El Gobierno dice tener claro que el bono social -un descuento del 25% en el recibo de la luz para hogares vulnerables- lo deben seguir financiando las eléctricas como hasta ahora. En un principio lo pagaban sólo las cinco grandes eléctricas (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP y Viesgo), pero el Tribunal Supremo lo prohibió en 2013 por ser un reparto discriminatorio. El Gobierno decidió entonces hacer que los 200 millones anuales que cuesta el bono social lo pagaran todos los grupos integrados que participan en las tres patas del negocio –generación, distribución y comercialización-, así que lo pagaban las cinco grandes y otra veintena de compañías más. Pero el Supremo volvió a tumbarlo hace un mes.

Ahora el nuevo Gobierno, con Álvaro Nadal al frente del Ministerio de Energía, busca la fórmula idónea para evitar que el bono social lo asuman el resto consumidores con su recibo de la luz ni los presupuestos del Estado, y que sigan financiándolo las compañías. Y cree que ha encontrado la manera para que así sea y sortear los obstáculos legales de anteriores planteamientos.

La factura para todas las comercializadoras de luz

Nadal se ha reunido hoy con todos los grupos parlamentarios en el Congreso y tras el encuentro ha desvelado que el Ministerio trabaja ya para tener listo en apenas unas semanas un nuevo real decreto para regular el bono social, que en la práctica es la única política estatal que mal que bien trata de paliar los efectos de la pobreza energética. Y ese nuevo real decreto trasladará la financiación del programa a todas las comercializadoras eléctricas que operan sin excepción. Esto es, se trasladará la factura de esos 200 millones las cinco grandes eléctricas y a otras cerca de 240 compañías más. “Sin hacer exclusiones”, ha dicho Nadal. Y en esa iniciativa el nuevo ministro parece haber encontrado el apoyo unánime de todos los partidos políticos.

El gran escollo que encontrarán el Ejecutivo y los grupos parlamentarios para salvar las reticencias del Supremo es encontrar un reparto de los 200 millones de euros entre esos dos centenares de empresas y que se considere que no es discriminatorio. En principio, el criterio de repartición será la cuota de mercado de cada una de ellas en el negocio de la comercialización de luz.

Los planes del Gobierno pasan igualmente por endosar a las compañías el pago de los 500 millones de euros que, según establece la última sentencia del Supremo, el sistema eléctrico debe devolver a la veintena de empresas que en los últimos años han estado soportando el coste del bono social.

Además de diseñar un nuevo sistema de financiación, el Gobierno aprovechará el real decreto para renovar los criterios para percibir el descuento. Y es que actualmente, y desde 2009, tienen derecho a recibir el bono social los clientes que hayan contratado una potencia eléctrica inferior a los 3 kilovatios en su primera vivienda, las familias numerosas, los perceptores de pensiones mínimas y no contributivas, y los hogares que acreditaran que tenían a todos sus miembros en paro (requisitos que aún hoy son los que están vigentes).

No se aplica ningún criterio directo de renta familiar para determinar si se recibe o no el descuento, lo que reduce su efectividad para luchar directamente contra la pobreza energética, ya que el bono lo están percibiendo también hogares sin ningún problema económico. El ministro ha rehusado deallar de qué manera se pretende mejorar los criterios para convertirse en beneficiario de la ayuda.  «No quiero merendarme la cena», ha dicho.

Las eléctricas, dispuestas a dar la batalla

Ante el escenario que se les avecina, las compañías ya ayer –antes de la reunión de los partidos políticos- se mostraban dispuestas a plantar cara al Gobierno si decidía volver a situarles como paganas del bono social. “Volveremos a dar la batalla si lo hacen”, apuntaban desde una de las grandes eléctricas. “Lo recurrimos porque consideramos que no debemos asumir ese coste y lo volveremos a hacer si es necesario. El sector no está por la labor de aceptarlo”, señalan desde otra de las compañías.  “El Gobierno lo va a tener que hacer muy bien, porque si recurrimos va a volver a perder”.

Y es que la posición de las compañías eléctricas es que el programa descuentos a hogares vulnerables se trata de una política social del Gobierno y, como tal debe ser financiada por los Presupuestos Generales del Estado, no por empresas. “A nadie se le ocurre hacer pagar a una compañía de alimentación la comida de los hogares que no pueden comprarla. Pero al Gobierno le parece normal en el caso de las eléctricas”, dicen fuentes de una empresa del sector.