El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la ministra de Empleo, Fátima Báñez, han recibido este jueves en el Palacio de la Moncloa a los máximos representantes de la patronal y los sindicatos para reiniciar una nueva fase del diálogo social con varios temas clave sobre la mesa, entre ellos la subida del salario mínimo interprofesional (SMI).

Fuentes sindicales han explicado tras el encuentro que la reunión se ha caracterizado por la falta de concreción. El Gobierno ha ofrecido a las centrales y a los empresarios una agenda de alrededor de una quincena de temas, pero con pocas aproximaciones.

El Ejecutivo quiere pactar una senda de actualización del SMI en un horizonte de entre cuatro y ocho años

Entre ellas, el Ejecutivo se ha mostrado dispuesto a pactar una senda de actualización del SMI, como demandan los sindicatos, pero no ha avanzado cifras y, en todo caso, ha planteado dicha revisión en un horizonte de entre cuatro y ocho años.

Esto en la práctica, supondría que parte del acuerdo debería ser ejecutado por el próximo Gobierno, sea del color que sea. Esta cuestión ha inquietado a los sindicatos. Así, las mismas fuentes han apuntado que “nadie sabe quién va a gobernar para entonces”, por lo que han insistido en que el pacto se ciña a la presente legislatura.

Según los cálculos de CC.OO, el SMI, que actualmente se sitúa en los 654 euros al mes, debería aumentar un 40%, de acuerdo con la Carta Social Europea, hasta los 900 euros mensuales, a lo largo de los próximos cuatro años. UGT también apuesta por crecimientos reales de los salarios y un SMI de hasta 800 euros en 2017 y del entorno a los 1.000 euros al final de la legislatura.

Pese a la divergencia de planteamientos, las centrales han aceptado la oferta de diálogo. A partir de ahora, el Gobierno prevé poner encima de la mesa una propuesta más concreta sobre la actualización del SMI en próximas semanas.

No todo es negociable

Sin embargo, el Gobierno considera que no todo es dialogable en el diálogo social, y ha planteado en la reunión dos restricciones. La primera es preservar ante todo el cumplimiento del déficit público y la segunda, no liquidar las reformas realizadas en su mandato, como la reforma laboral o las pensiones, según informa por Europa Press.

Las dos restricciones del Gobierno: cumplir el déficit público y no liquidar las reformas realizadas en su mandato

«¿Cómo se mejora la calidad del empleo sin tocar la reforma laboral?», se ha preguntado el secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, que ha añadido que ahora es el momento de revisar las reformas hechas y cambiarlas «radicalmente».

En este sentido, si los sindicatos se han encontrado con un muro en su intención de derogar la reforma laboral, la ministra de Empleo les ha dado vía libre, según ha señalado el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, para hacer una reforma parcial previo acuerdo con la patronal.

Por su parte, los presidentes de CEOE, Juan Rosell, y Cepyme, Antonio Garamendi, han insistido en que con esta reunión se inicia un nuevo proceso de diálogo y que por delante queda un listado de 14 o 15 temas sobre los que empezar a hablar.

En un comunicado conjunto de los agentes sociales posterior a la reunión, señalan como prioridades de esta ‘hoja de ruta’ la consolidación de la recuperación económica con crecimiento y empleo para favorecer las oportunidades y reducir la desigualdad; el aumento de la protección por desempleo con especial atención a los parados de larga duración e impulsar las políticas activas de empleo, la mejora del funcionamiento de la Garantía Juvenil Europea en España y otras medidas, para que alcance sus objetivos de reducción del desempleo juvenil, el impulso de la calidad en el empleo; y el fortalecimiento del sistema público de pensiones.