El Gobierno ha introducido en el Real Decreto-Ley de ajustes aprobado por el Consejo de Ministros del viernes, no solo una mayor carga fiscal para grandes empresas o en el consumo de alcohol y tabaco de cara a 2017, sino también otra subida de impuestos indirecta por la vía del catastrazo de cuyo impacto no se han aportado cifras.

Se trata de la aprobación de los coeficientes de actualización de los valores catastrales para 2017 que han solicitado 2.452 ayuntamientos de toda España, un tercio del total, según consta en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado sábado.

Los tipos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI)  de cada ayuntamiento se aplican sobre estos valores catastrales, de forma que una subida en el valor de una vivienda se traduce en una mayor cuota de IBI a pagar por su propietario y en una recaudación para el consistorio.

Las revisiones catrastales se realizan, de acuerdo con el artículo 32.2 de la Ley del Catastro Inmobiliario, dentro de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada año. Sin embargo, en una situación atípica, el Gobierno tendrá que prorrogar este año los Presupuestos de 2016, con lo que, de seguir los cauces normales, dicha revisión catastral se produciría cuando se diera luz verde a los de 2017, como pronto en febrero de ese año.

El problema es que el IBI se devenga el 1 de enero de cada año natural y un retraso podría suponer un revés para los ingresos tributarios de miles de ayuntamientos: no podrían aprobar a tiempo nuevas ordenanzas fiscales para adaptar los tipos de gravamen del IBI a las referencias catastrales desde el inicio del año y no verían cumplidas las previsiones presupuestarias que hubieran realizado contando con dicha actualización.

Así lo justifica el Real Decreto al señalar que “la medida tiene una repercusión inmediata en el IBI” y que “resulta obligada la utilización del mecanismo del real decreto-ley para que entre en vigor antes de dicha fecha”, el primer día del año.

La pregunta que puede surgir es por qué es tan necesario que los ayuntamientos se aseguren dichos ingresos si año tras año son la administración más saneada, tanto en términos de déficit como de deuda. La respuesta es que siguen siendo un contrapeso necesario para cuadrar las cuentas en el agregado de todas las administraciones públicas.

Así, el texto continúa señalando que “la medida resulta necesaria dado que contribuye a reforzar la financiación municipal, la consolidación fiscal y la estabilidad presupuestaria de las entidades locales”.

La revisión se realizará en un tercio de los ayuntamientos

Como adelantó El Independiente, dado este paso, unos 2.500 municipios de toda España actualizarán en  2017 el valor catastral de los inmuebles urbanos no revisados al menos en los cinco años previos, antes de 2012.

La lista de este nuevo ‘catastrazo’ ya estaba confeccionada desde el pasado mes de septiembre, lo único que faltaba era saber los coeficientes que se aplicarían. De acuerdo con el Real Decreto-Ley, la mayor subida será para los inmuebles cuya última ponencia de valoración –por la que se fija su valor catastral—entró en vigor entre 1984 y 1990.

Para ellos, el coeficiente de incremento será del 1,08, lo que supone que por cada 100.000 euros, el valor catastral de los inmuebles aumentará en 8.000 euros.

El menor coeficiente corresponde a inmuebles valorados por última vez en 2011, pocos años después de que empezara a descender el precio de la vivienda desde sus niveles máximos de 2008. En este caso, la revisión se hará con un coeficiente del 0,87.

De esta forma, a menos que los ayuntamientos decidan introducir cambios en el impuesto, bonificaciones o exenciones, la subida del valor catastral de los inmuebles supondrá una mayor carga para el bolsillo de los ciudadanos y, en paralelo, más ingresos para los municipios.

Además, estas revisiones afectan a otras cargas tributarias como la plusvalía municipal que paga el vendedor de un inmueble por la revalorización catastral implícita del suelo en el que está construido a lo largo del tiempo.