Todo apunta, como ha declarado el ministro de Fomento Íñigo de la Serna, a que las autopistas no serán rescatas: serán liquidadas. La diferencia no es baladí, dicen los expertos: la liquidación sale más cara, desde cientos de millones más, sin descartar que sean miles de millones, principalmente por la eternización del proceso judicial. Y ya hay un auto que aboca a la liquidación, como es el emitido por la Audiencia Provincial de Madrid el pasado 18 de noviembre sobre la AP-36 (Ocaña-La Roda), sin posibilidad de interponer un recurso, tal y como ha  adelantado El Independiente.

La cifra comúnmente aceptada para el rescate son 5.500 millones según la patronal Seopan, pero la demora judicial encarece el resultado (a finales de 2014 Seopan tasaba el rescate en 4.000 millones). El recargo va implícito en la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), una suerte de aval que el Estado firmó con las empresas concesionarias, normalmente las mismas constructoras que hicieron las autopistas. La RPA es un instrumento introducido en la legislación en las postrimerías del franquismo (1973) qué prevé una responsabilidad del Estado si éste asume unas infraestructuras con las que a una concesionaria por designación pública -en este caso Fomento- le va mal económicamente. Se ejecuta con la liquidación.

Si los tribunales liquidan más autopistas, se activará la RPA y el monto final se dirimirá mediante un contencioso.

Si el Gobierno recupera la gestión, se activará la RPA y el total final a pagar se dirimirá en los tribunales. Se abriría un contencioso administrativo con la banca acreedora (mayoritariamente extranjera) que, según el informe presentado por Seopan en 2015, encarecerá el pago del Estado hasta  los 8.000 millones, una cifra que Fomento no acepta pagar. La diferencia con el rescate es que éste implica un acuerdo, con quitas a la deuda y todo, mientras que la liquidación no depende de las partes sino de un magistrado.

¿Por cuánto saldrá la nacionalización? Según las fuentes consultadas implicadas en las negociaciones «es imposible saberlo». La única que ha aportado cifras de un rescate mínimo es Seopan (5.500 millones), pero el ministro acaba de descartar cualquier acuerdo con los fondos acreedores, algunos de ellos fondos buitre estadounidenses que han comprado masivamente deuda de las autopistas a bancos extranjeros mediante quitas agresivas. El peaje de 140 kilómetros entre Ocaña y La Roda ya ha sido llamado a liquidación.

Seopan afirma que la responsabilidad patrimonial costará al Estado 8.000 millones. Otros rechazan la cantidad.

Fuentes jurídicas consultadas ven la cifra de 8.000 millones «inverosímil»: «entre las nueve», refutan estas fuentes, «hay al menos una o dos carreteras que se construyeron sin RPA». Todas las partes coinciden en que la cantidad a pagar se iría, como mínimo, varios cientos de millones más por encima de los 5.500 millones.

«Es imposible que alguien pueda predecir el coste final con la responsabilidad patrimonial porque nunca se ha liquidado una autopista en España. Hay más de diez maneras distintas de calcular la RPA», explica una fuente jurídica. Durante el litigio para definir la responsabilidad las partes -Fomento a un lado, concesionarias y acreedores por otro- pueden presentar recursos de anticonstitucionalidad y recursos de amparo. Eso alargaría el proceso y encarecería los costes judiciales.

Exagerados sobrecostes

A partir de otoño de 2012, las nueve autopistas quebradas fueron sucesivamente solicitando el concurso de acreedores. Las razones son contundentes, como el caso de los exagerados sobrecostes de las expropiaciones: se previó pagar menos de 400 millones y Fomento terminará abonando más de 2.000 (aún hay expropiados que no han cobrado). En marzo pasado, el Supremo ordenó a Fomento pagar 1.000 millones que no se habían entregado por las expropiaciones.

En marzo pasado el Supremo ordenó pagar a Fomento 1.000 millones por expropiaciones aún no abonadas.

El diseño de las radiales en torno a Madrid fue caótico, como caótica fue la coordinación entre las administraciones. Los terrenos se expropiaban en la época de la burbuja a precios astronómicos. Los trazados se hicieron en paralelo a autovías libres de pago. Y las previsiones de tráfico cayeron a una décima parte al entrar las radiales en funcionamiento. La fórmula para financiar las obras se reveló desastrosa: las constructoras se encargarían con capital privado vía préstamos que con el tiempo han ido engordando sus intereses. A cambio, se erigirían en concesionarias y recuperarían lo invertido con las tarifas de los peajes. Todo falló.

La banca quiere que Fomento liquide ya

Según ha sabido este medio, los bancos acreedores extranjeros (Natixis, Société Générale, Bank of Scotland, etcétera) y los fondos buitre estadounidenses, que poseen entre ambos la deuda de las autopistas de peaje, están movilizando a sus servicios jurídicos para que Fomento liquide ya las autopistas y pueda en consecuencia desencadenarse la responsabilidad patrimonial.

Las entidades financieras y los fondos buitre quieren que se active ya la RPA para cobrar cuanto antes.

Las entidades financieras y los fondos quieren que se active la RPA porque así se aseguran que cobrarán lo prestado; las concesionarias, que son principalmente las grandes constructoras españolas (Abertis, Acciona, Global Vía, Sacyr, Ferrovial, ACS…), desean por el contrario que haya un rescate para mantener la gestión porque si las autopistas son liquidadas, ésta pasaría a manos del Estado.