El Gobierno pretende que, a pesar de los obstáculos legales, sigan siendo las eléctricas las que paguen el bono social, la única política estatal que busca paliar los efectos de la pobreza energética y cuyo coste alcanza cerca de 200 millones al año.

El Tribunal Supremo tumbó hace un mes el sistema de financiación del programa (por segunda vez en tres años), así que el Ejecutivo tiene que diseñar una nueva fórmula y en esa tarea quiere volver a endosarle a las compañías el coste, para lo que busca el apoyo el resto de partidos políticos.

Hasta ahora, el bono social –un descuento del 25% de la factura de la luz que se aplica a 2,4 millones de hogares en principio vulnerables- lo venían financiando mayoritariamente las cinco grandes eléctricas (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP España y Viesgo asumían el 95%) y en mucha menor medida otra veintena de compañías. El Supremo no discute que puedan ser las empresas las que financien el programa, pero considera discriminatorio el reparto diseñado por el Ejecutivo y, por ello, contrario al derecho comunitario.

El nuevo ministro de Energía, Álvaro Nadal, se reúne hoy con los grupos parlamentarios en el Congreso en busca de una solución para mejorar la financiación del bono. Por un lado, decidir quién lo paga y, si son las eléctricas, de qué manera solventar las reticencias del Supremo; y, por otro, de qué manera hacerlo más efectivo en la lucha contra la pobreza energética.

“Estaremos de acuerdo en que ni el resto de los consumidores ni el presupuesto público deben pagar esto”, dijo el martes el ministro en el Senado. Esto es, si el coste del programa no lo asumen todos los clientes con su recibo de luz ni se traslada a los Presupuestos Generales del Estado, la única vía restante pasa por volver a endosarle el coste a las compañías eléctricas. «Lo debe pagar el sector», resumió ayer mismo en el Congreso de los Diputados.

Dispuestas a recurrir

Ante el escenario que se les avecina, las compañías se muestran dispuestas a plantar cara al Gobierno si decide volver a situarles como paganas del bono social. “Volveremos a dar la batalla si lo hacen”, apuntan desde una de las grandes eléctricas. “Lo recurrimos porque consideramos que no debemos asumir ese coste y lo volveremos a hacer si es necesario. El sector no está por la labor de aceptarlo”, señalan desde otra de las compañías.  «El Gobierno lo va a tener que hacer muy bien, porque si recurrimos va a volver a perder».

Y es que la posición de las compañías eléctricas es que el programa descuentos a hogares vulnerables se trata de una política social del Gobierno y, como tal debe ser financiada por los Presupuestos Generales del Estado, no por empresas. “A nadie se le ocurre hacer pagar a una compañía de alimentación la comida de los hogares que no pueden comprarla. Pero al Gobierno le parece normal en el caso de las eléctricas”, dicen fuentes de una empresa del sector.

El nuevo Gobierno y los partidos políticos también se enfrentan a la necesidad de una reforma no sólo de quién paga el bono social, sino también quién puede y debe recibirlo. Y es que tienen derecho a recibir el bono social los clientes que hubieran contratado una potencia eléctrica inferior a los 3 kilovatios en su primera vivienda, las familias numerosas, los perceptores de pensiones mínimas y no contributivas, y los hogares que acreditaran que tenían a todos sus miembros en paro (requisitos que aún hoy son los que están vigentes). Sin embargo, no se aplica ningún criterio directo de renta familiar para determinar si se recibe o no el descuento, lo que reduce su efectividad para luchar directamente contra la pobreza energética.