pobreza energética.

El Tribunal Supremo tumbó hace un mes el sistema de financiación del bono social, un descuento del 25% de la factura de la luz que se aplica a 2,4 millones de hogares supuestamente vulnerables. El sistema invalidado trasladaba el coste del programa, unos 200 millones anuales, mayoritariamente a las cinco grandes eléctricas (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP España y Viesgo asumían el 95% de la cantidad total) y en menor medida otra veintena de compañías.

Nadal anuncia que el Ejecutivo ha recurrido la sentencia del Supremo que tumba la financiación del bono social

El nuevo ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha anunciado en el Senado que el Gobierno ha recurrido la sentencia del Supremo presentando un incidente de nulidad. “No estamos de acuerdo con la sentencia, aunque evidentemente la acataremos”, ha dicho. Y acatarla pasa, por un lado, por determinar de qué manera se ejecuta la devolución a las eléctricas de los 500 millones que han abonado en los últimos tres años y, por otro, qué nuevo sistema financiación se la aplica al bono para salvar los problemas legales.

Nadal ha invitado, como ya hizo ayer, a todos los partidos políticos a abrir un diálogo para encontrar un nuevo sistema de financiación del bono social. Un nuevo modelo que, además, implicaría que las eléctricas siguieran asumiendo el coste.

“Estaremos de acuerdo en que ni el resto de los consumidores ni el presupuesto público deben pagar esto”, ha dicho el ministro. Esto es, si el coste del programa no lo asumen todos los clientes con su recibo de luz ni se traslada a los Presupuestos Generales del Estado, la única vía restante pasa por volver a endosarle el coste a las compañías eléctricas.

“Todos los partidos políticos llevábamos en nuestros programas electorales una mejora del bono social. Por eso es necesario un diálogo urgente de todos para evitar los efectos de la sentencia”, ha apuntado Nadal. De hecho, la sentencia del Supremo no prohíbe estrictamente que sean las compañías eléctricas las que financien el bono social, sino que tumba el reparto entre empresas diseñado por el Ejecutivo por discriminatorio.

En cualquier caso, el nuevo Gobierno también se enfrenta a la necesidad planteada por el resto de partidos de una reforma no sólo de quién paga el bono social, sino también quién puede y debe recibirlo. Y es que tienen derecho a recibir el bono social los clientes que hubieran contratado una potencia eléctrica inferior a los 3 kilovatios en su primera vivienda, las familias numerosas, los perceptores de pensiones mínimas y no contributivas, y los hogares que acreditaran que tenían a todos sus miembros en paro (requisitos que aún hoy son los que están vigentes). Sin embargo, no se aplica ningún criterio directo de renta familiar para determinar si se recibe o no el descuento, lo que reduce su efectividad para luchar directamente contra la pobreza energética.

En paralelo, Nadal ha insistido en el Senado en la necesidad de abrir en paralelo otra vía de diálogo entre todas las administraciones para combatir la pobreza energética, que es la imposibilidad de cerca de 5 millones de españoles, según algunas estimaciones, de asumir el coste de luz y gas para mantener su vivienda a una temperatura aceptable para su habitabilidad.