El funcionario Cristóbal Montoro, con sus 14 trienios a la espalda, ha hecho sentirse otra vez protagonistas a los empleados públicos desde que se revalidó su puesto al frente del Ministerio de Hacienda. En la toma de posesión del cargo, el pasado 7 de noviembre, reconoció los sacrificios realizados por el colectivo durante la crisis y se comprometió a “dignificar” y a  “mejorar sus condiciones de trabajo”.

Además, la cartera de la que tomaba posesión lleva aparejada una Secretaría de Estado de Función Pública, con Elena Collado, al mando. Una vieja conocida de los sindicatos de la Administración tras su breve paso por la Dirección General de la Función Pública en 2015.

Montoro se ha comprometido a “dignificar” la labor de los empleados públicos

Para muchos en el sector público, este nuevo escenario ha sonado a promesa de mayores incrementos salariales, después de la bajada de los sueldos del 5% de media en 2010, la congelación desde entonces y la tímida subida del 1% ya en 2016.

No obstante, los principales sindicatos la función pública –CCOO, UGT y CSI-F– están empeñados en lograr recuperar las condiciones laborales perdidas durante la crisis, en especial el recorte del poder adquisitivo – que cifran en más de un 7% nominal y un 20% sumando la subida del IPC desde 2008–, así como el volumen de las plantillas.

Hasta la fecha solo habían tenido como referencia las palabras del vicesecretario de Acción Sectorial de PP, Javier Maroto, quien en julio avanzó que la subida salarial de los funcionarios sería del 1% en 2017, lo que suponía una subida en línea con la de 2016 –aunque con menos déficit que reducir y un crecimiento económico mayor que el del pasado año—y una previsible nueva pérdida de poder adquisitivo, puesto que la previsión de IPC para el próximo año es del 1,4%.

Y llegó la rebaja del techo de gasto

Sin embargo, los sindicatos temen que todo quede en una declaración de intenciones y que la recuperación de terreno salarial perdido durante la crisis tenga que esperar más tiempo.

No solo sobrevuela la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la UE del pasado 14 de septiembre, en la que se abría la puerta a que los interinos de la Administración pudieran empezar a percibir una indemnización en caso de cese.

Los sindicatos temen que todo quede en una declaración de intenciones y que la recuperación de terreno salarial perdido durante la crisis tenga que esperar más tiempo

Algunas fuentes consultadas señalan que ello acarrearía un posible coste adicional a tener en cuenta para la Administración, en caso de que redundara en un cambio normativo que reconociera en adelante dichas indemnizaciones.

Un mayor temor procede del techo de gasto para 2017, el límite presupuestario que se autoimpone el Estado cada año. Montoro ha avanzado que este tope de los Presupuestos será 5.000 millones inferior al inicial para este año, que se situó en 123.394 millones de euros.

Según fuentes de Hacienda, lo que ocurre es que la liquidación del Presupuesto para 2016 incluirá un ahorro de 5.000 millones frente a la previsión inicial por el efecto del acuerdo de no disponibilidad de gasto del Estado para este año (2.000 millones), un menor gasto en intereses de deuda (2.000 millones) y por el adelanto del cierre de la ejecución del Presupuesto a la mitad del año (1.000 millones).

Montoro ha avanzado que este tope de los Presupuestos será 5.000 millones inferior al inicial para este año

De esta forma, el techo de gasto del próximo año, siendo inferior en 5.000 millones al inicial de 2016, se situaría, en realidad, en línea con lo finalmente liquidado. Lo que está claro es que lo que descarta Montoro es gastar el próximo año más de lo que se ha gastado éste.

Los sindicatos no esperan a alegrías salariales

Con estos mimbres, la secretaria de Estado de la Función Pública ya se ha reunido con los principales sindicatos de la función pública, que han destacado su buena disposición al diálogo y el aire nuevo que ha reinado en los encuentros.

Sin embargo, desde UGT señalan que “el techo de gasto preocupa”, ya que, dentro del mismo margen presupuestario que en 2016, una mayor subida salarial depende de las prioridades de gasto que adopte el Gobierno. En este sentido, defiende que, “es evidente que los funcionarios han soportado una parte importante de la crisis”.

Del mismo modo, desde otros ámbitos sindicales aseguran ser conscientes de que “para el Gobierno reducir el déficit es lo primero” y que “no se pueden esperar milagros”. “Pesan como una losa los criterios de Bruselas”, añaden.

Recuperar los salarios perdidos en cuatro años

En esta tesitura, las centrales sindicales coinciden en plantear una subida salarial para este año de al menos el IPC. Por su parte, CSI-F ya ha ofrecido a Collado un horizonte de recuperación del terreno salarial perdido de cuatro años, el mismo periodo para el que han demandado una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en el ámbito confederal, a lo que el Gobierno ha respondido con un plazo mayor, de hasta ocho años.

CSI-F ya ha ofrecido a Collado un horizonte de recuperación del terreno salarial perdido de cuatro años

Desde CSI-F consideran que este acuerdo es más posible, ya que también lo están promoviendo con los diferentes grupos parlamentarios y, de momento, son “receptivos” y “sensibles”. No obstante, ni PP ni Ciudadanos aún han fijado una posición al respecto.

Además, conscientes de la situación, los sindicatos prevén centrarse en lograr al menos planes de empleo para volver a incrementar las plantillas, que, salvo en el caso de los servicios esenciales, no han dispuesto de una tasa de reposición de los trabajadores que se jubilan del 100% desde 2012; y en el desarrollo de una Ley de la Función Pública.

Al respecto, la recuperación de la tasa de reposición en el caso de ámbitos como la Sanidad o la Educación, también está suponiendo en los últimos años mayor presión por la vía de los salarios de la Administración.

Por último, los sindicatos persiguen la recuperar la jornada de 35 horas, cuestión que es más difícil si cabe, puesto que requiere la derogación del decreto de 2012 que la elevó a las 37,5 horas. Además, el Tribunal Constitucional ya ha fallado en contra de la recuperación de las 35 horas en Castilla-La Mancha y ha admitido a trámite un recurso contra la misma medida en el País Vasco.

Cuerpos superiores quieren modernizar la Administración

Por su parte, el presidente de la Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca), Jordi Solé, concreta que las aspiraciones de su colectivo, con características particulares frente al resto de empleados públicos, se dirigen más a “profesionalizar y modernizar” la función pública.

Solé se muestra también consciente de que, ante la necesidad de reducir el déficit público, “no es el momento de las reivindicaciones más ambiciosas”. El propio Montoro dejó un mensaje al respecto en un acto celebrado el 21 de noviembre: “Compensar ¿El qué? ¿Qué lenguaje es ese? Tenemos que contribuir todos al desarrollo de esta sociedad, tenemos que progresar y la Función Pública tiene que progresar. No hay que recuperar el pasado, hay que trabajar para ganar el futuro. No se trata de recuperar nada, sino de ganar el futuro”.

No obstante, en la posterior reunión que también mantuvo Fedeca con Collado, la organización le trasladó la idea de que, por su parte, tampoco cesará la reivindicación de una mejora de sus condiciones laborales.

Esta previsto que Montoro mantenga una reunión con los representantes de los funcionarios la próxima semana. Sin embargo, no se trata de la convocatoria de la Mesa General de la Función Pública que le reclaman. Al parecer, todo llegará, pero no se sabe cuándo.